Por Fernando Ariel Manzano, Licenciado en Economía (UBA), Licenciado en Sociología (UBA) y Doctor en Demografía (UNC). Investigador Adjunto CONICET.
Los censos son recuentos exhaustivos de la población que la legislación obliga a realizar a las oficinas de Estadística de los países de forma periódica, normalmente cada 10 años, con el objetivo de conocer las características sociales y demográficas de sus habitantes en un momento dado, sin incurrir en riesgos de falta de representatividad(Barreto-Villanueva, 2012).
Los censos de población son la fuente principal de información demográfica y socioeconómica de cualquier sistema nacional de estadística, y resultan vitales para fijar puntos de referencia (OECD/DCD, 2007). Sus contenidos han evolucionado a lo largo del tiempo, en sintonía con los cambios sociales y tratando de mantener determinadas reglas, como: exhaustividad de la cobertura, homogeneidad, sincronía de la información, continuidad y comparabilidad de sus resultados sucesivos (Cohen, 2021, p. 20). Simultáneamente a los censos de población se efectúan los censos de vivienda, lo que permite relacionar las características de los habitantes con las viviendas que ocupan (Barreto-Villanueva, 2012). Siendo posible contemplar mediante el censo: tamaño, distribución territorial, composición por edad, estado civil, actividad económica, nivel de instrucción, estructura de los hogares de los residentes, entre otras temáticas. Brindando valiosos elementos para examinar e intervenir en las condiciones de vida de la población de un país. Si bien esta información se obtiene con una periodicidad cronológica decenal, y requiere una compleja y costosa organización. Debido a que realizan una cobertura universal de la totalidad de las personas residentes en el territorio –incluso de la población dispersa en áreas rurales–, los censos proporcionan:
las bases para preparar estimaciones de fecundidad, mortalidad, migración y del crecimiento de la población, según diversos atributos, por regiones y otras proyecciones derivadas (Araica, 2018);
aportan datos para la confección de marcos (Bases de Muestreo) indispensables para el diseño de encuestas sociales por muestreo y la selección de las unidades estadísticas (secciones censales, municipios, manzanas). Las unidades de muestreo se actualizan cuando se realiza un nuevo Censo de población; y
ofrecen la base necesaria para decidir la estructura de la representación política – ejemplos: demarcación de distritos electorales, asignación de recursos según niveles de gobierno–.
Tantos los censos como las encuestas, poseen diferentes errores que afectan la calidad de la información recopilada, estos se detectan en la etapa de validación, análisis y evaluación de estos operativos estadísticos, como ser: omisiones o duplicaciones de unidades de relevamiento –sean estas de población, vivienda, hogar–; no respuestas de preguntas; pérdidas de formularios; registros tardíos; mala declaración de la edad; inconsistencias entre variables de un mismo registro o entre variables de diferentes registros pertenecientes a una misma unidad de relevamiento; equivocaciones en la codificación y la introducción de datos; errores en la revisión manual o informatizada de los datos; tabulaciones erróneas de los resultados; entre otros (CEPAL, 2011).
Los aumentos en la cantidad de preguntas, y la mayor cantidad de no repuestas, es destacada por los actores preocupados por el incremento de los costos de los Censos tradicionales. También remarcan la mejora de calidad de los registros administrativos y los avances tecnológicos en el tratamiento del Big data, como insumo para replantear las operaciones exhaustivas de campo del censo tradicional (Domingo et al., 2020).
Los Censos de población “tradicionales” en las últimas décadas.
