Es claro que la pandemia del COVID-19 ha paralizado al mundo, incluyendo nuestras rutinas, la economía, el comercio y el flujo normal de personas. Asimismo, los medios de comunicación son nuestra principal fuente de información sobre la situación del COVID-19 en diferentes zonas geográficas y sobre las medidas gubernamentales para la contención del mismo.
Sin embargo, desde el Observatorio de Asuntos Humanitarios del CEPI creemos fundamental visibilizar cómo la pandemia del COVID-19 afecta negativamente en la redistribución y ejecución de respuestas de la ayuda humanitaria en zonas de crisis, considerando la rapidez con que se propaga el virus. Siendo este un aspecto que no está siendo contemplado por los medios masivos de comunicación.
Para este artículo, nos nutrimos del exhaustivo trabajo realizado por The New Humanitarian (ex IRAN). Bajo esta línea de investigación, compartimos la misma pregunta: ¿de qué manera se implementará el Plan Humanitario Mundial de Naciones Unidas – anunciado el pasado 25 de marzo y que inyectará dos mil millones de dólares – para dar continuidad a la ayuda humanitaria? Desde nuestro observatorio, también consideramos si será suficiente consideran que 100 mil personas dependen de dicha ayuda y el 40 por ciento de la población mundial no tiene acceso ni al agua ni al jabón, mucho menos a desinfectantes o instrumentos sanitarios claves como puede ser los respiradores o reactivos para la detección de casos positivos de COVID-19.
Bajo este contexto, organizaciones humanitarias de todos los niveles se vieron obligadas a modificar sus estrategias de ayuda humanitaria, ya que no solo deben continuar brindando asistencia frente a las problemáticas preexistencias en las zonas de conflicto, sino que además deben accionar para dar contingencia al coronavirus y evitar su propagación en dichas zonas.
Como veremos a continuación, la ayuda humanitaria no depende sólo de la buena voluntad de donantes, ni del compromiso del personal humanitario. Las autoridades gubernamentales han tomado medidas estrictas para cumplir con la cuarentena obligatoria, cerrando fronteras y acceso a recursos potenciales para dar continuidad a la ayuda humanitaria. Esto implica un límite crítico para el trabajo humanitario, la rotación del personal y solicitud de insumos médicos para asistir a la población dependiente de esta ayuda. En consecuencia, la capacidad de asistencia de las organizaciones humanitarias se ve reducida drásticamente, casi a lo esencial.
A continuación, les presentamos un breve resumen del estado de situación de diferentes áreas del mundo en zonas de crisis.
EUROPA
A estas alturas, el continente europeo se transformó en una zona caliente. El sistema de salud colapsó, los gobiernos ejecutan medidas al ritmo en que avanza el contagio del virus, el malestar social es cada vez mayor y las misiones de rescate humanitario en el Mar Mediterráneo están suspendidas desde el 27 de febrero del corriente año debido a las dificultades logísticas generadas por el caos del COVID-19, lo que conlleva a aumentar el riesgo de perder vidas en el mar.
Mientras tanto, en Italia el programa para brindar asilo se suspendió temporalmente. Esto afectó a toda la cadena de instituciones, organizaciones y actores que participan del programa, sobre todo el personal policial, que fue reasignado a tareas de control del COVID-19. Lamentablemente, el esquema no parece reactivarse dada la situación critica del país.
Además, las organizaciones que brindan ayuda a los solicitantes de asilo se encuentran limitadas en sus tareas, dadas las medidas gubernamentales sobre el “distanciamiento social”. Sus oficinas atienden a una persona por vez, reduciendo su atención diaria al mínimo.
Por su parte, Grecia vive en desafío migratorio desde hace bastante tiempo, que se vio encrudecido por la llegada del COVID-19 al país. Sus zonas más críticas son la frontera con Turquía y las Islas de Egeo. El flujo de la ola migratoria colapsó cuando el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que abriría las puertas a la Unión Europea ante la crisis del COVID-19.
A pesar de la advertencia y pedidos de organizaciones humanitarias, Grecia se rehúsa a ejecutar planes de reubicación para solicitantes de asilo en centros de acopio ubicados en el país, como “Moria” en las islas de Lesbos. Asimismo, las fuerzas de seguridad griegas hacen retroceder a inmigrantes a través de medidas fuertemente represivas.
