Corrupción e infiltración estatal: un desafío para la seguridad y la gobernanza en América Latina

Por Diego Capoblanco, Colaborador del Observatorio de Defensa y Seguridad Internacional (CEPI-UBA).

Fuente: Chat GPT

En los últimos años, el crimen organizado en América Latina se metamorfoseó en redes difusas que penetran las instituciones públicas. Con métodos que mezclan sobornos, intimidación y tecnología; capturan municipios, corrompen elecciones y devoran recursos destinados al bienestar colectivo. El resultado es un Estado debilitado que no logra proteger a sus ciudadanos y una democracia puesta a prueba por el poder de las economías ilícitas. La relación entre crimen organizado y corrupción estatal no es nueva en América Latina, pero en los últimos años ha adquirido una dimensión inquietante. Las organizaciones delictivas han evolucionado: dejaron atrás la imagen de grandes capos que controlaban sus imperios desde la sombra y se han convertido en redes descentralizadas, flexibles y globales. Estas redes combinan poder económico, violencia y tecnología para infiltrarse en instituciones públicas, distorsionar las reglas y perpetuar un circuito de impunidad que socava la confianza en la democracia y amenaza la estabilidad de los países de la región.

El contexto regional está marcado por la confluencia de crisis económicas prolongadas y un aumento sostenido de la inseguridad. Un informe del Real Instituto Elcano destaca que las democracias latinoamericanas enfrentan un doble reto: el estancamiento económico que persiste desde hace más de una década y el avance de organizaciones criminales que han multiplicado su poder de fuego y su capacidad de penetrar las instituciones. Esta combinación alimenta el descontento social y la sensación de indefensos ante un Estado que, en ocasiones, aparece cooptado. Las redes criminales modernas aprovechan lagunas en los sistemas de control y tecnologías emergentes —como criptomonedas y plataformas encriptadas— para articular actividades de narcotráfico, contrabando, trata de personas, minería ilegal y delitos ambientales. Al operar en múltiples sectores, generan enormes recursos y los utilizan para corromper funcionarios, financiar campañas políticas o controlar territorios estratégicos. El FBI advierte que estos grupos se protegen mediante la corrupción y la violencia, adaptando sus estructuras para impedir su detección.

La infiltración estatal adopta diversas formas. En muchos municipios y provincias, las redes delictivas buscan controlar la administración local para obtener protecciones legales, influir en la adjudicación de contratos y garantizarse un trato favorable en licencias o permisos. Esto no solo les facilita sus operaciones, sino que les brinda una fachada de legalidad y una base para expandirse. A nivel nacional, el financiamiento ilegal de campañas electorales se convierte en un instrumento para capturar el poder político. A través de aportes opacos a partidos y candidatos, las organizaciones compran influencias y favores que se traducen en leyes a su medida o en la paralización de reformas que podrían perjudicarlas. Las fuerzas de seguridad y los órganos de justicia no son inmunes a esta presión: la falta de recursos, la ausencia de controles internos efectivos y los bajos salarios convierten a policías, militares y jueces en blancos fáciles de sobornos y amenazas. Cuando los encargados de perseguir el delito participan en él, la capacidad del Estado para responder se erosiona desde adentro. Esta infiltración no solo garantiza la impunidad de los delincuentes, sino que además genera represión selectiva contra rivales o líderes sociales, alimentando la violencia y desgastando la cohesión social. La captura también alcanza a organismos encargados de regular sectores clave. Empresas fachada vinculadas a redes criminales participan en licitaciones y concesiones en obras públicas, energía o minería. Las ganancias ilícitas, así blanqueadas, se reinvierten en más corrupción o en la expansión de otras actividades delictivas, distorsionando la competencia y derivando recursos que deberían mejorar la calidad de vida en un enriquecimiento privado sin control.

Hay condiciones estructurales que habilitan esta captura. Una es la fragilidad institucional: Estados con marcos normativos débiles, poca transparencia y escasa capacidad fiscal se convierten en terreno fértil para la cooptación. La desigualdad y el desempleo alimentan la base social del crimen, al ofrecer a comunidades marginadas una salida económica que el sector formal no brinda. La desconfianza hacia las instituciones, alimentada por décadas de promesas incumplidas y crisis políticas, crea un caldo de cultivo para que los grupos criminales se presenten como garantes de seguridad o proveedores de servicios. El Real Instituto Elcano subraya que el 76 % de la población latinoamericana se siente insegura y que las tasas de homicidios en la región triplican el promedio mundial; la mitad de esos homicidios está relacionada con el crimen organizado. Este entorno violento no solo genera miedo, sino que justifica, en la narrativa de los grupos delictivos, su presencia como “protectores” frente a un Estado ausente. La globalización y las nuevas herramientas digitales completan el panorama: con criptomonedas y plataformas cifradas, las redes transfieren fondos con rapidez, lavan dinero y coordinan operaciones transnacionales sin dejar rastro.

