Movilidad Humana

Por Luciana Micha, directora del Centro de Estudios de Política Internacional


Introducción a la problemática de Movilidad Humana

En este mundo convulsionado, cada un segundo una persona es obligada a huir de su hogar. Hombres, mujeres, niños y ancianos, personas de diferentes culturas y religiones, se ven forzados a dejar toda su vida atrás debido a guerras, conflictos internos, violencia generalizada, hambruna, emergencias humanitarias y desastres naturales.


Las causas de la movilidad humana son diversas y sus consecuencias son cada vez más graves. Se asiste a un mundo globalizado que aún no se encuentra preparado para afrontar esta crisis de movilidad humana jamás vista.


De eso se trata el desplazamiento humano en su faceta negativa, que entiende la movilidad humana solo como desplazamiento forzado de población.


Esta crisis actual invita a encontrar soluciones a las problemáticas humanitarias, sanitarias, económicas, sociales, culturales y políticas que atienden a un proceso de profundización.

En este mundo convulsionado, cada un segundo una persona es obligada a huir de su hogar. Hombres, mujeres, niños, ancianos, personas de diferentes culturas y religiones, se ven forzados a dejar toda su vida atrás debido a guerras, conflictos internos, violencia generalizada, hambruna, emergencia humanitaria y desastres naturales.

Entonces la pregunta clave es: ¿qué es la movilidad humana? En sentido amplio no implica necesariamente algo negativo.


La movilidad humana entendida como “migraciones” o como “movimiento voluntario de personas a otros destinos en búsqueda de mejores oportunidades de vida” ha existido siempre y muchas veces demostró ser motor de desarrollo y crecimiento, de intercambio beneficioso de culturas y saberes. Las migraciones fomentan el comercio y la innovación, amplían horizontes de cooperación y facilita la interculturalidad.


Sin embargo, el siglo XXI alteró esta concepción. La movilidad humana está dejando de ser voluntaria para comenzar a ser forzada, lo que genera una crisis humanitaria. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en mayo de 2019 más de 71 millones de personas en todo el mundo fueron desplazadas de forma forzada.


A lo largo del artículo, se hará hincapié en las causas de las migraciones, efectos e impactos en los siguientes videos. Del mismo modo, se profundizará sobre el rol que deben adoptar los organismos y gobiernos que quieran solucionar esta crisis humanitaria.


Conceptos claves: migrantes y desplazados forzados


Los movimientos poblacionales en la actualidad son provocados por múltiples razones y causas.

Los “migrantes” son principalmente un grupo de personas que por razones socioeconómicas y motivados por obtener mejores oportunidades de subsistencia, deciden cambiar su lugar de residencia.

Por otro lado, el término genérico “refugiados” se utiliza para referirse al grupo de personas que se ven bajo la necesidad imperiosa de desplazarse de su lugar de residencia original hacia otro, debido a guerras civiles, dictaduras y violencia generalizada, entre otras.

Es fundamental comprender las distinciones conceptuales y legales entre migrantes y refugiados para poder no solo comunicarnos con propiedad, sino también comprender las implicancias para los Estados a fin de generar acciones y políticas públicas que contemplen claramente sus particularidades.

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en 2017 la cifra de personas migrantes había ascendido a 258 millones, lo que representa al 3,5% de la población mundial.

Asimismo, en los últimos 25 años, Estados Unidos recibió casi el 20% del total del flujo migratorio global; lo siguen Alemania, Rusia y Arabia Saudita.

En cuanto a los desplazados forzados, según ACNUR, en 2019 más de 71 millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a huir de sus hogares, principalmente por guerras, conflictos y persecuciones, y los principales países de acogida fueron Alemania, Sudán y Uganda.


Cabe aclarar que las cifras informadas corresponden únicamente a la población registrada por la agencia de la ONU, por lo que se deja a miles de personas fuera de las estadísticas, tal como es el caso de Venezuela. Tampoco se incluye a quienes se vieron obligados a desplazarse por violaciones a sus derechos humanos o como consecuencia del cambio climático y desastres naturales.


