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El Coltán: una maldición para el pueblo congoleño

Por Mg. Raul Gualtruzzi, Mg.Ignacio Sarmiento, y Santiago Suárez, miembros del Observatorio de Asuntos Humanitarios



El viaje de tu celular:

En general, el cobre se extrae de Chile, el oro de África del Sur, la plata de Rusia y el coltán de la República Democrática del Congo. Estos minerales se mandan a China, en donde se fabrican los artefactos semi-acabados, que serán enviados a Malasia para ser ensamblados y empaquetados. Finalmente se giran a alguno de los centros de distribución de las principales empresas de telefonía móvil hasta llegar a ti, en un viaje aproximado de no menos de 38.000 kilómetros.

Instituto Jane Goodall Argentina, 2020


¿Sabemos qué es el Coltán? ¿De dónde vienen los minerales de las tablets, computadoras u otros dispositivos? ¿Quiénes son las personas responsables de explotarlo? En principio se podría pensar que todo recurso natural podría favorecer el desarrollo de un país. Sachs y Warner (2001) han acuñado la frase “la maldición de los recursos naturales” o la paradoja de la abundancia, señalando que los países con gran cantidad de materias primas disponibles (oro, petróleo, etc.) no han podido generar un desarrollo sostenible en el tiempo. En este apartado, evaluaremos el recorrido de uno de los países más grandes de África: la República Democrática del Congo (RDC).


¿Qué es el coltán?


Empecemos por lo primero. ¿Qué es el coltán?. Es un mineral conformado por Niobio y Tantalio, siendo esta composición ideal para la fabricación de smartphones, centrales nucleares, implantes quirúrgicos, etc (Becerra, 2005). La RDC posee el 80% de las reservas mundiales de este mineral, y solo el 3% de estas son oficiales (El Independiente, 2018). ¿Por qué es un mineral tan preciado? Fundamentalmente, no se oxida y es un 80% mejor conductor de electricidad que el cobre. Además, es capaz de almacenar mucha energía, que libera lentamente (Instituto Jane Goodall Argentina, 2020).


Antecedentes históricos


En 1996, el general congoleño Laurent-Desiré Kabila fundó el Partido de la Revolución del Pueblo (PRDP) cuyo único objetivo era derribar la dictadura impuesta por Mobutu desde 1995, en la República Democrática del Congo. En 1997, las tropas del líder del PRDP tomaron la capital congoleña y Mobutu se exilió en Marruecos. Desde ese momento, Laurent Kabila se autoproclamó Jefe de Estado de la RDC. En 1998 se inició la Segunda Guerra del Congo que se extendió hasta 2003. Por un lado, estaban las milicias rebeldes, quienes fueron fuertemente respaldadas por Ruanda, Uganda y Burundi. Por el otro lado, el ejército de la República Democrática del Congo con sus propias milicias, los Hutus y los mai-mai apoyados por Angola, Namibia, Zimbabue y Chad (Zelaya, 2018).

Como consecuencia de este conflicto, los grupos rebeldes se apoderaron de un gran número de minas, incluidas las de coltán (National Geographic, 2016). Estos grupos, comenzaron a financiar sus atrocidades por medio de la venta de estos recursos a países vecinos como Ruanda. Este último se convirtió en el principal productor de Coltán del mundo, a pesar que no cuenta con el mismo dentro de su territorio (El Independiente, 2018). Una vez en este país, es adquirido por las multinacionales sin ninguna sospecha de su proveniencia.

Los diferentes grupos guerrilleros se sirven de la población local (mujeres embarazadas, niños, etc) para extraer los recursos. En estas zonas hay un completo vacío de la protección estatal y la población local es sometida a todo tipo de prácticas que atentan contra sus derechos humanos.


Hacia una mirada regional del conflicto:


En este sentido, es difícil que pueda comprenderse la dimensión que tiene el tráfico ilícito de este tipo minerales, si no se aborda la problemática desde una mirada regional. Ya en 2009, la organización internacional Enough Project alertaba al respecto, cuando documentaba como éstos minerales son transportados desde el este del Congo a países vecinos como Ruanda, Uganda y Burundi, fundamentalmente debido a que los impuestos en el Congo son considerablemente más altos que en sus países vecinos, a la infradeclaración de los mismos o su contrabando por cruces fronterizos que permanecen fuera del control de la órbita estatal y muchas veces en manos de los grupos armados. (Enough Project, 2009). En línea con lo anterior, el caso de Burundi también puede resultar ilustrativo del saqueo constante de los recursos minerales de la RDC: Burundi es uno de los países que exporta más oro y minerales como el coltán, el estaño y la caserita, de los que produce, y es una de las rutas conocidas del contrabando de los minerales que provienen del este de la RDC. Sin embargo, nuevamente Burundi es sólo una etapa de las redes mundiales activas en el saqueo de la RDC. (Social Science in Humanitarian Action, 2019).


