Por Agustina Etura, Jerónimo Moncayo, Johan Duarte Sáenz y Micaela Entivero del Observatorio de Política Internacional
Desde el pasado 28 de abril Colombia se encuentra subsumida en protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas públicas. El reclamo social comenzó de manera pacífica pero pronto se registraron ataques contra edificios del gobierno en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. Las autoridades colombianas respondieron con represión y la extralimitación policial escaló de manera rápida al punto que hoy se contabilizan más de 37 muertos, cientos de desaparecidos y miles de heridos entre los manifestantes.
Introducción
La situación despertó la alarma en el resto del mundo, organismos internacionales denuncian violación de Derecho Humanos. Pero, ¿Cómo ha llegado Colombia a esta situación? Al malestar causado por la mala gestión de la pandemia, con más de 72.000 muertos, aumento de la inflación y del desempleo, el gobierno del presidente Iván Duque decidió sumar un intento de reforma tributaria que terminó por encender el descontento social.
El proyecto llamado “Ley de Solidaridad Sostenible” proponía un aumento de la recaudación tributaria al incluir el IVA a productos de consumo básico y servicios públicos, como también cobrar un impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663 (tengamos en cuenta que el salario mínimo es de US$234). Entre los objetivos principales se destacaba evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica, y ampliar la base de recaudación tributaria. Los críticos del proyecto señalaban que era inaceptable responder ante los desafíos económicos del país con más impuestos sobre la clase media colombiana en pos de salvaguardar la confianza de organismos financieros internacionales.
Finalmente, el gobierno dio marcha atrás con el proyecto tras las protestas, incluso el Ministro de Hacienda y cerebro del proyecto, Alberto Carrasquilla renunció a su cargo. Pero en un contexto de desplome económico producto de la pandemia, hartazgo social y desconfianza política, lo que ha quedado en evidencia es el modelo neoliberal y ortodoxo colombiano cuya máxima consecuencia es ubicar al país como el segundo más desigual y excluyente de América Latina.
Es en este contexto que la sociedad civil colombiana continúa con las protestas exigiendo mejor gestión frente a la pandemia, una economía más igualitaria y urgente reforma policial. Así, el conflicto parte del rechazo a una reforma tributaria, pero ha escalado al punto de cuestionar el sistema neoliberal colombiano sostenido durante años. Teniendo en cuenta este panorama, proponemos analizar la situación en mayor profundidad desde tres ejes diferentes que consideran: los antecedentes sociales de la protesta, los aspectos relevantes de una política de salud pública y los aspectos que marcan el discurso político del líder del partido de gobierno.
Antecedentes sociales
Para entender las dimensiones que han tomado las actuales manifestaciones sociales es necesario tener en cuenta, no solo el desgaste en el tejido social que ha generado el continuismo de un mismo esquema político-económico, sino que dicho modelo está acompañado de un enfoque en defensa y seguridad que no ha podido adaptarse a un escenario de posconflicto. Al integrarse a la vida política la guerrilla más antigua del continente (FARC-EP) después del acuerdo de paz, algunos sectores políticos y militares liderados por el partido de gobierno Centro democrático, aún luchan por mantener una tradición guerrerista que busca actualizar el prisma bélico atado a la doctrina del enemigo interno, como única forma de resolución de conflictos sociales.
Sin embargo, para gran parte de la población, el prontuario de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado, las 31 masacres a las que el gobierno no reconoce y que deforma bajo el eufemismo de homicidios colectivos y los 101 líderes sociales asesinados desde el acuerdo de paz, siguen presentes en la memoria colectiva reciente, empujan a la sociedad a las calles y constituyen parte de la desconfianza ciudadana, indígena, negra y campesina frente a todo ente de control policial o militar. Es necesario señalar que la policía nacional colombiana depende del mismo órgano ministerial que el ejército nacional.