ÁFRICA
Los enjambres de langostas invaden el Cuerno de África, afectando gravemente los cultivos al consumir gran parte de este y encrudeciendo la inseguridad alimentaria preexistente. Varios expertos prevén que, cuando los casos de COVID-19 se encuentren en el pico máximo (abril), habrá enjambres 20 veces más grandes que los anteriores. Peor aún, la crisis del COVID-19 ha obligado a los gobiernos a restringir las fronteras, retrasando la entrega de pesticidas para el control de langostas, aumentando también los costos de envió. Sin una estrategia política acorde a la situación, podría llevar a potencias la crisis alimentaria que existe en la región.
En Kenia, las operaciones de ayuda humanitaria se interrumpieron drásticamente u operan solo al 50 por ciento ante la emergencia mundial del COVID-19. Sin embargo, las donaciones no han disminuido y los refugiados – en los campamentos de Dadaab y Kakuma – se han sumado a las filas de voluntarios. Por lo tanto, varias organizaciones humanitarias han logrado invertir en insumos sanitarios – máscaras, guantes y desinfectantes – para distribuir entre los voluntarios. Sin embargo, se ha reducido drásticamente el movimiento hacia los campos.
En África Meridional la pandemia ha recrudecido los efectos de la crisis alimentaria que padece la región hace tiempo. Por su parte, el gobierno de Sudáfrica cerró casi 50 puestos fronterizos, donde gran parte de la ayuda humanitaria de la región ingresa y luego es distribuida. Aún así, el gobierno aseguró que el “Programa Mundial de Alimentos” no se interrumpirá por los cierres de fronteras, del cual dependen 200 millones de personas. De todas formas, también aseguraron que no hay necesidad de corredores humanitarios y, desde la coordinación general del Programa Mundial de Alimentos, solicitaron fondos con tres meses de anticipación. Bajo este enorme trabajo logístico, que se adapta en la medida que corren los días, el objetivo es asegurar – de forma anticipada – la no interrupción de suministros alimentarios en la región.
Por otro lado, en Sudán del Sur se tomaron medidas más drásticas con el cierre total de aeropuertos y cruces terrestres, excluyendo vuelos de carga, socorro, camiones de comida y combustibles. Mientras tanto, la misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas anunció que – por siete días – se interrumpirían viajes no críticos al país, por lo que no habría rotación de personal de la misión.
Ahora bien, el gobierno de Uganda decidió cerrar fronteras terrestres y accesos aéreos al país tras confirmar el primer caso de COVID-19 en el territorio. Además, desde el 25 de marzo se prohibieron la llegada de nuevos refugiados y solicitantes de asilo, cerrando centros de tránsito y recepción. Esto lleva grandes dificultades logísticas para continuar brindando programas de ayuda humanitaria, considerando que Uganda acopia 1.4 millones de refugiados, que dependen de esta.
En Burkina Faso 800 mil desplazados, que viven en áreas de difícil acceso, dependen de la asistencia que brindan organizaciones humanitarias. Pero ante el aumento de casos de coronavirus en el país, continuar con la ayuda humanitaria es cada vez más difícil. Sobre todo, tras las medidas del gobierno con la clausura de fronteras aéreas y terrestres, prohibiendo también el transporte público en todo el país.
Teniendo en cuenta que, el personal humanitario depende del transporte público y varios de ellos volvieron a sus hogares sin ser reemplazados, la capacidad de las organizaciones humanitarias se ve reducida. En este sentido, dirigentes de las organizaciones advierten por los resultados catastróficos que esta situación podría generar, no solo por los efectos del coronavirus sino también, considerando que el gobierno debería hacer excepciones para los trabajadores humanitarios.
La República Democrática del Congo se encuentra en estado de emergencia tras el aumento de casos por COVID-19. Por ello, se cerraron totalmente las fronteras terrestres y aéreas, tanto al interior del país como vuelos internacionales. En consecuencia, los trabajadores humanitarios no podrán desplazarse a zonas afectas por conflictos en el este del país. Además, la incorporación adicional de personal se ha vuelto casi imposible, así como también su reemplazo y rotaciones.