No solo se está frente a un problema humanitario, sino también a un grave problema político y de desarrollo.

Las estadísticas oficiales no siempre nos revelan la complejidad del escenario real. Los números son alarmantes, además, ya que millones de desplazados internos y apátridas se fueron negados del acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento, entre más.


Es importante que las políticas migratorias, como la gestión de programas para desplazados forzados, sean eficaces y estén adaptadas a la realidad de cada país. Para ello se debe tener siempre presente las distinciones jurídicas que implican las personas migrantes y los refugiados.


Marco legal de la movilidad humana


Desde un encuadre legal, ¿a quienes se los considera refugiados y personas en situación de desplazamiento forzado?


Las categorías de acuerdo al desplazamiento forzado de la población son: refugiado, desplazado interno, solicitante de asilo y apátrida.


El refugiado es una categoría jurídica y está basado en la Convención sobre Estatuto de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951. Se refiere a toda persona que sale de su país de origen por un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social o por sus opiniones políticas, porque su vida, seguridad o libertad se vieron en riesgo, por situaciones de violencia generalizada, conflicto armado, graves violaciones a los derechos humanos o situaciones que perturben gravemente el orden público. Su país de origen no puede garantizar su protección y por ende requiere protección internacional.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y Protocolo de 1967, al igual que instrumentos jurídicos regionales como la Declaración de Cartagena de 1984, establecen la definición de refugiado e incorporan las obligaciones y los derechos básicos. Por ejemplo, de acuerdo al principio de no devolución, los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a situaciones donde su vida o su libertad estén bajo amenaza. Los Estados receptores son los principales responsables de esta protección.


En tanto, la categoría de desplazados internos se refiere a las personas que son desplazadas dentro de sus propios países debido a conflictos armados, violencia generalizada y violaciones a los derechos humanos, entre otras causas. Es decir, un refugiado atraviesa una frontera internacionalmente reconocida, mientras que un desplazado interno huye de su hogar y encuentra refugio dentro de los límites de su país. Como claros ejemplos de desplazados internos, es posible citar casos como Colombia, Siria y Nigeria.


El solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva. En promedio, alrededor de 1 millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año, de acuerdo a la ACNUR.


Por último, la persona que se encuadra bajo la categoría de apátrida es quien solicita asilo a un país y no está reconocida bajo ningún estado de origen.


La información estadística sobre resultados de las apelaciones de asilo y procedimientos judiciales está documentada de forma incompleta en las estadísticas de ACNUR, dado que los Estados no recogen o no publican habitualmente este tipo de datos de forma abierta.


Para finales de 2018, había aproximadamente 3,5 millones de solicitantes de asilo en el mundo de acuerdo al ACNUR, y uno de cada cinco nuevos solicitantes de asilo eran de origen venezolano.


Desde el ámbito jurídico se puede determinar quiénes entran dentro de la categoría de refugiados, que fue ampliándose a lo largo del tiempo. Un ejemplo de la apertura de esta definición es la Declaración de Cartagena, que señala las causas por las que una persona puede acudir a dicha protección internacional.


Sin embargo, los escenarios reales son mucho más complejos y las causas del desplazamiento transfronterizo se superponen.

Es por ello que, desde una perspectiva de Derechos Humanos y defensa de poblaciones en situación de vulnerabilidad, es preferible hablar de flujos migratorios mixtos, donde solicitantes de asilo y refugiados viajan inmersos dentro de una numerosa migración económica.


Refugiados: causas y consecuencias


¿Cuáles son las causas que generan los desplazamientos forzados de población actualmente? En este video te explicaré algunas de las principales causas.


