Colombia y la violencia sexual

Por Judith Banchik Kremer, miembro del Observatorio de Mujeres: política, paz y desarrollo




Desde el 28 de abril, el pueblo colombiano se manifiesta en las calles. La propuesta de reforma tributaria que el gobierno de Duque intenta implementar se sumó al contexto pandémico y a las condiciones socioeconómicas preexistentes de pobreza y desigualdad. Así, se desencadenó la ola de protestas, incluso a pesar del riesgo sanitario.


La respuesta del gobierno fue la represión y militarización de las calles, que como consecuencia deja 1040 heridos, 1081 detenidos y 26 muertos según el último registro del Ministerio de Defensa colombiano (Ministerio de Defensa Nacional, s.f); mientras que la ONG Temblores registra 3155 casos de violencia policial, entre ellos 43 muertos y 1388 detenidos (Temblores ONG, s.f.a) y la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada denuncia 471 personas desaparecidas (Coeuropa, 2021a). La vulneración de derechos fue denunciada por varias organizaciones locales (Coeuropa, 2021b) y alertó a la comunidad internacional (Amnesty International, 2021; El País, 2021; Plazas, 2021).


Además de la represión y la respuesta desmedida frente a una protesta en su mayoría pacífica, comenzaron a aparecer denuncias de violencia sexual y de género por parte de las fuerzas policiales: 22 (Temblores ONG, op. cit) y 106 (Defensoría del Pueblo, s.f), respectivamente, al momento de escribir este análisis. En este punto, podemos preguntarnos cuán extraordinaria es la violencia sexual asociada al control poblacional.


Violencia, violencia sexual y control


En el proceso de creación de los estados modernos, según la conceptualización weberiana, la violencia se convirtió en una herramienta de dominación, monopolizada por el Estado y ejercida por la policía. No obstante, la violencia sexual como herramienta de control y castigo de una población o comunidad data de antes del Estado Moderno. Por ejemplo, se ha usado como símbolo de victoria en la guerra en la Antigua Grecia, el Imperio Romano y las Cruzadas (Garrigues Garrido, 2021; Antela-Bernardez, 2008). También para la conquista territorial y el genocidio, como es el caso de la colonización en América.


El cuerpo de la mujer se ha visto y continúa viéndose como botín de guerra y/o territorio de conquista. Quienes actúan según esta creencia consideran que los abusos que se producen sobre la mujer y la niña tienen un impacto que supera al individuo. En otras palabras, que la violencia sexual es un acto simbólico a través del cual se ataca al hombre y a la comunidad que no pudo defender a sus mujeres (Ríos y Brocate, 2017). Esta lógica se basa, a su vez, en el argumento patriarcal que presupone a la mujer como propiedad del hombre.


Actualmente, existen varios instrumentos internacionales para defender los derechos de las mujeres y niñas. En el ámbito de la violencia sexual, se pueden mencionar la Convención sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Plataforma de Acción de Beijing, el Estatuto de Roma, entre otros.


La situación en Colombia


En la sociedad colombiana la división de roles, la discriminación y la violencia de género se encuentran muy arraigadas. Además de estas prácticas, que se repiten en mayor o menor medida en la región y el resto del mundo, el conflicto armado interno que atraviesa Colombia añade una capa de complejidad: las violencias sexual y de género son herramientas de terror, despojo y desplazamiento poblacional (Suárez Pinzón, 2015; Céspedes-Báez, 2010).


A pesar de que Colombia ratificó tratados internacionales como el CEDAW citado anteriormente o la Convención de Belém do Pará y cuenta con instrumentos propios, como la Ley 171 de 2006 o la Ley 1257 de 2008, los esfuerzos no parecen suficientes. Como parte del proceso de pacificación del conflicto armado, surgieron denuncias sobre violencia sexual por policias y militares (Pinzón Paz, p. 372, 2009). Solo entre 2017 y 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registra 241 casos de violencia sexual (Lanz Sánchez y Rodríguez Pabón, 2021).


En el marco de las protestas actuales, se observa el uso de la violencia, tanto física como sexual, como mecanismo de control poblacional. Sin embargo, y como vimos anteriormente, la violencia sexual contra las mujeres por parte de las fuerzas policiales no es solamente una herramienta más de control, sino que es un método de castigo doble: individual y comunal. En el primer caso, se castiga a la mujer por ocupar el espacio público, lugar que desde el lente patriarcal le corresponde al hombre. En el segundo, y como consecuencia del anterior, se castiga a la comunidad que se rebela, a través de la lógica de la mujer símbolo o canal (Ríos y Brocate, op.cit).



Reflexión final


En la historia de la humanidad, la historia reciente (como en el conflicto armado interno en Ruanda) y el caso particular de Colombia se ha usado la violencia sexual con diversos fines. Aquí hicimos hincapié en el control y castigo. Considerando su origen en la violencia patriarcal, y como acuerdan múltiples autores (Amnesty International, 2005; Suárez Pinzón, op. cit.; Pinzón Paz, op.cit.), se puede hablar de prácticas institucionalizadas en el caso colombiano.


Para revertir esta situación y debido a la complejidad del problema, el gobierno colombiano debe idear una serie de medidas que le ayuden en el corto y mediano plazo. Una posible propuesta implica pensar en leyes y políticas públicas que protejan integralmente contra las violencias sexual y de género. La Constitución Política del ‘91 y los instrumentos regionales e internacionales de la temática que ya firmó Colombia promueven esta solución. Otra opción es crear capacitaciones en materia de género destinadas al sector público en general y a las fuerzas públicas, en particular, con especial foco en el conflicto armado. En la región, se ha implementado la Ley 27499 de Argentina o Ley Micaela, aunque su aplicación es todavía reciente como para verificar su efectividad. Una tercera alternativa, que es también una lucha de los movimientos feministas regionales, es asegurar la educación sexual integral.


Como último comentario, en vista de la situación actual y su desarrollo histórico, organizaciones de la sociedad civil colombianas han comenzado a reclamar reformas en la policía. Por ejemplo, la ya citada ONG Temblores está llevando adelante la campaña “Urnas a la calle” (Temblores ONG, s.f.b), en la que utiliza disparadores para que los mismos ciudadanos compartan propuestas en un proceso de producción colectiva. Mientras que la Fundación Ideas para la Paz presentó un documento en que invita a reforzar los mecanismos de supervisión y control, fomenta la participación e intervención de la sociedad civil e incentiva un cambio cultural en las fuerzas policiales (Fundación Ideas para la Paz, 2021). Finalmente, Human Rights Watch se unió al pedido de reformas, con recomendaciones propias destinadas a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Human Rights Watch, 2021).


Bibliografía

Notas: