La pandemia invisibilizada: Una mirada regional sobre la violencia de género en contexto de pandemia

Por Denise Sanviti, Coordinadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios




Ya ha pasado más de un mes desde que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19), cepa reportada por primera vez el 31 de diciembre del año pasado. Hasta la fecha, la enfermedad se ha cobrado la vida de casi 200 mil personas y actualmente son más de dos millones y medio de personas infectadas a lo largo del mundo [11]. En este contexto, las principales medidas gubernamentales se concentraron en la cuarentena total y el aislamiento social obligatorio. Sin embargo, esto no afecta a todos por igual ya que impacta de sobremanera a mujeres y a la comunidad LGTBQ+.

En este sentido, es fundamental incorporar la perspectiva de género al momento de analizar los efectos del COVID-19, desde la multidimensionalidad que caracteriza al fenómeno. De hecho, los impactos en cuestiones de género están siendo ignorados en la respuesta a la crisis sanitaria, trayendo consecuencias económicas, sociales y políticas.

La realidad ha demostrado que el contexto de encierro no hace más que encrudecer las desigualdades estructurales preexistentes en términos de género. Por un lado, la violencia de género se agrava en contextos de confinamiento porque mujeres y disidencias se ven obligadas a convivir con su agresor 24/7. Por otro lado, las tareas de cuidado – esenciales a la hora de abordar la pandemia – recaen mayoritariamente a mujeres porque asumen mayor carga horaria en las tareas domésticas y en el cuidado de menores, especialmente con el cierre de los colegios. Además, en un contexto de incertidumbre económica, las mujeres parten de una posición desigual en el mercado de trabajo. En gran porcentaje, las mujeres – sobre todo aquellas que viven en contextos de pobreza – trabajan en el sector informal de la economía. Sin dudas, para las personas de la comunidad LGBTQ+ es mucho más complicado acceder a trabajos formales, sea por razones de discriminación o limitaciones institucionales. Por último, se observa que el liderazgo político en el manejo de las crisis y situaciones de emergencia están mayoritariamente en manos de hombres.

La pandemia de COVID-19 solo se ha sumado a una anterior: la violencia de género

Las víctimas fatales reportadas durante el período de cuarentena dan cuenta que el aislamiento social obligatorio potencia los casos de violencia de género. En este sentido, las víctimas se ven obligadas a quedarse en sus casas e interrumpen cualquier contacto más allá del domicilio, exponiéndolas a una situación de alto riesgo. Por ende, el acceso a recursos de “socorro” se ven limitados y restringidos. Más aún, cuando el Estado redirige y monopoliza recursos públicos para asistir la emergencia sanitaria, relega e invisibiliza la problemática de la violencia de género por fuera de la esfera pública. Incluso, las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar sus vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena.

Según cifras de ONU WOMEN [10], el 35% de las mujeres en el mundo son víctimas de violencia sexual, física y/o psicológica. Estas cifras aumentaron a partir de los contextos de confinamiento, volviéndose potencialmente crítico para muchas mujeres y disidencias que son víctimas de este tipo de violencia. En consecuencia, la situación de vulnerabilidad ha aumentado considerablemente, exponiendo a las víctimas a niveles críticos de riesgo.