Frente a esta larga, y ampliamente conocida lista de fallas sistémicas y en materia de defensa y seguridad y crímenes contra los DDHH, la dimensión de la protesta que vive hoy el país ha alcanzado niveles inéditos tanto por el actuar masivo de diversos sectores sociales como por las formas de respuesta y represión militar e institucional que buscan mantener el orden. Antes de que golpeara la pandemia del COVID-19, y frente a las manifestaciones del 21 de noviembre del 2019, el gobierno declaró por primera vez, y después de más de treinta años, un toque de queda. Ciudades como Cali y Bogotá evidenciaron esa noche nuevas formas de disciplinamiento social caracterizadas por la coordinación de noticias falsas y operativos policiales que le hicieron creer a la población que estaba siendo atacada.
De acuerdo con fuentes locales, la noche del 22 de noviembre del 2019 “se metió miedo para que las personas salgan a comprar seguridad”. En un reporte titulado persiguiendo fantasmas, consultoras nacionales concluyen que la información brindada por el estado y la fuerza policial es contradictoria y no hay transparencia frente a lo sucedido dicha noche. A ello se le suman la serie de homicidios y excesos que han quedado registrados en video gracias a la ciudadanía: Dilan Cruz, estudiante de bachillerato asesinado por el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), ocho detenidos murieron quemados bajo la custodia de la policía en Soacha, Cundinamarca y Javier Ordoñez asesinado el 8 de septiembre del 2020 a causa del uso excesivo de pistolas taser y contusiones en la cabeza, entre otros muchos crímenes que ocurren en sectores rurales que no cuentan con la fortuna de la difusión por falta de recursos.
Este contexto de condicionamiento y represión social había estado apaciguado por las medidas sanitarias ampliamente conocidas. Sin embargo, hoy, y gracias al gran descontento que generó la reforma tributaria, atestiguamos no solo un resurgimiento de una demanda social latente e insatisfecha, sino al mismo tiempo, nuevas formas de represión y resistencia caracterizadas por el masivo uso de las redes sociales como plataformas de denuncia. Frente a este panorama, en las actuales protestas se ha denunciado cómo la represión incluye, además del tradicional uso de la fuerza y las armas, cortes en la señal de internet en lugares estratégicos, cierre de suministros y vías, un despliegue de policías infiltrados que realizan quemas y daños en espacios públicos y privados y el ataque y coerción a organismos de observación y verificación de DDHH.
Hoy, Cali y otras ciudades en Colombia están militarizadas, y a pesar de que el país ha visto casos en donde la justicia logra judicializar algunos agentes de rango menor, el país todavía se pregunta ¿quién da la orden?
La pandemia como justificación a las medidas de tendencia autoritaria
Durante el año pasado y principios del 2021, se han observado distintas estrategias para dar respuesta a la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Actualmente Colombia es el tercer país con más casos de coronavirus con 2.951.101 casos confirmados. La pandemia es un problema que afectó a todo el mundo, pero que cada país afrontó con distintas iniciativas y recursos. En este caso, debemos recordar que Colombia es un país centralizado, presidencialista y democrático. Teniendo en cuenta su pasado autoritario y la no muy lejana situación de guerra interna, también se debe mencionar que presenta altos niveles de pobreza y desigualdad entre personas y territorios.
Según el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, se realizó una simulación basada en la Gran Encuesta Integrada de Hogares, y se estima que, aún en presencia de las medidas tomadas por el gobierno nacional para apoyar a la población de menores ingresos, la tasa de pobreza pasaría de 18% a 32% y la pobreza extrema de 4,5% a 16,7%, como consecuencia directa de la pérdida de ingresos laborales en el sector informal de alrededor de 4,1 millones de personas.
Por otro lado, en sus inicios la gestión no estuvo bien coordinada y hubo algunas discrepancias entre el gobierno central y los gobiernos locales. Se observaron algunas medidas de los gobiernos locales que trataron de anticiparse a la situación, como por ejemplo el toque de queda ya mencionado o el distanciamiento social, pero estas disposiciones quedaron suspendidas cuando el gobierno central decretó que toda medida de orden público debía estar previamente coordinada con el gobierno central. Finalmente, a fines de marzo del 2020 se decretó la emergencia nacional. No obstante, se identificaron otros choques entre el gobierno central y algunos gobiernos municipales como el de Bogotá, municipio actualmente con el mayor número de casos en todo el país. Los principales choques se debían a que el presidente de Colombia había decidido reactivar algunos sectores productivos, debido a la situación económica que se estaba viviendo.