Las principales causas del desplazamiento de los refugiados son:


- La guerra, conflictos armados o persecución

- La violencia generalizada

- Las violaciones a los derechos humanos

- Los desastres naturales o efectos del cambio climático

- Las limpiezas étnicas, donde las tribus o grupos étnicos se quieren eliminar entre sí

- Los proyectos de desarrollo económico, cuando empresas u organismos de poder obligan a la gente a moverse

- Las disputas de tierra

- Los conflictos religiosos y políticos


Las principales consecuencias del desplazamiento son:


- Estrés psicológico y problemas de salud

- Pérdida de documentos legales

- Marginación y exclusión

- Aumento del desempleo

- Explotación de niños

- Vulnerabilidad de los derechos humanos


Actualmente, el caso más representativo es el de Siria. La guerra interna desatada a partir de 2011 generó una grave situación humanitaria y de violencia extrema contra la población civil, que trajo destrucción, matanzas y flujos de personas expulsadas de su lugar de origen. Existen miles de personas en situación de refugio que cruzaron fronteras, la mayor parte de ellos en Turquía, Líbano, Grecia y Jordania, y desplazados internos que están dentro de los límites de este país.


Durante 2018 se reportaron nuevos desplazamientos y la población total de desplazados internos ascendió a 6.182.900 personas.


Este conflicto trajo aparejado que millones de niños no tengan alimento o dejen de estudiar, por la destrucción de las escuelas debido a los bombardeos y enfrentamientos, y también el padecimiento de las temperaturas extremas.


Las causas del desplazamiento pueden ser diferentes, pero las consecuencias son generalmente las mismas. El desplazamiento forzado puede generar, como en el caso de Siria, refugiados y desplazamiento interno de población, pero los refugiados acogidos por un tercer Estado gozan de cierta protección internacional que los desplazados internos no. Esta situación refleja un escenario de gran desprotección de miles de personas en el mundo.


Desplazados internos en África


África es el hogar de más de 13 millones de desplazados internos derivados de conflictos armados, violencia generalizada, crisis humanitarias y desastres naturales. Los internacionalistas catalogan esta situación como emergencias humanitarias complejas.


Uno de los ejemplos de mayor crisis de desplazamiento interno es la República Democrática del Congo. Las comunidades han estado expuestas a lo largo de los años a oleadas de violencia que provocaron casi 3 millones de desplazados internos, que debieron enfrentarse a varios desafíos, como la seguridad humana, incluida la pérdida de medios de supervivencia y la violación de los derechos humanos. Los más afectados son mujeres, niños y niñas. Asimismo, la mayoría de los niños afectados abandonaron la escuela y pasaron a formar parte del crimen y la prostitución.


Debido a la gran cantidad de personas desplazadas y a la naturaleza frágil de las instituciones nacionales, la gestión de los desplazados internos fue asumida por la ONU, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, ACNUR, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y otras organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, entre más. Estos organismos contribuyeron para que los desplazados internos tengan alimentación, salud, educación y refugio.

En cuanto al combate a la violencia, las Fuerzas Armadas del Congo y los esfuerzos del Gobierno han disminuido al grupo armado Bakata Katanga Mai Mai, lo que mejoró significativamente la seguridad y facilitó el retorno de miles de personas a su lugar de origen.


Nigeria es otro ejemplo de desplazamiento interno forzado por extrema violencia. Los ataques armados perpetrados por el grupo terrorista conocido como Boko Haram dieron lugar a más 2 millones de desplazados internos computados hasta el año 2019. Los desplazamientos forzados se propagaron a través de las zonas del noreste y norte-central de Nigeria, representando alrededor del 86% de los desplazamientos totales en el país. La mayoría de las poblaciones afectadas se encuentran en Borno, Yobe y Adamawa. Estos desplazados sufren además de violencia extrema, problemas emocionales asociados con la memoria de eventos traumáticos, pérdida de medios de supervivencia, frustración, agresión y abuso de los derechos humanos, entre otros.


