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Polonia y la Odisea de las Mujeres

Por Silvina López, miembro del Observatorio de Política Internacional.


La búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres se ha transformado en una odisea a nivel mundial. Años de militancia, legislaciones, presencia de movimientos sociales y feminismos no han logrado acabar con las brechas de género. Sumado a esto, la desigualdad se profundiza cuando es acompañada institucionalmente por gobiernos conservadores. Las mujeres polacas se encuentran hoy en una encrucijada y eligen resistir.


Fuente: Europa Press


Un nuevo canto de la odisea polaca


“Pero cuando ya se disponían a regresar de nuevo a casa, después de haber uncido las mulas y doblado los bellos vestidos, la diosa de ojos brillantes, Atenea, dispuso otro plan” [1]. Sentimos desesperación ante el destino de Odiseo torciéndose a repetición en el relato homérico. Esa sensación acompaña nuestra concepción de una odisea, y la de las mujeres polacas en la lucha por sus derechos, no es la excepción.


El 22 de octubre de este año, el Tribunal Constitucional de Polonia dispuso la inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo. De esta manera, cuando entre en vigencia esta disposición, se restringirán aún más las bases legales del aborto quitando la causal de malformación del feto. En otras palabras, las mujeres polacas sólo tendrán derecho a interrumpir un embarazo cuando éste sea producto de una violación o incesto y en el caso de que la vida de la persona gestante corra peligro.


La Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, argumentó que “eliminar el fundamento de casi todos los abortos legales en Polonia equivale prácticamente a prohibirlos y viola los derechos humanos” [2] a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, los movimientos de mujeres se manifestaron en más de 60 ciudades polacas, principalmente en Varsovia. Algunos de los lemas que se llevaron en estas manifestaciones fueron ‘Mi cuerpo, mi elección’ y ‘Esto es una mujer, no una incubadora’ [3].


Los derechos de las mujeres en Europa


La Carta de las Naciones Unidas, fuente del Derecho Internacional, contempla la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Por ello, desde el nacimiento de la ONU, la cuestión de los derechos de las mujeres está presente en el debate.


En 1946 se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, cuya finalidad inicialmente fue preparar recomendaciones para promover los derechos de las mujeres en los campos político, económico, social y educativo. En 1967, la Asamblea General de Naciones Unidas realiza la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Hacia 1979, con estas bases nace la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es un plan formulado en 1995 y es considerado el plan más progresista que ha existido para promover los derechos de la mujer por ONU Mujeres.


En línea con este acervo, el Consejo de Europa en el año 2011 crea el primer instrumento europeo legalmente vinculante que establece normas para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En él se enuncia que la violencia contra las mujeres ya no puede considerarse un acto privado, entendiendo que ésta será “una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación hacia las mujeres y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en la vida pública o privada” [4], es decir, se ofrece una visión innovadora y amplia respecto a la violencia considerándola como un acto que va mas allá de lo físico, y teniendo en cuenta un marco de bienestar para las mujeres de carácter integral.


El Convenio de Derechos Humanos es de carácter vinculante, por tanto el Consejo de Europa está facultado para controlar el debido cumplimiento por parte de los Estados. En el caso particular del Convenio de Estambul, se constituyó un grupo de expertos llamado GREVIO encargado de monitorear el cumplimiento del mismo y generar informes periódicos de cada Estado miembro. El Parlamento Europeo por su parte, “insta a los Estados miembros a que tomen en consideración las recomendaciones del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), del Consejo de Europa, y que mejoren la legislación para adaptarla a las disposiciones del Convenio de Estambul” [5].



El regreso de los conservadurismos

Desde 2015, Polonia se encuentra gobernada por Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), un partido conservador, tradicionalista y católico. Andrzej Duda, quien ocupa el cargo de presidente desde el 24 de mayo de 2015, llegó al poder de manera inesperada. Polonia había tenido una buena gestión durante la crisis europea, llevada adelante por el partido de centro Plataforma Cívica (Platforma Obywatelska) y había logrado mantener buenos indicadores económicos respecto al resto de pares europeos. Así se constituía un escenario en que la reelección de Bronisław Komorowski era esperable. No obstante, Ley y Justicia ganó las elecciones.


Entre las primeras acciones del presidente Andrzej Duda estuvo el veto de la ley de identidad de género polaca, la cual había sido aprobada por el Parlamento [6]. Así comenzaba a marcarse el rumbo antiderechos de la nueva gestión de gobierno.


En julio de 2020 Polonia ha mostrado intenciones de abandonar el Convenio de Estambul. Ante esta situación, Marija Pejčinović Burić, secretaria general del Consejo de Europa, ha expresado que de hacerse efectiva la intención del Ministro de Justicia polaco implicaría un retroceso para la protección de las mujeres contra la violencia en Europa [7].