Entre 2005 y 2014 el 85% de los censos realizados en el mundo se hicieron de acuerdo con el modelo “tradicional”. Entre ellos, algunos países latinoamericanos recurrieron a la utilización de un doble cuestionario restringiendo a una muestra de población una serie de preguntas complementarias. Mientras que en Europa, la tendencia del cambio ha ido más en la línea con limitar las operaciones de campo tradicionales, así como también cambios metodológicos, como enlazar diferentes registros administrativos, encuestas ad hoc y complementación con la infraestructura Big Data. Esta tendencia a desestimar el principio de exhaustividad, no se ha dado sin resistencias, ni tampoco de forma instantánea. Siendo el principal motivo reducir el costo de los Censos tradicionales. Una clasificación general realiza por Domingo et al. (2020) sobre los métodos utilizados en las últimas dos décadas, da cuenta de:
Países que realizan una enumeración completa de la población para todas las variables censales (Tradicional A);
Países que utilizan dos cuestionarios, uno corto para toda la población, y otro largo solo para una muestra de la población (Tradicional B);
Países que utilizan registros para la producción de datos censales pero sin abandonar la enumeración completa de la población (Combinado A);
Países que utilizan registros y encuestas para la producción de datos censales, sin realizar operaciones de campo (Combinado B); y
Países que recogen la información censal por muestreo de forma acumulativa, durante un periodo de tiempo hasta entrevistar al total de la población (Censo rotante o continuo).
Las tecnologías basadas en Big Data brindan la capacidad de captar, gestionar y procesar los datos masivos provenientes de fuentes variadas con elevada velocidad (Monleon, 2015; Hernández-Leal et al., 2017). No obstante, estos avances técnicos, no están exentos de limitaciones conceptuales y operativas, como la ausencia de disponibilidad de información contrafáctica (Pérez-Rave et al., 2019; Sosa Escudero, 2020), así como diversas anomalías que se producen durante el procesamiento de grandes volúmenes de datos –inconsistencias, registros duplicados, valores perdidos o superfluos, representaciones no convencionales de datos, entre otras (Aldana et al., 2018; Koudas et al., 2006)–. Por otra parte, los institutos nacionales de estadística, tienen la responsabilidad de generar, difundir y resguardar información estadística de calidad para la planificación y ejecución de las políticas públicas (Gauna et al., 2020).
El uso del Big data en la Estadística pública, demanda para Domingo et al. (2020) la necesidad de marcar la diferencia entre la naturaleza de la estadística pública, y un tipo de producto estadístico vinculado, con el “negocio privado, el consumo y la vigilancia”.
Mientras que la confluencia entre intereses de la “silicolonización” (Sadin, 2016) –la propiedad de los datos y de la infraestructura que los genera y los trata– e interés público no parece imponerse de suyo (Cohen, 2021). Para ciertos autores como Byung-Chul Han (2015), la influencia del Big data, representaría la caducidad de la biopolítica y el nacimiento de un nuevo sistema de control –producto de la conjunción del neoliberalismo y la revolución informática, en lo que se ha llamado “Capitalismo de la vigilancia” (Zuboff, 2019) –.
En la practica la introducción del Big data, presento obstáculos en la cesión de datos al sector público, poniendo de manifiesto los diferentes intereses de las empresas privadas que concentran la información. Así como también, las faltas de representatividad y estructuración de la información, pérdida de información para áreas territoriales y poblaciones pequeñas y la imposibilidad de establecer relaciones causales entre los datos proporcionados. Generando dificultad en mantener cierta continuidad de las series estadísticas recogidas.
Cheney (1973) expresaba que las fuentes difícilmente hablan si no se les pregunta y “jamás lo hacen con desconocidos”. Destacando que la pregunta por la construcción de los datos no suele ser un hábito común (Domingo et al., 2020).
La posible obsolescencia del Censo de población, debido a las futuras mejoras en el aprovechamiento de registros y recursos tecnológicos, se encuentra abierta a la incertidumbre (Cohen, 2021). En tanto, se espera que sigan produciendo cambios en la producción de los censos de población y vivienda en diversos países. Que implica una demanda de amplios debates, entre ellos consensuar si la denominación de “Censo” tiene sentido (Cohen, 2021).
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Referencias
Licenciado en Economía (UBA), Licenciado en Sociología (UBA) y Doctor en Demografía (UNC).Investigador Adjunto CONICET. fernando14979@hotmail.com; https://www.researchgate.net/profile/Fernando_Ariel_Manzano; https://orcid.org/0000-0002-1513-4891
Agradecimiento especial a la Licenciada Daniela Avalos (UBA) por la corrección ortotipográfica.