Es importante destacar que los niños y niñas representan casi el 60% de la población desplazada y constituyen un grupo en situación de extrema vulnerabilidad conjuntamente con las mujeres.


La responsabilidad principal de proteger y garantizar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de los desplazados recae en el Gobierno Federal de Nigeria.


El caso nigeriano refuerza la necesidad analizar la relación entre la violencia basada en el género y la movilidad humana.


Lamentablemente a 20 años de haberse establecido la Resolución 1325 de la ONU sobre la Mujer, Paz y Seguridad, las mujeres y adolescentes en Nigeria siguen siendo un grupo en situación de extrema vulnerabilidad y, por su condición de género, son abusadas sexualmente y explotadas.


Es importante destacar que la responsabilidad del Estado no sólo puede verse afectada por la acción o la mala gestión del desplazamiento interno, sino también por la omisión de acciones contra los grupos terroristas que amenazan a poblaciones específicas, o grupos identificados por su raza, etnia o religión.


Desplazamiento forzado por persecución religiosa: caso Sudán


Luego de la Independencia de Sudán del Sur, muchas de las comunidades cristianas que habitaban en Sudán, especialmente cuyos vínculos familiares y religiosos las conectaban con Sudán del Sur, fueron obligadas a desplazarse y abandonar el país.


La Ley Islámica Sharía es la base del sistema legal sudanés y abandonar el Islam es causa de pena de muerte. En este marco de intolerancia religiosa, el Gobierno de Sudán creó una política de nación homogénea, en donde el credo Islámico es el común denominador y unificador nacional. Es decir: una Nación, una religión. Por ello, extensas comunidades de cristianos sufrieron matanzas, persecuciones, quema de campos para la subsistencia y destrucción de escuelas, bienes culturales y religiosos como Iglesias.


Algunos estudios como el World Watch monitor, de 2016, denunciaron la limpieza étnica y religiosa que sufre la comunidad cristiana, en especial en los Estados del Sur de Kordofan y Nilo Azul. El gobierno también perpetró ataques hacia la población, basados en diferencias religiosas, étnicas y de afiliación política, y negó asistencia humanitaria a civiles, promoviendo una grave crisis humanitaria. Todo esto generó más de 2,5 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, según la ONU.


A pesar de que la Naciones cuentan con el principio de soberanía estatal y no injerencia sobre los asuntos internos de los Estados, la sistemática violación de los derechos humanos dentro de las fronteras de Sudán obligó a los organismos a tomar cartas en el asunto, con sanciones, como la acusación por genocidio que afronta el expresidente de Sudán.


Los derechos humanos deben garantizarse en todo momento. La responsabilidad del Estado y de la comunidad internacional de proteger a sus propios ciudadanos es un principio avalado por la ONU desde 2005 y que sigue siendo de fundamental importancia.


Fenómeno migratorio en Latinoamérica


El fenómeno de movilidad humana en Centroamérica representa una crisis regional con escaso tratamiento en la agenda internacional.


A diferencia de Medio Oriente y África, en Centroamérica, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, los factores de expulsión que se atribuyen al desplazamiento forzado no se fundamentan en guerras internas, ni persecución étnica o religiosa, sino en tres factores principales: violencia generalizada, pobreza y fenómenos ambientales.


Los países del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, son reconocidos como capitales violentas y de altísimas tasas de homicidios, en especial de feminicidios. De acuerdo a datos estadísticos, apenas el 20% de los feminicidios son judicializados, mientras que el resto queda en la impunidad. Con estas cifras, se demuestra la negación al derecho a la vida de las mujeres y la ausencia de justicia para víctimas y familiares. Los grupos más expuestos a esta violencia son mujeres, jóvenes, niños y niñas, comunidad LGTBI y comunidades indígenas.


En cuanto a los factores económicos, la pobreza caracteriza a estas comunidades: el 50% de la población está en situación de pobreza y el 25%, en condiciones de extrema pobreza.