En términos de calidad y acceso al sistema de salud, se pueden identificar grandes desigualdades. Un ejemplo de esto es que 5 de los 30 departamentos en los que se divide el país no cuentan con camas de cuidados intensivos. El sistema de salud de Colombia posee una cobertura casi universal, pero existen problemas de acceso a los servicios y reducción de la capacidad hospitalaria debido a la financiación. Sin embargo, como muchos de los gobiernos latinoamericanos, el país tuvo la ventaja de que la pandemia comenzó un poco más tarde que en los países europeos y Estados Unidos. En poco tiempo se organizó una alerta máxima y Colombia entró en un bloqueo estricto y prolongado.
Con el tiempo las restricciones se flexibilizaron por razones económicas y presión social. En septiembre del 2020, Colombia reportó un desempeño aceptable en la región y el sistema de salud presentó fallas aisladas. Se amplió la capacidad hospitalaria y el país mostró eficiencia para el manejo epidemiológico. No obstante, la pandemia sacó a relucir disparidades regionales en la capacidad y el financiamiento de la salud, que requirieron la emisión de ayudas de socorro.
La efectividad de la respuesta a la pandemia se le suele atribuir a la disposición constitucional de “Emergencia económica, social y ecológica”, que le permitió al presidente tomar decisiones rápidas y autónomas. Es interesante la autonomía de decisión que proporcionó dicha disposición, principalmente porque puede ser muy estratégica a la hora de liderar una agenda política según sus propios intereses. Gracias al Puesto de Mando Unificado (PMU), se tomaron medidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para la reactivación de sectores económicos durante el estado de emergencia por el Covid-19 con un monitoreo constante de los patrones de movilidad en la región de tal modo que se puedan evaluar las medidas tomadas para contener la propagación del virus. Estamos en la presencia de algunas definiciones amplias, disposiciones poco restrictivas, y un riesgo alto de estar en presencia de otro gobierno con tendencias autoritarias.
Con este panorama, se puede comprender un poco más la situación actual del país. Además, se tiene una idea de los recursos de poder que fueron utilizados a lo largo de la pandemia, recursos que actualmente se están utilizando para responder a nuevas circunstancias. La verdadera pregunta es si la disposición constitucional y el estado de emergencia puede otorgar competencia para actuar de forma autónoma en los eventos recientes, como las represiones en contra de las protestas civiles. Durante la última semana, el PMU expresó que está tomando decisiones y preservando el orden en la ciudad.
También mencionó la crisis actual, los toques de queda y el esfuerzo de la fuerza pública para enmendar la situación. La situación sanitaria definitivamente es algo que no debe dejarse de lado, más aún cuando la desigualdad y la pobreza son altas, sin embargo, si se quiere preservar la democracia, se deben dejar de justificar las acciones con disposiciones vagas y tomar medidas consensuadas que no violen los derechos humanos ni los derechos civiles de los ciudadanos.
Estrategia del uribismo y la RMD
El 3 de mayo, en el quinto día de iniciado el paro, el expresidente Álvaro Uribe publicó un trino en su cuenta de Twitter:
Este trino desató una serie de preguntas sobre qué significaba la expresión de “Revolución Molecular Disipada”, en particular en el contexto de enfrentamientos y de una fuerte represión policial.
Aquella noción, fuertemente expandida por un sector ultraderechista, entra en el escenario colombiano, amplificada por el tuit del expresidente. Lo que indica no sólo una postura desde el uribismo (con un fuerte componente bélico y confrontativo con la protesta social) sino también una metodología frente a la protesta.
De esta manera, el expresidente enlistaba lo que se debía hacer. En un escenario donde ya se había señalado que el presidente Duque, enaltecido por el propio Uribe sólo tenía la opción de ser títere o un traidor; el tuit del exmandatario aparece en un momento de mucha tensión y se entiende el fuerte carácter perlocutivo de su trino.