En términos normativos, el reconocimiento de la violencia de género como “problema de salud pública” es bastante tardío. Por un lado, a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud le asignó esa clasificación recién en el 2013 [12]. Por otro lado, a nivel regional, en América Latina y el Caribe se logran identificar distintas medidas gubernamentales asociadas a la lucha contra la violencia por motivos de géneros que se concentran, principalmente, en números de emergencias exclusivos para denunciar casos y dar socorro a las víctimas, asesoría legal especializadas (en pocos casos) y una estructura normativa que penaliza la violencia de género (incluso, dando carácter de delito especial al “femicidio” o “feminicidio”). Sin embargo, el desafío clave es en el “como” responden los organismos gubernamentales desde todos los niveles de la administración estatal. En muchos casos, las políticas públicas adoptadas se vuelven insuficientes al no estar acompañas con medidas transversales para que su aplicación sea efectiva. En este sentido, la atención primaria a las victimas va más allá de la disponibilidad de un número de emergencia porque también debe existir un acompañamiento psicológico, económico y emocional para la misma. En varios estados, no hay herramientas institucionales gratuitas para acceder a asesoría legal y/o asistencia psicológica, ni tampoco hay suficientes albergues para proteger a las víctimas. Más aún, cuando un caso se judicializa, los procesos hasta su efectiva condena son muy largos y las victimas quedan desprotegidas durante toda la causa [10].

Frente a este escenario, es clara la existencia de una debilidad institucional y normativa en Latinoamérica y el Caribe para contrarrestar la violencia de género. Y ante un contexto de confinamiento, el aumento de llamados a las líneas de emergencias y casos de femicidios o feminicidios ocurridos durante este período, es el reflejo de una crónica anunciada. Aunque bien, se ha percibido una reducción de delitos menores en el contexto de aislamiento, no así las tasas de violencia de género [10]. Por tanto, si el Estado no asume esta problemática con el ímpetu que corresponde, se transforma en cómplice de su reproducción.

En casos puntuales, son pocos los estados en Latinoamérica que implementaron herramientas e instituciones específicas para combatir la violencia de género. Por un lado, Brasil y Chile cuentan con secretarias personalizadas hacia la ejecución de políticas públicas orientadas a alcanzar la igualdad de género y combatir la violencia por motivos de género. Por otro lado, Argentina es el único país que tiene un ministerio exclusivo bajo esta premisa, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades.

Aun así, como podemos observar en el siguiente cuadro, sigue siendo una deuda histórica para la región.



Frente a esta situación, varios organismos internacionales expresan que es fundamental la capacitación – bajo perspectiva de género – del personal que integra la primera línea de respuesta en la emergencia sanitaria. Además, UNICEF [3] planteo que es crítico garantizar la disponibilidad de la información en materia de género en todos los niveles gubernamentales – nacional, provincial y local. Esto conllevaría necesariamente al procesamiento de información bajo una perspectiva de género y tener un panorama mas completo sobre las consecuencias sociales, económicas y políticas del impacto del COVID-19.

Mujeres y disidencias: lxs más vulneradxs en el acceso a trabajo formal

La pandemia ha hecho trastabillar la economía en todos sus niveles. En este sentido, a los efectos de la violencia, se le suman efectos económicos que se constituyen como barreras adicionales para mujeres y disidencias. En consecuencia, la pandemia no hace más que visibilizar las desigualdades estructurales preexistentes en el sistema socioeconómico que sostiene la desvalorización de las mujeres y la población LGBTQ+.

Una de las características principales de la pandemia es la “centralidad de las tareas de cuidados, que las mujeres continúan asumiendo en una mayor medida que los hombres, tales como: el cuidado de menores, agravado por el cierre de los centros educativos; de personas mayores; y la distribución de las tareas domésticas –de particular importancia dadas las medidas de confinamiento (Cardín Solanas, 2020) [6]. Por ello, es fundamental analizar en qué medida los estereotipos y roles de género (en cuya base se asienta este desequilibrio en el reparto de las tareas de cuidado) pueden verse reforzados por la crisis en la distribución desigual de tareas entre hombres y mujeres. (Cardín Solanas, 2020) [6].

Teniendo en cuenta el informe de la Organización Mundial del Trabajo [5], las mujeres ocupan el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial y del trabajo informal. Por tanto, la crisis causada por COVID-19, no hace más que potenciar esta situación. A nivel global, la pandemia provocó la suspensión de miles de empleos y un incremento en las cifras de desempleo, donde un gran porcentaje de mujeres perdieron y perderán su empleo, más que los hombres: afectando su autonomía económica y agravando su vulnerabilidad social (Cardín Solanas, 2020) [6]. En consecuencia, la capacidad de las mujeres para conseguir sus propios medios de vida se ve altamente afectada por el broto de COVID-19 (UNICEF, 2020) [3].