Los orígenes de los Censos de población son muy anteriores a la creación de las oficinas nacionales de estadística (Nicolau, 2005)
El censo se diferencia de otras operaciones estadísticas por no poseer errores de muestreo, solo se generan errores ajenos al muestreo.
En las rondas de censos –por ejemplo, los censos realizados alrededor del año 2010 en América Latina–, se establecen acuerdos regionales para relevar información armonizada y en condiciones de ser intercambiada entre los países (Martínez Pizarro y Calvelo, 2012).
La ONU también recomienda que los censos de población y vivienda se levanten en intervalos regulares, cuando menos cada diez años; sin embargo, señala que por la rapidez con la cual actualmente se producen los cambios en la población y en las condiciones en materia de habitación, algunos países encuentran necesario efectuarlos con mayor frecuencia (Barreto-Villanueva, 2012, p.9).
Dado los enormes costos que implica este operativo, la cantidad de información es limitada –las cédulas censales poseen pocas consultas y en general poco complejas–.
Los censos realizan un estudio exhaustivo de población, esto posee la ventaja de recoger información “a distintos niveles de agregación geográfica (provincias, departamentos, municipios, localidades, barrios, áreas periféricas de ciudades, segmentos, fracciones y radios censales, etcétera) […]” (INDEC, 2003, p.1).
La población dispersa y la residente en centros poblados que no alcanzan el umbral fijado se considera rural. Para las estadísticas argentinas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el límite es de 2.000 habitantes, sino otra condición, distinguiéndose entre población rural agrupada y dispersa según se encuentre en una localidad cuyo número de habitantes está por debajo de dicha cantidad o en campo abierto (Pellegrini y Raposo, 2014).
Las encuestas por muestreo relevan un subconjunto de la población en localidades con cierta cantidad mínima de habitantes, y luego infiere datos para el conjunto de la población. Cada vez que se realiza un nuevo Censo Nacional de Población, se ajustan los ponderadores que expanden la muestra de las encuestas a la población total.
La calidad dela información suele ser deficiente por ser obtenida mediante empadronadores no especializados.
En algunos países desde hace décadas existían dos cuestionarios censales, recogiendo uno datos demográficos básicos para toda la población, y otro, recopilando información más extensa para una muestra.
El censo de España de 2011 combino un fichero precensal –en base al Padrón Continuo de población, y adicionándole registros administrativos de diversa naturaleza–, un Censo de Edificios “exhaustivo” y una encuesta por muestreo para determinar “las características de las personas y las viviendas” (INE, 2011). La operación del 2011 costo el 23% del censo anterior. En relación a los resultados del cambio de patrón censal se manifestaron objeciones respecto a: incongruencias con la serie precedente en lo relativo al régimen de tenencia de las viviendas, dificultades para conocer las segregaciones socio-residenciales, “pérdida de territorio” de escalas significativas socialmente, entre otras.
El debate en torno a la oportunidad de basarse en registros administrativos tiene sus orígenes en los años setenta, particularmente en los países escandinavos (Rendfern, 1989:11), no fue hasta la ronda de 2000, que se consideró como una opción en muchos países de Europa (UNECE, 2007). Esta tendencia se aceleró hacia el 2010, en donde un número creciente de países adoptaron como base del censo, de forma parcial o total, registros y otras técnicas de recogida de datos no tradicionales (Juran y Pistiner, 2017).
Dentro de las tecnologías que dieron las bases iníciales al ecosistema Big Data se destacan: Hadoop, MapReduce, HBase, Cassandra, Mahout (Hernández-Leal et al., 2017).
En relación al aporte del Big data en la elaboración del nuevo censo, el Instituto Nacional de Estadística de España, considera su utilidad en las variables relacionadas con la movilidad, a partir de la información de coordenadas espaciotemporales de los teléfonos móviles (INE, 2019).
Solo ciertas compañías de medios tienen acceso a la totalidad de datos (Manovich, 2012), debido a los altos costos o a las políticas de encriptación de las empresas que prestan sus servicios en Internet (Rojo y Sánchez, 2019).
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