Las misiones de mantenimiento de paz en la ONU en la República Centroafricana -Minusca- suspendió la rotación de casos azules en el territorio. A esta medida se sumó la solicitud a detener la “estigmatización” de los extranjeros, que afecta a los trabajadores de ayuda no locales. A los grupos armados que firmaron un acuerdo de paz el año pasado se les ha pedido que implementen un alto el fuego para evitar la propagación de COVID-19.
ASIA
En Bangladesh se suspendieron los trabajos de socorro en los campos de refugiados con población rohingya, exceptuando los servicios esenciales: salud, nutrición, centros de información, promoción de la higiene, protección, recepción para recién llegados y distribución de alimentos. Los campamentos albergan casi 900 mil personas y son la principal preocupación del sector humanitario, porque el “distanciamiento social” es prácticamente imposible, al igual que el aislamiento hospitalario y las camas de tratamiento son limitadas. Además, con la suspensión de internet se dificulta la difusión de procedicimients de higiene e información útil. En suma, los trabajadores humanitarios pueden llegar a ser los principales vectores del virus, siendo mayoritariamente extranjeros. Por esta razón, se cerraron fronteras y la rotación y reemplazo del personal es casi nulo.
Sin embargo, el gran dilema de las organizaciones humanitarias es: ¿Cómo asistir y entregar la ayuda, sin poner en mayor riesgo a la población? La respuesta todavía no esta clara y el panorama a futuro trae proyecciones para nada positivas.
Las fronteras en Afganistán son las zonas más críticas, tanto para la contención del coronavirus como para la recepción de operaciones humanitarias orientadas a asistir conflictos armados, desastres e inestabilidad alimentaria en el país.
El mes pasado, 62 mil afganos cruzaron la frontera desde Irán, país que enfrenta uno de los brotes de COVID-19 más grandes del mundo. La preocupación de las organizaciones humanitarias que tienen sede en Afganistán consiste en que no podrán contener de forma suficiente la atención sanitaria para futuros casos positivos del virus, ya que Pakistán bloqueó cruces fronterizos con Afganistán, siendo estas las rutas principales de suministros de ayuda humanitaria. Y en vista a la nueva oleada de afganos provenientes de Irán, es posible que los casos de coronavirus aumenten drásticamente.
Las consecuencias que puede acarrear esta situación son potencialmente criticas porque 9,4 millones de afganos dependen de la asistencia humanitaria. Además, los niveles de personal humanitario disminuyeron considerablemente, ya que muchos de ellos se vieron obligados a evacuar ante problemas de responsabilidad y la insuficiencia de salud local. En este contexto son pocos quienes se quedan, mayoritariamente voluntarios locales, pero dependen casi exclusivamente de la comunidad internacional. Ante el cierre de fronteras, quedan a la deriva. Mientras tanto, ACNUR suspendió sus programas de retorno voluntario para refugiados registrados en Pakistán.
Por otro lado, el gobierno de Filipinas impuso estrictas medidas de cuarentena obligatoria para la contención del coronavirus, retrasando programas de respuesta humanitaria, como la campaña de vacunación contra la poliomielitis. Asimismo, el coronavirus se suma a los efectos producidos por desastres naturales y brotes de dengue, sarampión y poliomielitis (ausente desde hace dos décadas).
En un primer momento, con el brote de polio se retrasaron operaciones para combatir el sarampión. Pero con la pandemia del COVID-19 se interrumpieron casi todas las operaciones de asistencia sanitaria en Filipinas. Mientras tanto, las organizaciones de ayuda local en la región sur de Mindanao, tratan de continuar con programas de ayuda para 300 mil desplazados por conflictos o desastres naturales. Sin embargo, el personal se encuentra bajo medidas estrictas de cuarentena o aislamiento, limitando su trabajo. El único aspecto positivo ante la crisis sanitaria es que el grupo rebelde comunista de Filipinas anunció alto el fuero el 24 de marzo.