Esta situación se vuelve critica en hogares socioeconómicamente vulnerables ya que el acceso al trabajo formal es limitado o casi imposible y las mujeres quedan desprotegidas del sistema formal de protección del trabajador, sin acceso a licencias especiales o resguardo de ingresos estables. Por ende, la reducción de la actividad económica afecta principalmente a las trabajadoras informales que pierden su sustento económico de forma inmediata, así como también, a las trabajadoras domésticas en un doble aspecto: por un lado, porque hay una mayor carga de cuidados por el incremento del trabajo no remunerado en los hogares y el cuidado de niños y niñas durante el cierre de las escuelas; y por otro lado, por la posibilidad de perder el ingreso cuando, por razones sanitarias, se les solicita dejar de trabajar por considerarlas un riesgo de contagio para las familias con las que trabajan (Cardín Solanas, 2020) [6].

En la mayoría de los casos, las tareas de cuidado domésticas no son remuneradas y recaen en un 85% sobre mujeres y niñas, quienes además suelen realizar la mayor parte del cuidado de familiares enfermos. En este sentido, los hogares encabezados por mujeres son los más vulnerables porque sin el apoyo adecuado – como el cuidado infantil, servicios de salud y otras formas de apoyo social – resulta cada vez más difícil sostener ingresos hacia el hogar. En consecuencia, la mujer (jefa de familia) debe relegar las tareas de cuidado de menores hacia los hijos mayores, especialmente las niñas, para salir a trabajar. Incluso, se ven obligadas a renunciar a horas de trabajo para cuidar de sus hijos, sobre todo con las escuelas cerradas tras la cuarentena, reduciendo sus ingresos y agravando su situación socioeconómica (Bianco, 2020) [1].

Frente a este escenario, UNICEF [3] ha planteado que deben ser prioridad los programas de transferencia en efectivo para mujeres y niñas con el objetivo de mitigar el impacto económico de la pandemia. Junto con ello, considera fundamental elaborar herramientas institucionales y legislativas para que personas de la comunidad LGBTQ+ puedan acceder al mercado laboral formal, eliminando las barreras socioculturales y normativas preexistentes en su acceso.

Además, según UNICEF [3], un aspecto critico de esta pandemia es que la seguridad alimentaria de mujeres y niñas puede verse afectada por las dificultades de acceso de alimentos nutritivos y seguros debido a los cierres de servicios alimentarios en escuelas y comunidades, debido a la escasez de alimentos y por las restricciones de circulación. Peor aún, esta situación puede incrementar los casos de explotación sexual con fines comerciales para generar ingresos hacia el hogar, ya que las victimas (mujeres, niñas y disidencias) se ven obligadas a vivir con su perpetrador/explotador. Y, por tanto, el abuso sexual infantil también merece una especial atención por este motivo porque en el 60% de los casos son cometidos por personas cercanas a la víctima (UNICEF, 2020) [3].

En cuanto al sector de la salud, observamos en América Latina y el Caribe los servicios de salud han padecido largos procesos de privatización. En consecuencia, hoy los gobiernos se enfrentan a una pandemia con servicios públicos sanitarios débiles y con poca capacidad de respuesta a las nuevas necesidades. Aunque los servicios privados están en mejores condiciones de respuesta, el acceso a estos no es igual para toda la población. Asimismo, se logran identificar medidas estatales excepcionales para asegurar el acceso igualitario a los servicios de salud debido al contexto pandémico, como es el caso del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. En respuesta a estas medidas, surgieron reclamos de dichos sectores al momento de defender su autonomía sectorial. Sin embargo, el objetivo de estas políticas no se trata de estatizar “todos los servicios de salud”, sino lograr una articulación integral y coordinar de forma mas eficiente las potencialidades de cada sector sanitario para mitigar los casos fatales y garantizar asistencia sanitaria de mejor calidad (Bianco, 2020) [1].

