Operación Roca: Nueva etapa de securitización fronteriza en Argentina

Por Joaquín Asensio, Colaborador del Observatorio de Defensa y Seguridad Internacional (CEPI - UBA).

Fuente: Ejército Argentino

A fines de abril de 2025, el Poder Ejecutivo argentino emitió el decreto 347/2025, que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior bajo el nombre de "Operación Roca". Centrada en la frontera norte y noreste del país, esta iniciativa pretende responder a las amenazas derivadas de la permeabilidad fronteriza. Surgen entonces múltiples interrogantes: ¿Qué implica exactamente esta medida? ¿Hasta qué punto está justificado el uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior?

La resolución establece la cooperación directa entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en las provincias de Salta, Jujuy y Formosa. Entre sus disposiciones centrales, habilita el patrullaje de zonas fronterizas por parte de personal militar, autoriza el uso de inteligencia conjunta y permite la detención de civiles por parte de militares en casos de flagrancia vinculados a delitos transnacionales como el narcotráfico. Esta última medida es particularmente controvertida, ya que la detención de civiles ha sido históricamente una función exclusiva de las fuerzas policiales. Organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de abusos, recordando la prohibición constitucional de la participación de militares en tareas de seguridad interior, salvo excepciones legales muy puntuales.

Además, el decreto formaliza un esquema de trabajo conjunto entre Gendarmería, Prefectura y las Fuerzas Armadas, incluyendo el intercambio de recursos logísticos, inteligencia y operativos combinados. El rol del Ejército y la Armada se centrará en el patrullaje de zonas inhóspitas, alejadas de centros urbanos y pasos fronterizos formales. Esta estrategia evoca al Plan Escudo Norte (2011), aunque con una presencia militar más agresiva y directa en el terreno.

La protección de las fronteras constituye una de las funciones esenciales de todo Estado moderno. Sin embargo, existen distintas formas de conceptualizar esa protección. Desde una perspectiva clásica, la seguridad nacional implica “la capacidad del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo su soberanía e independencia material y espiritual” (Medina Lois, 1979). En cambio, los enfoques de seguridad humana sostienen que la violencia derivada de mercados ilícitos convierte a las fronteras en zonas de alta conflictividad y vulnerabilidad social (Díaz Carnero, 2021). En línea con esta visión, el Informe sobre Desarrollo Humano 2022 del PNUD subraya que las fronteras deben resguardar tanto la soberanía estatal como los derechos y la integridad de las personas que las habitan.

Consciente de la sensibilidad que genera la participación militar en tareas internas, el Gobierno ha desplegado una narrativa orientada a legitimar la Operación Roca. Los principales argumentos giran en torno a la presencia de amenazas existenciales vinculadas al crimen organizado, la pérdida de control territorial por parte del Estado y la violencia cotidiana que padecen las poblaciones locales. Estas condiciones permiten enmarcar la iniciativa como una respuesta excepcional ante un contexto igualmente excepcional.

Siguiendo la teoría de la securitización desarrollada por la Escuela de Copenhague, explicada en el libro “Seguridad: Un nuevo marco para el análisis” (Buzan y Wæver, 1998), el Gobierno ha presentado el narcotráfico y el crimen organizado como amenazas extraordinarias que justifican medidas de excepción. En este marco, el presidente ha definido la situación como una “guerra sin cuartel”, dramatizando el escenario para habilitar una respuesta militar que desborda las capacidades tradicionales del Estado civil. Esta retórica busca generar consenso en torno a una política que, en otras circunstancias, podría resultar inaceptable.

En términos operativos, Argentina enfrenta dificultades estructurales para hacer frente al crimen organizado: falta de personal, recursos limitados y una débil presencia estatal en amplias zonas del territorio nacional. Esta combinación ha derivado en una cesión de facto del control territorial a bandas criminales transnacionales. En palabras de la ministra de Defensa, Patricia Bullrich: “Ni un milímetro del suelo argentino puede estar bajo control de las bandas criminales. Vamos a liberar cada rincón que haya sido tomado por el narcotráfico y devolverle la legalidad al pueblo” (Infobae, 2025).

Desde una perspectiva más centrada en la seguridad humana, el Gobierno también ha apelado al derecho de la población a vivir sin miedo. El IIDH-PNUD (2017) define la “libertad del miedo” como la protección frente a amenazas directas a la integridad física. Esta noción fue retomada por la ministra de Seguridad, quien afirmó: Vamos zona por zona. Vamos a fondo. Porque no queremos que la Argentina sea territorio de tránsito ni consumo. Queremos un país seguro, donde cada argentino viva sin miedo” (Boletín Oficial, 2025). Así, el discurso gubernamental alterna entre una retórica de guerra y una retórica humanitaria, en un intento por abarcar tanto la dimensión institucional como la emocional del problema.

La Operación Roca marca un cambio significativo en la política de seguridad argentina, al involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en funciones tradicionalmente reservadas a la seguridad interior. Si bien responde a amenazas reales como el narcotráfico y la criminalidad transnacional, plantea importantes interrogantes sobre el respeto a los derechos civiles, la militarización de la vida cotidiana y los efectos sobre la cooperación regional.

Resta observar cuál será la reacción de los países vecinos, considerando que la movilización de tropas en zonas fronterizas suele ser un asunto sensible. La coordinación con Paraguay, Bolivia y otros actores regionales será fundamental para evitar tensiones y avanzar hacia esquemas de cooperación más integrales. Aunque la medida se presenta como un esfuerzo por restaurar la legalidad y proteger a la ciudadanía, no puede obviarse su dimensión diplomática y geopolítica.

En última instancia, quedan abiertas preguntas fundamentales: ¿Hasta dónde llegará el Estado argentino en esta estrategia de securitización? ¿Será esta intervención militar sostenida en el tiempo? ¿Puede este operativo ser el punto de partida para una mayor coordinación regional en materia de crimen organizado y seguridad transfronteriza?

Referencias:

Buzan, B., Weaver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A new framework for analysis (pp. 21–48). Lynne Rienner.

Díaz Carnero, E. I. (2021). Apuntes sobre la seguridad fronteriza en la frontera México-Estados Unidos ante la movilidad humana y desde el paradigma de la seguridad humana. Frontera Norte, 33. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2071

Medina Lois, A. (1979). La doctrina de seguridad nacional. En E. I. Díaz Carnero (2021), Apuntes sobre la seguridad fronteriza en la frontera México-Estados Unidos ante la movilidad humana y desde el paradigma de la seguridad humana (Frontera Norte, 33).

Infobae. (2025, abril 22). Así arrancó la operación Julio Argentino Roca en el norte: 10 mil militares intervienen con drones, radares y vehículos. https://www.infobae.com/politica/2025/04/22/asi-arranco-la-operacion-julio-argentino-roca-en-el-norte-10-mil-militares-intervienen-con-drones-radares-y-vehiculos/

Boletín Oficial de la República Argentina. (2025, abril 15). Aviso oficial n.º 324036. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324036/20250415

Instituto Interamericano de Derechos Humanos & Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (IIDH-PNUD). (2017). Proyecto de seguridad humana en América Latina. https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=8c1a302ff00e-4f67-b3e6-8a3979cf15cd&Portal=IIDHSeguridad