Por otro lado, la referencia a la teoría expuesta por el chileno Alexis López, quien fuera invitado a exponer esta teoría en la Universidad Militar Nueva Granada, es un claro mensaje de adhesión a nuevas prácticas en términos de tácticas frente al manejo y contención de la protesta social. Además, implica una renovación discursiva para deslegitimar los movimientos sociales y su derecho a la protesta.
La retórica del uribismo en su máximo exponente victimiza a las FF.AA, liga a la legítima protesta con movimientos ilícitos y plantea una renovación discursiva que sirve de anclaje para que el aparato estatal y sectores de la sociedad civil renieguen de la protesta. Al punto de registrarse fuertes ataques de particulares y privados hacia los manifestantes.
Resistencias
En medio del caos, se han podido reconocer voces, grupos, instituciones, organizaciones, periodistas, entre otros, que registran lo ocurrido y brindan ayudas para que los manifestantes puedan continuar con el paro. A su vez, en las principales ciudades, medios locales de comunicación y medios alternativos, además de civiles han podido registrar en videos, lives, fotos lo que ha sucedido.
Más allá de las estrategias de disciplinamiento de cortar la electricidad, del aparente uso de inhibidores de señal y de la censura en redes se ha podido llevar a cabo una, para nada fácil, tarea de registro. Organizaciones como ‘Temblores ONG’ , han sido muy útiles para la difusión global de las víctimas frente a la brutalidad policial.
También es resaltable el papel de la sociedad civil, de aquellos que, sin estar de forma activa en las protestas se ha solidarizado con los manifestantes y han mostrado empatía frente al abuso de la fuerza, ayudando de manera fundamental al sostenimiento del paro.
Esto además ha sido amplificado en redes por personas que comparten contenido y que exponen la información que minuto a minuto se expone. De esta forma existe la posibilidad de que cada vez haya menos impunidad frente a estos terribles hechos.
Conclusiones
Después de varias décadas de acumulación de descontento social, después de los últimos gobiernos donde se exponenció la pobreza y se limitaba cada vez más las posibilidades de las nuevas generaciones para tener un futuro asegurado; después de varios años de descontento frente a la brutalidad policial y militar, el estallido de 2021 evidencia una coordinación espontánea de los sectores más empobrecidos, de sectores medios estancados y vulnerados, además por la pandemia, que desencadenó en un gran estallido social.
En un contexto de más de una semana de paro, de represión, de enfrentamientos, cabe preguntarse ¿cómo se puede salir de esta situación aciaga?; ¿estamos viviendo acaso el fin del uribismo y el asomo de rotundas demandas sociales que merecen ser atendidas de una vez? ¿estamos viviendo un nuevo renacer para el pueblo colombiano?
Al momento de sentarnos a escribir esta breve reflexión, las cifras que otorga el Estado y las organizaciones sociales siguen sin coincidir. Para la ONG temblores la cifra de homicidios asciende a 37 víctimas, mientras que para la defensoría del pueblo son 19. Sin embargo, hay un dato claro: en Colombia hay violación de los Derechos Humanos, situación que puso en alerta a organismos internacionales como la ONU.
No podemos dejar pasar un dato relevante, el 2022 será un año electoral para el país latinoamericano, y el actual contexto que atraviesa, sumado a la pandemia que sigue amenazando día a día su estabilidad, serán factores relevantes para saber cómo se traduce el colapso social de hoy en las urnas de mañana.
Referencias bibliográficas
Jurisdicción Especial para la Paz (2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Disponible en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx
Indepaz (2020). Líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en 2020 (actualizado al 1 de enero 2020). Disponible en: http://www.indepaz.org.co/lideres/
Blu Radio (2021). Se manipuló a la gente con supuesta entrada de vándalos a conjuntos: Cifras & Conceptos. Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/se-manipulo-a-la-gente-con-supuesta-entrada-de-vandalos-a-conjuntos-cifras-conceptos
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