En efecto, es precisamente esta afectación al sistema de trazabilidad del origen de los minerales extraídos, no sólo del coltán sino también de otros como los ya señalados, lo que funciona como obstáculo para controlar el sector. En concomitancia con ello, el Grupo de Expertos de la ONU para la República del Congo documentó que la minería ilegal continúa siendo la principal fuente de financiación de grupos armados, en una demostración de la frondosa presencia de mercados ilícitos y redes de contrabando que actúan en connivencia con los funcionarios públicos que precisamente son los encargados de combatir este tipo de fraudes. (Escola de Cultura de Pau, 2020).


Los esclavos del coltán


La mina de Manguredjipa, en la provincia de Kivu Norte en RDC, se encuentra oficialmente cerrada. Sin embargo, los mai-mai la “gestionan” hace años, explotando a niños soldados, mujeres y a toda la aldea para generar este mineral tan preciado. De acuerdo al Independiente (2018) “las condiciones de la mina rozan la esclavitud. Jornadas laborales de más de 14 horas a cambio de un euro. Soldados rebeldes, armados con varas de madera, para golpear el lomo de los mineros para que trabajen más deprisa. Mujeres, algunas de ellas embarazadas, buscan el mineral para poder cambiarlo por algo de comida. O niños, muchos de ellos ni llegan a los 12 años, obligados a trabajar dentro de los túneles, ya que su tamaño es el idóneo para poder extraer el mineral que está en el interior”. Esto sucede en presencia del debilitado Estado congolés. En 2018, sólo había podido fiscalizar 140 minas de las más de 5 mil que funcionan en su territorio (El Independiente, 2018). Resulta curioso que el mayor exportador de coltán en el mundo sea Ruanda, país que financia parte de las guerrillas que finalmente le venden a sus empresas los “minerales de sangre”. Un informe de Naciones Unidas en 2002 señalaba que las muertes que pueden atribuirse a Uganda y Ruanda a causa del conflicto ascendían a más de 3 millones de personas (Naciones Unidas, 2002).


Desplazamiento forzoso


La población de la República Democrática del Congo es el ejemplo por excelencia de resiliencia. Se caracteriza por ser una población predominantemente rural y con una economía de subsistencia. Producto de diversos conflictos, los habitantes de este país han sido obligados a dejar sus hogares, embarcandose en peligrosos viajes a fin de preservar sus vidas. De hecho, en un análisis llevado a cabo por ACNUR, que analiza desde 1980 hasta el 2018 el número de refugiados, la RDC se encuentra 34 veces entre los 20 países con mayor cantidad de refugiados en el mundo (ACNUR, 2018). En la actualidad, el país africano cuenta con 5.927.660 desplazados forzosos, de los cuales 5 millones son desplazados internos, mientras que el resto se enmarcan en la categoría de refugiados y solicitantes de asilo (ACNUR, 2019 y UNHCR, 2020). Asimismo, en la primera mitad del 2020, de acuerdo a las estimaciones del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, se produjeron un total de 1.4 millones de nuevos desplazamientos a causa del conflicto y la violencia, lo que da cuenta de que el conflicto que envuelve al país desde principios de la década de los ´90, lejos de solucionarse, empeora cada día.

Al respecto señalaba el IDMC en su reporte de medio término para el año 2020, que la situación humanitaria en la República Democrática del Congo se ha deteriorado considerablemente desde principios de 2020. “Los conflictos y la violencia provocaron casi tantos nuevos desplazamientos entre enero y junio como los 1,7 millones registrados para el conjunto de 2019. Las provincias orientales de Kivu del Norte y del Sur, Ituri, Maniema y Tanganica siguieron siendo las más afectadas, pero los acontecimientos recientes en Ituri fueron motivo de especial preocupación. La provincia representó 627.000 nuevos desplazamientos, casi la mitad del total nacional. El conflicto también se intensificó en Kivu del Norte tras el lanzamiento por parte del gobierno de operaciones militares contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) rebeldes en noviembre de 2019, lo que dio lugar a 436.000 nuevos desplazamientos.” (IDMC, 2020).