Además, en los últimos años estos países experimentaron un crecimiento de la movilidad humana interna provocada por los altos niveles de violencia y, en gran parte, como consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad. Con ello, se ha generado una práctica de desalojos forzados que conlleva el desplazamiento interno en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas, con un impacto devastador en los derechos y subsistencia de estos grupos.


En cuanto a los factores ambientales, el corredor centroamericano se caracteriza por estar expuesto a graves fenómenos climáticos, como sequías, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios y, en particular, a los efectos prolongados del efecto del Niño.


La gran mayoría de los desplazados forzados anhelan inmigrar a los Estados Unidos, vía México. En 2017 casi 300.000 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador solicitaron asilo o refugio a los Estados Unidos, un 58% más que el año anterior. Sin embargo, las políticas migratorias de los Estados Unidos generaron deportaciones masivas de inmigrantes centroamericanos, como lo expresó el expresidente Donald Trump: “Tolerancia cero a los migrantes centroamericanos por considerarlos una amenaza”.


Los desplazados de Centroamérica presentan dos tipos de movilidad: el desplazamiento interno, que no cruza fronteras, y el de aquellos que intentan escapar de su país para llegar a los Estados Unidos. En ambos casos sus derechos no están garantizados ni sus condiciones protegidas.


La creación de muros no es la solución, incluso se demostró que promueve la creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los puntos de destino, con lo cual se engrandece el poder y la influencia de los traficantes de personas o buscan rutas alternativas altamente peligrosas.


Las instituciones públicas de los países del Triángulo Norte deben trabajar juntos sobre la problemática del desplazamiento interno con el objetivo de brindar respuestas conjuntas y articuladas para proteger y asistir a las personas en la situación previa, durante y luego del desplazamiento.

Desplazamiento forzado de población por emergencias humanitarias: caso Venezuela


El desplazamiento forzado intrarregional motivado por factores extraeconómicos es un fenómeno que se ha presentado periódicamente en América Latina, sobre todo en los últimos años. El mejor ejemplo es Venezuela.

Venezuela vive hoy uno de los momentos más difíciles de su historia a nivel político, económico y social. Esta situación provocó una crisis generalizada que cuestiona la garantía de los derechos fundamentales, tanto de los derechos civiles y políticos, como de los económicos y sociales.

Dicha coyuntura ha llevado a que un sin número de personas migren forzadamente a otros lugares del continente, circunstancias que exponen a mujeres, niños, niñas, jóvenes y adolescentes a situaciones difíciles.


El caso de Venezuela constituye una crisis humanitaria no sólo por el debilitamiento de las estructuras democráticas del país, sino además por la extrema escasez de insumos básicos para la subsistencia.


Aunque exista un porcentaje de personas salieron del país motivados por persecución política y teman regresar, la gran mayoría lo hizo presionado por el deplorable deterioro de la economía de las familias.


Desde 2015, casi 5 millones de venezolanos abandonaron su país, es decir, alrededor del 17% de su población a 2018, y los principales países de acogida fueron Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador.


Frente a este escenario, en 2018 la ONU creó un mecanismo llamado “La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial”, para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela. La Plataforma Regional tiene como objetivo abordar las necesidades de protección, asistencia e integración tanto de los refugiados como de los migrantes venezolanos en los Estados afectados de América Latina y el Caribe, mediante el complemento y fortalecimiento de las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos. Actualmente, está formada por 70 organizaciones, incluidas 17 agencias de la ONU, 15 ONGs, múltiples donantes, dos instituciones financieras internacionales y el Movimiento de la Cruz Roja.


Actualmente, los Gobiernos de la región se encuentran implementando planes y acciones para atender las necesidades humanitarias urgentes y la inclusión de las personas venezolanas en sus sociedades, a través, por ejemplo, de la facilitación de trámites de inmigración u otorgando visas humanitarias.