Por su parte, Corea del Norte fue el primer país asiático en cerrar fronteras cuando el coronavirus estalló en China. Históricamente la ejecución de ayuda directa en el territorio ha sido difícil, pero las nuevas restricciones impuestas por el gobierno norcoreano han dificultado aún más la supervisión de los programas de asistencia, así como también el ingreso de dinero al país y de extranjeros, según Cruz Roja, que retrasarán el reabastecimiento de suministros para una respuesta continua al tifón Lingling.
MEDIO ORIENTE
Las organizaciones humanitarias en Líbano denuncian que el bloqueo fronterizo – más la crisis económica – afecta su capacidad de brindar ayuda a 1,5 millones de refugiados sirios que dependen de ella. Sobre todo, porque están sobrecargadas de trabajo tras la suspensión de actividades por parte de números ONGs locales. Además, con el cierre de escuelas, el servicio de comedores para los niños y las niñas se suspendió temporalmente, considerando que son áreas no esenciales en este momento.
En consecuencia, la seguridad alimentaria de miles de niños y niñas se verá interrumpida. En suma, con la crisis económica, cierre de bancos y cortes al acceso de dólares estadounidenses, hizo casi imposible la compra de suministros médicos, como también el equipo de protección personal para dar asistencia a pacientes.
Asimismo, el personal de las organizaciones humanitarias expresa su preocupación frente a que los refugiados no buscaran ayuda cuando la necesiten, ni buscaran tratamiento si desarrollan síntomas dado al crecimiento de personal policial y del ejército, responsable de hacer cumplir la cuarentena. Peor aún, los refugiados están aislados por miedo a enfermarse, quedando más expuestos al acoso y la violencia en la comunidad que ya padecen.
Las autoridades gubernamentales en Libia han anunciado el primer caso confirmado de COVID-19 en el territorio, llevando a la “pausa” de toda ayuda humanitaria. Se suspendieron los viajes de reasentamiento de refugiados, que son organizados por Naciones Unidas, incluyendo vuelos de evacuación. Por su parte, ACNUR detuvo el registro de solicitantes de asilo en Libia, así como también el trabajo de asistencia a migrantes en la capital Trípoli, reduciendo la atención médica, asistencia de dinero y distribución de ayuda.
Mientras tanto, en Franja de Gaza y Cisjordania registraron los primeros casos de coronavirus en la última semana de marzo. El miedo a una rápida propagación del virus es un hecho: en Gaza 1,9 millones de habitantes viven en campos de refugiados y zonas urbanas densamente poblados. Las medidas aplicadas en estos territorios se resumen a la aplicación de cuarentena total y obligatoria, toque de queda y escuelas cerradas. Estas medidas, junto con el hacinamiento y la incertidumbre, pueden llevar al aumento de “angustia mental y psicosocial” y la violencia de género”, según Naciones Unidas; más aún tras el bloqueo impuesto por Israel desde que HAMAS tomó control de la franja en 2007. Además, las oficinas de asistencias de UNRWA – agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos – están actualmente cerradas en Gaza debito a la pandemia.
En Siria casi 11 millones de personas necesitan de ayuda humanitaria dentro del país. Lamentablemente, las medidas para contener al coronavirus difieren según la ubicación, ya que partes del país están controladas por rebeldes, otras por el gobierno del presidente Bashar al-Assad y otras por las autoridades kurdas. Ante este contexto, las organizaciones tuvieron que modificar sus estrategias al momento de entregar ayuda. Sin embargo, la asistencia sanitaria se ha reducido y se implementaron equipos para trabajar en tareas de precaución ya que autoridades kurdas cerraron fronteras con el noreste de Siria, lo que podría llevar a que el personal internacional se retire de la región. De todas formas, las negociaciones sobre el cierre continúan en curso.
Mientras tanto, en Irak, las organizaciones de ayuda humanitaria están teniendo dificultades para llegar a los 1,4 millones de desplazados en el país. Se prohibió el ingreso de extranjeros a ciertas zonas, y los trabajadores humanitarios no fueron excluidos de esta prohibición. Por tanto, la capacidad de ayuda humanitaria se ve drásticamente reducida.
Los cinco años de guerra consecutiva en Yemen destruyeron la infraestructura sanitaria a cero, por lo que es difícil registrar casos positivos de COVID-19 y brindar asistencia sanitaria a la población. Las autoridades gubernamentales han decidido prohibir vuelos dentro y fuera del país. En efecto, personal de Naciones Unidas se redujo a niveles esenciales y suspendieron evacuaciones medicas para civiles con enfermedades crónicas. Esto conlleva al acceso restringidos de ayuda humanitaria para las 24 millones de personas que dependen de esta.