Sin embargo, muchas veces las cifras y estadísticas no alcanzan a reflejar en su totalidad la gravedad del problema, fundamentalmente en términos del nivel de devastación y las profundas consecuencias que años de conflictos armados han implicado para el país y sobre todo para estas personas. Quizás ello permite explicar por qué el conflicto en la RDC no recibe la suficiente atención internacional, pese a que es el segundo país con mayor número de desplazados internos, luego de Siria (IDMC, 2020).

En este sentido, a la combinación de conflicto, violencia e inseguridad propia de la inestabilidad de la región, debe sumarse también la falta de infraestructura estatal elemental, que torna imposible que el propio gobierno pueda brindar algún tipo de protección a su población, la cual frecuentemente es proporcionada por las agencias y organizaciones humanitarias que tienen presencia en la región. En esta línea, la violencia entre comunidades y los combates entre grupos armados en el este provocaron un continuo desplazamiento de la población y un aumento de las necesidades humanitarias de los desplazados internos y las comunidades de acogida. Por otro lado, las organizaciones internacionales estimaron que el 40% de los desplazamientos en el país se debieron a acciones de las propias fuerzas armadas de la RDC (US Department of State, 2020).

En consecuencia, la población está sometida a desplazamientos forzosos para escapar de la violencia. Cabe resaltar que una de las zonas más afectadas de la RDC es el este, la cual se estima que contiene entre el 20 y el 50% del tantalio del mundo (National Geographic, 2016).


A modo de conclusión:


Como hemos podido advertir en este trabajo, el recrudecimiento de los enfrentamientos y la agravación de la crisis humanitaria durante el corriente año no es más que el corolario de un conflicto histórico y de raíces profundas que involucra factores sumamente diversos y a la vez entrelazados. En este sentido, la explotación ilegal de los recursos minerales en la RDC, la presencia de grupos armados que se nutren de los ingresos que dicha explotación ilícita les genera, sumado a la debilidad institucional y la imposibilidad del Estado Congolés para ejercer un control efectivo en parte de su territorio, así como también de proteger a la población civil de las consecuencias propias de éste conflicto, hacen ilusa cualquier posibilidad de alivianar la grave situación humanitaria que empuja a la población a desplazarse en búsqueda de protección.


Asimismo, con cifras de desplazamiento interno que resultan alarmantes, es evidente que no pueden dejarse las acciones de protección únicamente en cabeza de las organizaciones humanitarias, las cuales si bien realizan una tarea que resulta sumamente urgente y necesaria, no podrán aportar soluciones que impliquen cambios estructurales y una mirada a largo plazo que permita vislumbrar opciones duraderas a un conflicto que ya lleva décadas. En adición a lo anterior, el conflicto en el Congo se circunscribe a una realidad que es compartida por varios países de la región (y por qué no, por gran parte del continente Africano): víctima de un saqueo histórico de recursos que son la clave para su crecimiento, y en donde son necesarias políticas de desarrollo estructurales que deben abordarse de manera integral y transversal. De lo contrario, asumir que la relación saqueo de recursos, conflictos armados y desplazamiento es sólo un problema de la RDC, nos lleva, desde el inicio, a errar en el diagnóstico, y en consecuencia, en cualquier posible abordaje de respuesta.

Al respecto existen algunos elementos a remarcar, como la mejora de los sistemas de trazabilidad y transparencia respecto al origen de los minerales, el control efectivo por parte del gobierno de los recursos minerales de su territorio (y una mejor gobernanza de todo lo que involucra la explotación de los mismos), y la protección de la población civil -doblemente víctimas de la explotación ilegal de estos recursos como del conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y los grupos rebeldes. Sin embargo, la solución del conflicto dependerá de un abordaje regional y un mayor compromiso de la comunidad internacional en cuanto a mayores controles y estándares de transparencia para que tanto Estados y, fundamentalmente, las empresas fabricantes que demandan este tipo de minerales, se comprometan en avanzar en marcos regulatorios más efectivos y transparentes para el comercio y toda la cadena que involucra la producción de artículos electrónicos.



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