Sobre este caso, los dirigentes políticos y líderes de opinión deben apelar en sus pronunciamientos a la paz, justicia, calma y mesura, y condenar actitudes y acciones xenófobas y misóginas. Asimismo, los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales, por su parte, deben informar acerca de los hechos de manera responsable.


Desplazados forzados por crisis ambientales y emergencias naturales


El mundo actual está afectado por una amenaza que no reconoce fronteras: el cambio climático y la constante aparición de fenómenos meteorológicos cuyos efectos son devastadores para las comunidades.


Tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, descongelamiento de los polos, desertificación, incendios de magnitudes nunca antes vistas, han sido tapa de miles de diarios y agencias de noticias. Desde el Amazonas hasta los bosques de África.


Investigadores y especialistas señalan que se debe dejar de usar la expresión “desastres naturales”, ya que la naturaleza genera fenómenos adversos, pero los seres humanos provocan el cambio climático.


Pero, ¿cómo afecta el cambio climático y los desastres al desplazamiento de población?


Para responder, es necesario apelar a una fórmula para el análisis de riesgo, que consiste en multiplicar la amenaza natural por vulnerabilidad de la sociedad y dividirla sobre la capacidad de respuesta de la misma. Con esta simple ecuación, se puede abordar la gestión de riesgos de desastres de altas magnitudes y los efectos relacionados, como es la movilidad humana


Un terremoto en Japón, Chile, México o Haití puede tener el mismo movimiento sísmico, hasta el mismo grado en la escala de Richter, pero los efectos pueden ser totalmente diferentes. Esto no se debe al fenómeno en sí, que en la ecuación es la AMENAZA, sino a la vulnerabilidad de las sociedades afectadas y su capacidad de respuesta. En otras palabras, lo que mata no es el terremoto, sino las estructuras colapsadas sobre las personas y la escasa previsión, información y socorro que debe planificarse y coordinarse en forma integral, antes, durante y después del fenómeno natural.


La migración ambiental es una realidad en todas las regiones del mundo. Los desplazados ambientales permanecen en su país o en la misma región.


El Panel Intergubernamental del Cambio Climático asegura que para el 2050 la cifra de desplazados ambientales puede alcanzar los 250 millones de personas, es decir el 2,5% de la población mundial.


La migración bien gestionada podría ser una estrategia positiva de supervivencia para los afectados por el ambiente y el cambio climático.


Afortunadamente, dentro de la OIM se creó un área especializada para conectar los aspectos del cambio climático y cómo afectan a


la movilidad humana. No se sabe con exactitud ni cuando, ni donde, ni a quienes afectará el próximo desastre, pero se tiene la certeza de que ocurrirá y causará destrucción, muerte y desplazamiento de población sin distinción de nacionalidad, ideología o clase social.


¿Cómo es la relación entre movilidad humana y cambio climático en Latinoamérica?


Según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), sólo en 2017, 4,5 millones de personas fueron desplazadas por riesgos ambientales.


Latinoamérica es una de las regiones más expuestas al cambio climático en todo el mundo, debido a la mayor incidencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, que han causado importantes pérdidas humanas y económicas. Las vulnerabilidades socioeconómicas, asociadas a los riesgos ambientales, debilitan la capacidad de adaptación de las comunidades locales e impactan en los patrones actuales de movilidad humana. Por ejemplo, los efectos de los huracanes Harvey, Irma y María desplazaron a más de 3 millones de personas. Las inundaciones también constituyeron una causa de movilidad humana en la región: en Perú, por ejemplo, desarraigaron a unos 300 mil ciudadanos de sus hogares.


Según la iniciativa NANSEN, la región latinoamericana se encuentra entre las zonas de mayor fragilidad y vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, en conjunto con la región africana del Sahara. No obstante, Haití, Guyana, Bolivia, Honduras y Guatemala son los países más vulnerables.


Fenómenos climáticos como El Niño y La Niña afectan sobre todo a la región pacífico.