LATINOAMÉRICA
En Venezuela se bloquearon las fronteras con su país vecino, Colombia. Miles de venezolanos dependían de la compra de suministros médicos colombianos, así como vía de escape. Esto lleva a posicionar a la población venezolana a una situación de extrema vulnerabilidad frente al riesgo de contagio del COVID-19. Además, tras el éxodo de personal médico venezolano por el colapso económico del país, deja desprotegidos a los venezolanos que aun residen en Venezuela. Esto podría llevar a más disturbios sociales y políticos, con respuestas autoritarias del gobierno venezolano.
En la frontera EE.UU. – México más de 60 mil solicitantes de asilo esperan a la resolución de sus peticiones. Sin embargo, debido al brote de coronavirus en EE.UU., se dejaron de procesar nuevas solicitudes de asilo, las audiencias judiciales se retrasaron temporalmente y se autorizó a la deportación directa de aquellos inmigrantes ilegales que crucen la frontera. Estas medidas van en concordancia con la política de “PERMANECER EN MÉXICO” del presidente Donald Trump. En paralelo, autoridades de salud mexicanas están preocupados por la propagación del virus en los campamentos de migrantes al norte de México, donde sus habitantes viven hacinados y la asistencia sanitaria es irregular e insuficiente.
Los primeros casos de COVID-19 en Haiti, potenciaron los problemas que venía arrastrando el país más pobre del hemisferio occidental. “Meses de protestas por la corrupción y los precios de los alimentos y el combustible hicieron temblar al gobierno incluso antes del coronavirus” (TNH, 2020). El aislamiento social obligatorio se implemento a comienzos de marzo, pero resulta difícil de aplicar en la capital, donde la mayoría de la población vive en barrios marginales. Además, la infraestructura sanitaria es críticamente insuficiente: solo posee 3º camas de cuidados intensivos para los 11 millones de personas que habitan el país.
Si bien, el país recibe ayuda humanitaria en todos sus niveles, la precaria infraestructura habitacional y sanitaria, sumado a un gobierno que ejecuta medidas puramente restrictivas sin considerar al personal humanitario, la población haitiana se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad. CONCLUSIÓN
En palabras finales, la pandemia del COVID-19 ha modificado los patrones estratégicos de respuestas humanitarias en todos los casos. El cierre de fronteras obligó a muchas organizaciones humanitarias a reducir o suspender sus actividades, e incluso, muchas de ellas se retiraron de los territorios. Esto se debe a la falta de insumos médicos, donaciones y reemplazo del personal humanitario. Quienes se quedan, se ven sobrecargados de trabajo y disminuyen su capacidad de atender en su totalidad a aquellos que dependen de la ayuda humanitaria; permaneciendo en un limbo de incertidumbre y vulnerabilidad mayor de la preexistente.
Mientras tanto, los gobiernos comparten una línea de medidas para dar contingencia a la pandemia, como lo es la cuarentena total y obligatoria. Sin embargo, en varios casos, no contemplan que dichas medidas traen graves consecuencias en la redistribución de ayuda humanitaria.
Con respecto al Plan Humanitario Mundial de Naciones Unidas para asegurar la continuidad de ayuda humanitaria en zonas de crisis, no ha quedado claro la metodología de su implantación. Pero podemos advertir que, sin un trabajo conjunto con los gobiernos, este plan quedará en la deriva sin efectos positivos. En definitiva, es fundamental la articulación de todos los actores que tienen impacto directo en la ejecución de ayuda humanitaria – Estados, ONGs, organismos internacionales y población civil – porque sin una estrategia coherente, bajo responsabilidad compartida y orientada a un mismo fin, se podrían desperdiciar recursos financieros muy valiosos.
Para mayor información, visitar The New Humanitarian y el mapa del COVID-19 de Google, donde actualizan diariamente los casos de COVID-19 por país, según la población.
Por Denise Sanviti, Coordinadora del Observatorio de Asuntos Humanitarios