Al interior de la sociedad polaca también se da una tensión respecto al tema de los derechos de las mujeres. El gobierno conservador considera inaceptable el Convenio desde los puntos de vista ideológico y legal, contando con el apoyo de organizaciones como el Centro Jurídico Católico Polaco, Ordo Iuris, que ha lanzado internacionalmente la campaña “Stop gender, stand for family” (Detener el género, representar a la familia) contra la adopción del Convenio de Estambul [8].


En las antípodas se encuentra el movimiento de mujeres que no dudó en salir a las calles a protestar bajo el lema “no a la legalización de la violencia doméstica” [9]. Por su parte, el Ministro de Justicia, protagonista de esta coyuntura afirmó que “el tratado era ‘perjudicial’ porque ‘contiene elementos de naturaleza política’ que obligan a las escuelas a impartir a los niños y las niñas enseñanzas sobre el género” [10].


Este tipo de debates no es nuevo en la sociedad polaca. En 2019, por citar un ejemplo, un proyecto de ley que criminalizaba la educación sexual fue rechazado por el Parlamento Europeo. Si bien la ley llevaba la etiqueta anti pedofilia, quienes se opusieron a ella la consideraban un caballo de Troya que se oponía a que se hable de sexo con menores de edad, imposibilitando así la implementación de educación sexual.



…With a little help from my friends (con una ayudita de mis amigos)

En el ámbito europeo, la oleada anti derechos no afecta sólo a las mujeres polacas. Hay varios países que, en este sentido, se muestran aliados y tratan de avanzar en conjunto.


Hungría, a pesar de haber firmado el Convenio de Estambul en 2014 y de las presiones ejercidas por parte de la sociedad civil, nunca lo ha ratificado. Durante el mes de mayo de 2020, el Parlamento aprobó una declaración rechazando el Convenio y ha buscado tejer alianzas con otros países buscando que acompañen esta decisión [11]. En este país, además se han prohibido los estudios de género en las universidades.


En Eslovaquia el aborto está permitido en las primeras 12 semanas de embarazo pero el gobierno ha intentado dificultar el ejercicio de este derecho. En 2019 se intentó aprobar una ley que obligara a la persona gestante a hacerse una ecografía para ver el feto y, en los casos que fuera posible, escuchar los latidos cardíacos del mismo [12]. Por otra parte, en 2020 se presentó un proyecto de Ley para poner trabas y dilatar el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo [13]. Ambas leyes fueron rechazadas en instancia parlamentaria, pero la amenaza a los derechos es una constante.


Durante agosto de 2020, el presidente de Turquía amenazó con abandonar el Convenio de Estambul debido a presiones ejercidas por grupos conservadores islamistas cercanos al gobierno. Éstos alegan que “el texto promueve la homosexualidad, por utilizar el término ‘orientación sexual’, y ataca los valores familiares, por describir las relaciones de ‘personas que viven juntas’ sin especificar si están casadas” [14].


El avance conservador del presidente Recep Tayyip Erdoğan ha generado respuestas por parte del movimiento de mujeres que se ha manifestado a favor del Convenio con un saldo de 33 detenidas en Ankara [15]. Las mujeres turcas habían protagonizado protestas masivas sólo unas semanas antes debido al femicidio de Pinar Gultekin, una víctima de violencia de género que había sido estrangulada, puesta en un barril y prendida fuego por su pareja [16].


¿Se llegará alguna vez a Ática?


Si bien es muy probable que el 2020 sea recordado como el año de la COVID-19, también fue el año del 75º aniversario de la creación de la ONU y del 25º aniversario de la Plataforma de acción de Beijing. Ambas ocasiones conmemoran el recorrido que se ha hecho en materia de derechos de género y también son el puntapié para proyectar una ampliación en derechos humanos.


Las mujeres se encuentran en una encrucijada en casi todos los rincones del planeta. No sólo deben defenderse de la violencia de género (que supo alcanzar el estatus de pandemia antes del surgimiento de la COVID-19), sino también de la violencia institucional ejercida por aquellos gobiernos que buscan la restricción del ejercicio de los derechos humanos. Esto exige un atento e incansable seguimiento junto con acciones directas. Vemos ante cada violación de los derechos la presencia inclaudicable de los movimientos sociales en el espacio público, visibilizándose, poniendo el cuerpo incluso cuando no es seguro salir de los hogares.


La batalla parece nunca concluir para las mujeres. Ya no se trata sólo de ir por la conquista de nuevos derechos, con lo ardua que puede ser la tarea. También, ante una oleada de gobiernos conservadores, se debe procurar no perder los derechos adquiridos. ¿Terminará algún día la odisea de la persecución de igualdad de derechos? ¿Podrán las mujeres descansar alguna vez en Ática sin tener que dar batallas constantes, arriesgando su integridad, en pos de la equidad?



Referencias Bibliográficas



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