Bolivia fue declarada por la ONU como uno de los países más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global. En cambio, la región de Centroamérica y el Caribe son vulnerables a fuertes tormentas. Los terremotos y erupciones volcánicas, en los últimos años fueron frecuentes en países como Haití, Chile, Ecuador, Guatemala y México.


En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres señaló que de los 335 desastres registrados a nivel mundial en 2017, 93 tuvieron lugar en este continente, lo que equivale casi al 30%.


En la mayoría de los países de Latinoamérica está creciendo la comprensión y el interés por entender la relación dinámica entre desastres y cambio climático con las distintas formas de movilidad humana. Esto constituye un gran avance.


Entender las relaciones causales entre los factores, aporta mayores posibilidades para una mejor gestión de riesgo de desastre, fortalecer la prevención, los planes de emergencia y protocolos de actuación.


¿Qué recomendaciones deben seguir los gobiernos y organismos para atender esta crisis de movilidad humana debido al cambio climático?


Entre las recomendaciones para atender la crisis de movilidad humana y las emergencias naturales se encuentran:


- Fortalecer el desarrollo de marcos legales, políticas y procedimientos para la atención migratoria, a través de la aplicación de los Principios de las ONU para Desplazados Internos, dar visa y permisos humanitarios con transparencia y claridad en los derechos de las personas.


- Capacitar a los agentes de migración, aduana y de seguridad, sobre todo en los puntos fronterizos, en los temas relacionados con los derechos de desplazados internos y transfronterizos para garantizar un trato justo y humanitario.


- Sistematizar buenas prácticas migratorias frente a desastres y riesgos del cambio climático.


- Incorporar a las políticas públicas y planes de emergencia, las necesidades específicas, los derechos culturales y sociales de comunidades indígenas y grupos étnicos afectados.


- Promover la integración activa de la población en riesgo o ya desplazada en la planificación pública y en la implementación de acciones de asistencia humanitaria-


- Garantizar los derechos humanos y la protección de las personas afectadas, y el apoyo hacia la inserción en la población económicamente activa en la zona de acogida.


Por otra parte, en Latinoamérica está creciendo la comprensión y el interés por entender la relación dinámica entre desastres y cambio climático con las distintas formas de movilidad humana. En este punto, se avanzó en el reconocimiento de dichos vínculos a través del desarrollo de nuevos marcos internacionales, como el Acuerdo de París de 2015 y su solicitud al Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños. Los países latinoamericanos comenzaron a integrar la movilidad humana y temas relacionados en sus políticas climáticas nacionales y en otros instrumentos relevantes, como en los Planes Nacionales de Adaptación y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional.


A medida que los vínculos entre la movilidad humana y el cambio climático se vuelven cada vez más evidentes, el asunto debe considerarse un tema clave de las agendas nacionales.


Sin embargo no existe ninguna norma explícita para la protección de los derechos de desplazados internos o transfronterizos por razones de desastres naturales y el cambio climático. Y ésa es una acción a lograr.


El desafío de la región latinoamericana es abordar como punto de partida el principio de no dejar a nadie atrás para atender las demandas de la población afectada, en atención a los grandes retos propuestos en la Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Declaración de París sobre Cambio Climático.


Es una deuda que se debe repensar para el corto plazo, sobre todo considerando que el cambio climático es un proceso irreversible.


Recomendaciones generales


¿Se está frente a una crisis global de desplazamiento de población? Sí, definitivamente.


Como se detalló anteriormente son varias las causas que sesgan la vida de millones de personas en todo el mundo y generan flujos migratorios mixtos. Es una crisis a escala global que afecta a todos los continentes del planeta. Es una crisis humanitaria. Tanto la comunidad internacional como los Estados deben dar respuesta al impacto que genera el desplazamiento forzado de la población, a las necesidades de los grupos de personas afectadas y al ambiente.