Aun así, varios expertos en salud advierten que no se ha abordado la perspectiva de género en la salud pública ni en la elaboración de las políticas sanitarias. En este sentido, entender los efectos de una emergencia sanitaria es reconocer en qué medida afecta a la población para crear políticas e intervenciones efectivas y equitativas (López, 2020) [2]. Especialmente, si tenemos en cuenta que el 60% de la fuerza laboral de la salud son mujeres. Bajo este escenario, es claro que las mujeres son imprescindibles en la lucha contra el brote ya que se encuentran en la primera línea de respuesta y son quienes asumen los mayores costos de esta pandemia, tanto físicos como emocionales, así como también corren mayor riesgo de infección del virus (López, 2020) [2].

Otro problema que surge a partir de la pandemia es que, al monopolizar los recursos públicos hacia el combate del virus, se ha limitado el acceso a métodos anticonceptivos y la atención pre y posnatal debido a la saturación de los servicios de salud. En consecuencia, es probable que aumenten los embarazos adolescentes y embarazos no deseados durante la cuarentena (Cardín Solanas, 2020) [6]. Por tanto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos son un problema que requiere especial atención en este escenario (UNICEF, 2020) [3]. Al mismo tiempo, podría llegar a aumentar la mortalidad materna y neonatal debido al incremento de las necesidades insatisfechas de planificación familiar (por la disminución de ingresos antes mencionados) y un aumento en el número de abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual (López, 2020) [2]. Incluso, al ser las parteras, las enfermas y el personal de salud parte de la primera línea de respuesta para hacer frente al virus, estas no podrán brindar asistencia segura y eficiente en embarazos y partos potenciales ya que estos dependen de un número suficiente de personal calificado y de instalaciones adecuadas para su atención.

Por esta razón, es fundamental dar continuidad a la distribución de insumos de planificación familiar y los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos aquellos relacionados con la salud menstrual para garantizar el empoderamiento y la dignidad de las mujeres y las niñas, y asegurar su bienestar físico y emocional para responder a las necesidades integrales de las mujeres, niñas y disidencias en todas partes del mundo (UNFPA, 2020) [8].

Por un liderazgo político femenino

A pesar de que el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud reconoció la necesidad de incluir a las mujeres en la toma de decisiones para la preparación y respuesta ante brotes, hay una representación inadecuada de las mujeres en los espacios políticos nacionales y globales dentro de los comités de crisis alrededor de la pandemia. Por lo tanto, las mujeres han perdido poder decisión política en este contexto de emergencia. Asimismo, según ONU WOMEN para las Américas y el Caribe [10], advierte que sin un liderazgo equitativo los impactos de las respuestas en COVID-19 pueden afectar aún más desproporcionadamente tanto a hombres como a mujeres, así como también a las comunidades LGBTQ+.

Si bien, la mayor carga sanitaria es asumido por las mujeres, la toma de decisiones sigue en manos de los hombres principalmente (Cardín Solanas, 2020) [6]. Según la Organización Mundial de la Salud [3], “las mujeres proporcionan salud y los hombres la lideran”. Incluso, el 69% de las organizaciones de salud mundiales están encabezadas por hombres. Solo el 20% de las organizaciones mundiales de salud tienen paridad de género en sus juntas directivas. Por tanto, al estar las mujeres están en la primera línea de la respuesta y asumen mayores costos, es fundamental atender a las necesidades inmediatas de las mujeres que están en la primera fila de la respuesta e incorporarlas en los procesos de toma de decisiones. Por tanto, las mujeres a penas participan en el diseño de las decisiones que afectaran al conjunto de la sociedad, lo que genera medidas que no consideran las necesidades de las mujeres (la salud sexual y reproductiva). (Cardín Solanas, 2020) [6]

