La inseguridad en México y su impacto en la democracia y la economía
- UBA Centro de Estudios de Política Internacional
- 22 jul
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Por Tomás Racki, Integrante del Observatorio de Política Internacional.
El dominio de la criminalidad organizada afecta negativamente al desarrollo económico y a los derechos políticos de la democracia mexicana. Sin revertir el dominio territorial de las bandas narco frente al Estado, la de México seguirá siendo una democracia trunca.
La flamante presidente electa en México y que ha asumido sus funciones desde el uno de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum, tendrá un desafío descomunal y que se arrastra hace generaciones: mitigar y mejorar los índices de la violencia que azotan al país latinoamericano. La inseguridad con la que viven gran parte de los mexicanos condiciona el desarrollo económico y democrático de su país, además de implicar un daño irreparable a la calidad de vida de la que es la segunda economía más importante de América Latina.
La seguridad ciudadana no puede entenderse si no es a través de sus dos dimensiones. Por un lado, la dimensión subjetiva plasma la sensación percibida por el ciudadano: la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la inseguridad pública del año 2024 indica que el 73% de la población mexicana se siente insegura. Esta percepción negativa afecta mayormente a mujeres (77,3%) que a hombres (69,3%). Mientras que el 60% de la población considera a la inseguridad como el problema más grave que enfrenta la sociedad mexicana.
Por otra lado, se encuentra la dimensión objetiva, que incumbe a las estadísticas de los delitos ocurridos: hoy por hoy, México cuenta con una cifra de 33,3 delitos por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios, que es el delito más sensible, registra una cantidad de 11,7 cada 100.000 habitantes para el 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Para tener idea de la dimensión de la violencia acontecida, hay que pensar que un país como Argentina, con polvorines de inseguridad rampante en el conurbano bonaerense y la ciudad de Rosario, tiene menos de 4,0 homicidios cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 11,7 del país norteamericano.
Más allá de las medidas de prevención y represión del delito, hay un componente institucional que resulta imprescindible para combatir el fenómeno de la violencia. Sin instituciones transparentes y rendidoras de cuentas ante la sociedad, el control o accountability se distorsiona, prestando a “contaminar” las instituciones con elementos afines a la delincuencia. Un claro indicador de la mencionada problemática es la “cifra negra”: la cantidad de delitos que no son denunciados porque la ciudadanía considera que no tiene sentido hacerlo. Sin una justicia que responda, los delitos quedan impunes y la ley completamente vulnerada, concretando una situación de fragilidad institucional que vuelve a México una vía libre para las bandas delictivas y el crimen organizado: de acuerdo a los diarios de este país, de los 31,3 millones de delitos que se calcula que acontecieron en el 2024, tan solo el 10,4% de ellos fueron denunciados. Entre los motivos, el 60% lo atribuye a la autoridad; el 34% a la pérdida de tiempo, entre otros temas. Sin instituciones confiables, no sólo el andamiaje interno de cada una de ellas se corrompe, sino que tampoco existen contrapesos para que las instituciones que deben interactuar entre sí lo hagan de forma eficiente.
Al fin y al cabo, las fallas institucionales impiden una de las principales funciones que tiene un Estado-Nación, que es ejercer el control sobre su territorio. Entre las causas, se destaca a la corrupción, las cárceles saturadas que en muchos casos impiden la detención de delincuentes sueltos, la impunidad de muchos delitos que no son juzgados. Ante las falencias de las instituciones estatales, el crimen organizado, con grandes bandas narcos como principales exponentes, ejercen un control territorial efectivo allí donde el Estado no responde eficientemente. Es decir, estas bandas conforman lo que podría considerarse un “Estado paralelo”: ejercen de facto funciones que legalmente no les deberían ser permitidas, como proporcionar un ingreso económico a personas carenciadas mediante su involucramiento en el narcomenudeo; el traslado clandestino de inmigrantes; o aplicar en los hechos un sistema de justicia y seguridad donde en lugar de prevalecer la ley y el orden de las fuerzas estatales imperan las armas largas de los narco-criminales. La ONG Laboratorio Electoral registra un total de 320 ataques contra políticos y candidatos mexicanos, de los cuales 93 terminaron en asesinatos; 131 en amenazas; 77 en atentados; y 17 en secuestros. Es decir, presentarse como candidato en una elección corre serios riesgos de terminar en un asesinato. En 2024, 37 candidatos fueron asesinados.
Claramente esta ausencia del Estado en los territorios dominados por el narcotráfico trae serias consecuencias para las libertades y el desarrollo económico. ¿Qué democracia puede funcionar cuando los líderes del crimen organizado ostentan un mayor poder que los líderes políticos elegidos democráticamente? ¿Qué economía puede florecer cuando los puestos de trabajo e ingresos familiares no los proporciona el capital producto del ahorro y la honestidad sino las bandas delictivas? Cuando el imperio de la ley se ve interrumpido por la violencia, se vive en un amenazante estado de barbarie, con más temor que libertad. Y mientras la inseguridad no permite un progreso armonioso de la civilización, debe invertirse más capital en mecanismos de seguridad antes que en pymes, industrias y comercios que impulsen el crecimiento y un desarrollo económico equitativo. La inseguridad rampante no solo trae consecuencias para las estadísticas del crimen, sino que constituye un grave atentado tanto para la democracia como para la economía del pueblo mexicano, y sobre todo en los barrios más humildes. Para el analista Julio Alejandro Millán (2024), la inseguridad es el principal obstáculo económico del país: el 30% de los comercios fueron víctimas de algún delito (tanto delitos comunes como del crimen organizado), implicando gastos en seguridad y pérdida de productividad e inversión. Se calcula que los costos de la violencia alcanzan el 18% del PBI.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública del año 2023, se arrojan datos que reflejan una acentuada desconfianza de la sociedad a medida que se consulta sobre instituciones de las localidades, es decir las que se encuentran más cercanas a los vecinos, como las policías municipales, las fiscalías estatales, la policía de tránsito. A la hora de conseguir una mayor seguridad en sus dimensiones objetiva y subjetiva, es menester abandonar enfoques centralistas (Millán, 2024) y abordar un plan de descentralización con el objetivo de fortalecer las instituciones locales con el fin de que emerjan activos comunitarios y se empodere a la ciudadanía, ajustando su funcionamiento a las demandas de los ciudadanos y adaptando su marcos de acción a las realidad locales que viven los vecinos. La “depuración” de elementos salpicados por la corrupción y el consecuente incremento de la confianza ciudadana en las fuerzas policiales, fiscalías y juzgados de cercanía es vital para que estos funcionen como corresponde, para que la ciudadanía se sienta más segura ganando libertades y para empezar a revertir la batalla que vienen ganando las organizaciones criminales. Sin confianza en las instituciones, esta batalla estará perdida.
Bibliografía