Se trata de una crisis que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Las vulnerabilidades suelen agravarse por la presencia de otros factores como la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la etnia y la religión. El grado de vulnerabilidad de niñas y mujeres en situación de desplazamiento es crítico y esto es válido para todas latitudes y regiones, como se observó en los casos de Nigeria, Congo y el Triángulo Norte.


En el caso de América latina y el Caribe, de acuerdo con los datos de Small Arms Service, de los 20 países con las tasas más altas de muertes violentas de mujeres en el mundo, 11 están en esta región.


Por otro lado, es de suma importancia tener en claro las herramientas jurídicas que imperan en esta cuestión y cuáles son su aciertos y limitaciones.


Las Convenciones Internacionales y Regionales para los Refugiados y Desplazados Internos son herramientas útiles, pero no suficientes para garantizar las necesidades de las poblaciones en riesgo y hacer frente a la actual crisis que interpela a todos a encontrar soluciones humanitarias, sanitarias, económicas, sociales, culturales y, sobre todo, políticas, a problemáticas que se van agravando.


Migrar es un derecho humano. El asilo, entendido como la protección que un Estado otorga en su territorio a una persona que llega a solicitarlo por estar amenazada su vida, es una institución reconocida en el derecho internacional.


El asilo político y asilo bajo régimen internacional de los Refugiados son parte de los derechos humanos pero en la actualidad, pareciera ser más una prerrogativa de los Estados que en un Derecho Humano en sí mismo.


En el contexto contemporáneo es cada vez más complejo que las personas perseguidas puedan acceder a esta categoría jurídica de protección, ya que muchos estados dificultan la tramitación de petición de asilo, negando el acceso y cerrando las fronteras territoriales.

En distintos continentes es factible encontrar varios ejemplos. En Europa los acuerdos del primer país de llegada y tercer país seguro, conocidos como el Sistema Dublín y Acuerdo Grecia-Turquía, son utilizados para desviar a las personas con necesidades de protección internacional a países que no pueden proporcionársela.


En América existe una versión parecida con los acuerdos de tercer país seguro, firmada en 2019 por Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras.


Cada Estado impone sus reglas, procedimientos e instituciones para procesar las solicitudes de asilo, es decir, las naciones pueden no otorgar la condición de refugiado a toda persona que lo solicite.


El pacto global para los Refugiados que impulsó la ONU y los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 tampoco trajeron grandes avances al respecto.

El mismo Papa Francisco pidió a los líderes mundiales acoger al extranjero como hermano frente a la actual crisis, sin cambios evidentes.


Amenazas como la aparición de pandemias a escala global, como el coronavirus, exacerban el cierre de pasos fronterizos y justifican políticas de máximo control sanitario como aliados para la defensa de la soberanía absoluta de los Estados. Pero lamentablemente las fronteras se cierran cada vez más, los muros se agrandan y la xenofobia crece.


Por ello, todos los gobiernos deben comprometerse a fomentar estrategias para dar respuesta en tiempo y oportunidad.


Todos los gobiernos deben diseñar políticas públicas de acogida al desplazado forzado y defender el derecho humano a migrar y de otorgamiento de asilo.


Todos los gobiernos deben establecer pautas claras de acción y recursos humanos y financieros para la debida asistencia e integración a las sociedades de acogida.


Todos los gobiernos deben tener siempre presentes las cuestiones de diversidad de género, cultural y étnicas y velar por la seguridad de los planes de reasentamiento.


Se deben fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones y siempre contemplar en programas de capacitación a agentes del Estado que incluyan transversalmente los temas de multiculturalismo, género, niñez, adultos mayores y discapacidad, entre otros.


Para concluir, se debe tener en claro que la conjunción entre el cambio climático, la recurrencia de los desastres naturales y la erupción de desafiantes pandemias coloca a los seres humanos en un plano de igualdad ante una posible adversidad.


El desafío para todos es enorme, pero la cooperación internacional es el único camino que existe para seguir siendo HUMANOS.