En palabas de UNICEF [3], también es crucial involucrar a las redes existentes de mujeres y jóvenes para sostener la conectividad y el flujo vital de información. Estas estructuras son claves para el apoyo social –pares y mentores– para adolescentes deben ser mantenidas. Y también deben involucrarse en garantizar la participación significativa de niñas y mujeres en todos los procesos de toma de decisiones y de intercambio de comunicaciones clave, incluyendo las líneas directas de ayuda en caso de violencia de género y otros servicios y mecanismos de apoyo.

Aunque en tiempos de crisis las prioridades cambien y surgen algunas nuevas, se debe garantizar de la perspectiva de género aun con mayor impulso porque la premisa por alcanzar la igualdad de género no debe reservarse para tiempos de bonanza (Cardín Solanas, 2020) [6]. Si no se incorpora un enfoque de género en el abordaje de la crisis, los compromisos asumidos en el Objetivo 5 la Agenda 2030 de los ODS, podrían caer en el orden de prioridades y ser cada vez más inalcanzables. Incluso, un liderazgo compuesto por mujeres – bajo la perspectiva de género – impactaría positivamente al momento de salir de la crisis y volver a las sociedades más resilientes, al no profundizar las desigualdades preexistentes (Cardín Solanas, 2020) [6].

Un debate curioso: ¿tiene esta nueva enfermedad un género?

Desde el principio de esta pandemia, se ha dado por sentado que el nuevo coronavirus es masculino: el COVID-19. Sin embargo, a partir de un curioso debate que surgió en las redes sociales de Twitter, la Real Academia Española ha dictaminado cual es el correcto uso. Aunque reconoció que “es más frecuente su uso como masculino – el COVID-19- por influencia del género de coronavirus”, recomienda a los usuarios a que utilicen el femenino al entender que es lo más adecuado”. En palabras exactas, la RAE explico que “si se sobreentiende el sustantivo tácito enfermedad, lo más adecuado sería el uso en femenino: la COVID-19”; aunque no desestima su uso en masculino. Incluso, este uso ya ha sido implementado por la OMS en todos sus informes oficiales [4].

Reflexiones finales

En este escenario de crisis, donde reina una incertidumbre global generalizada, algo está claro: para dar una respuesta efectiva frente a la pandemia, no se puede ignorar la perspectiva de género.

Lamentablemente, las medidas gubernamentales a nivel global se concentraron en establecer la cuarentena total, el aislamiento social obligatorio y testeos masivos. Ante la urgencia de la emergencia sanitaria, se ha priorizado la designación casi exclusiva de los recursos públicos para aumentar la capacidad de respuestas los sistemas de salud para hacer frente al COVID-19, sin contar con una perspectiva de género transversal.

En consecuencia, sin la aplicación de una perspectiva de genero al momento de elaborar políticas públicas de contingencia para la emergencia sanitaria, hay una limitación en el alcance de cualquier análisis sobre los impactos reales de la pandemia en los hombres y en las mujeres, cuyos efectos son críticamente desproporcionados. Los resultados serían previstos por datos incompletos e insuficientes, sobre todo, en este escenario de crisis donde las mujeres son quienes se encuentran en la primera línea de respuesta en la atención sanitaria y los cuidados, y no participan en los procesos de tomas de decisiones. Por tanto, es fundamental garantizar la participación equitativa de mujeres en los procesos de tomas de decisión dentro de los comités de crisis [7].

En el escenario decisorio internacional, uno de los efectos colaterales de la pandemia podría ser un debilitamiento de la agenda de la igualdad de género en términos globales, en particular, impactará directamente en los avances frente al Objetivo 5 de la Agenda 2030 de los ODS. Por lo tanto, dentro de este contexto de emergencia sanitaria, podría ser critico sostener el compromiso de los actores internacionales y de los gobiernos nacionales con respecto a garantizar la igualdad de género, que – ante la urgencia – pasa a ser un tema secundario [9].