La infiltración del crimen organizado tiene efectos devastadores en las democracias. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia se compra y que las leyes se modifican al antojo de mafias, la confianza en el sistema político se desploma. El Estado pierde legitimidad y se erosiona el contrato social. La violencia asociada al crimen organizado eleva las tasas de homicidio, genera desplazamientos internos y debilita el tejido comunitario. La economía se distorsiona: las inversiones disminuyen ante la incertidumbre jurídica, el gasto público se transforma en botín y las políticas se orientan a preservar los intereses de grupos minoritarios en detrimento del bienestar general. En algunos territorios, la infiltración estatal modifica incluso los resultados electorales. La coacción y el financiamiento ilícito pueden decantar la balanza en favor de candidatos afines a las redes delictivas. Una vez en el poder, estos políticos se convierten en protectores institucionales del crimen, anulando reformas anticorrupción y debilitando aún más el Estado de derecho.

Enfrentar esta amenaza requiere más que políticas de mano dura. La lucha contra la corrupción y la infiltración estatal debe ser integral y sostenida. Es necesario fortalecer los organismos encargados de la seguridad y la justicia, profesionalizando a sus integrantes y aplicando controles internos rigurosos. La modernización de los mecanismos de contratación pública y transparencia es fundamental; la incorporación de sistemas digitales para rastrear licitaciones y el uso de análisis de datos para identificar flujos financieros sospechosos ofrecen herramientas poderosas para anticipar y prevenir la corrupción. La cooperación internacional también es imprescindible. La Unión Europea reconoció que el crimen organizado desestabiliza las sociedades al propagar violencia y corrupción y, por ello, incluyó la lucha contra las redes criminales y el fraude como una de sus prioridades para 2026‑2029. América Latina debe reforzar sus propios mecanismos de coordinación y aprovechar las plataformas existentes, como la Convención de Palermo y los acuerdos de extradición, para perseguir delitos que traspasan fronteras.

Existen ejemplos de ciudades latinoamericanas que, mediante reformas policiales y programas de participación comunitaria, han logrado reducir los índices de inseguridad. Bogotá, São Paulo y Ciudad de Guatemala han apostado por policías de cercanía, inversión social y políticas urbanas inclusivas, demostrando que es posible revertir la tendencia siempre y cuando haya voluntad política sostenida y participación activa de la sociedad civil. Estas experiencias sugieren que la solución pasa por fortalecer las instituciones locales y mejorar la presencia del Estado en los barrios más vulnerables. La educación cívica y la cultura de la legalidad son igualmente centrales: sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos de la corrupción, promover el periodismo investigativo y proteger a los denunciantes puede generar la presión social necesaria para exigir cuentas y apoyar reformas. Sin una sociedad informada y comprometida, cualquier iniciativa institucional corre el riesgo de diluirse.

En conclusión, la corrupción y la infiltración del Estado por parte del crimen organizado constituyen una amenaza existencial para las democracias latinoamericanas. No se trata solamente de delitos aislados, sino de un fenómeno que permea las estructuras de poder y perpetúa la desigualdad y la violencia. Las organizaciones criminales contemporáneas se adaptan rápidamente al contexto, utilizan nuevas tecnologías y explotan las debilidades del Estado. Enfrentarlas exige fortalecer las instituciones, mejorar la transparencia, cooperar a nivel regional e internacional y fomentar una cultura de respeto a la ley. Solo así se podrán cerrar las brechas que permiten la captura del Estado y restablecer la confianza ciudadana en la capacidad de sus gobiernos para proteger y servir.

Referencias:

Anderson, D. (2025). The fight against all forms of transnational organized crime (ODUMUNC 2026 Issue Brief). Old Dominion University, Graduate Program in International Studies. 4th-organized-crime.pdf

Council of the European Union. (2025, June 13). Council defines the EU’s crime‑fighting priorities for the next years [Press release]. Council defines the EU’s crime-fighting priorities for the next years - Consilium

Federal Bureau of Investigation. (n.d.). Transnational organized crime. U.S. Department of Justice. Retrieved October 4, 2025, from Crimen organizado transnacional — FBI

Malamud, C., & Núñez Castellano, R. (2024, November 25). América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana (ARI 154/2024). Real Instituto Elcano. https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2024/11/ari154-2024-malamud-nunez-america-latina-crimen-organizado-e-inseguridad-ciudadana.pdf