Si no incorporamos una perspectiva de género, los costos podrían ser mucho más altos que la pandemia en si misma porque su implementación definirá el modo en el que las sociedades salgan de esta crisis. En consecuencia, los impactos socioeconómicos serán mucho más duros y profundos, siendo las desigualdades estructurales existentes en términos de género mucho más agravadas.

Por todo lo anterior, es fundamental agregar la perspectiva de género en la planificación de respuestas y en el diseño de estrategias orientadas a la lucha contra COVID-19. Además, es necesario asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo de los impactos económicos, la carga de cuidados diferenciados y la incidencia de violencia de género para obtener una muestra más real de las necesidades de la sociedad donde se aplique. En este sentido, es prioritario asegurar la ejecución de dichas medidas desde un análisis integral para contrarrestar los efectos negativos de esta crisis sanitaria sobre las mujeres, niñas y disidencias.


Bibliografía

[1] Bianco, M. (5 de abril de 2020). Covid-19 y violencia de género, un dúo fatal. Perfil. Recuperado de https://www.perfil.com/noticias/columnistas/covid-19-y-violencia-de-genero-un-duo-fatal.phtml (9 de abril de 2020).

[2] López, C. M. (18 de marzo de 2020). ¿Afecta por igual el Covid-19 a hombres y mujeres? Gaceta Medica. Recuperado de https://gacetamedica.com/investigacion/afecta-por-igual-el-covid-19-a-hombres-y-mujeres/ (09 de abril de 2020).

[3] Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Nota técnica de UNICEF: Cinco Acciones por la Igualdad de Género en la Respuesta al COVID-19 (Nueva York: Sección de Género, 2020), https://www.unicef.org/media/66996/file/SPANISH-Five-actions-for-gender-equality-in-COVID-19-response-2020.pdf

[4] El género del covid-19: ¿femenino o masculino?. (27 de marzo de 2020). Recuperado de https://www.publico.es/culturas/genero-del-covid-19-femenino.html (09 de abril de 2020)

[5] Organizacion Mundial del Trabajo, OIT, World Employment Social Outlook: Trends for women. Global snapshot 2018. (Ginebra: OIT, 2018) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_619577.pdf

[6] Cardín Solanas, M. (01 de abril de 2020). La crisis del COVID-19 y sus impactos en la igualdad de género. Real Instituto El Cano. Recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari33-2020-solanas-crisis-del-covid-19-y-sus-impactos-en-igualdad-de-genero (09 de abril de 2020)

[7] World Health Organization, WHO, Delivered by Women, led by men: a gender and equity analysis of the global health and social workforce. (Geneva: World Health Organization; 2019) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311322/9789241515467-eng.pdf?ua=1

[8] Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, INFORME TÉCNICO COVID-19: Un Enfoque de Género. PROTEGER LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO (Nueva York: UNFPA, MARZO 2020) https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.docx_en-US_es-MX.pdf

[9] Muñoz Lima, R. (31 de marzo de 2020). América Latina lucha contra la Violencia de género en tiempos de coronavirus. Deutsche Welle. Recuperado de https://www.dw.com/es/am%C3%A9rica-latina-lucha-contra-la-violencia-de-g%C3%A9nero-en-tiempos-del-coronavirus/a-52971832

[10] ONU MUJERES, COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis (Panamá: Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, 2020). https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/03/briefing%20coronavirusv1117032020.pdf?la=es&vs=930

[11] Johns Hopkins University (JHU). (s.f.). [Map Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE)] Recuperado el 09 de abril, 2020, de: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0CJt1XsJ0VDJbqJRNgBntIOxKK2dtDSaE1_BrHUBl1CMsdaTp918nSI6E#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 [12] OMS afirma que la violencia de género es un problema de salud pública. (20 de junio 2013). Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2013/06/1275001