Matrimonio igualitario en Cuba: ¿un camino hacia la igualdad de derechos?

Por Camila Torres, integrante del Observatorio de Mujeres: política, paz y desarrollo.


La lucha por el matrimonio igualitario en América Latina data ya de varias décadas, alcanzando resultados muy variados en cada uno de los Estados latinoamericanos. En los últimos años el caso cubano ha adquirido especial relevancia a nivel regional debido a la intención de incorporar el matrimonio igualitario en la propuesta de la nueva Constitución redactada en 2018.


Fuente: lanotta.com

Lucha y resistencia

Debido a la fuerte resistencia por parte de algunos sectores de la sociedad, el mismo fue eliminado del documento que se aprobó en 2019, con la promesa de ser incluido a partir de la modificación en el Código de Familia. En este sentido, a principios de mayo de este año el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) dio inicio a la 14ta edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y Transfobia con el objetivo de allanar el camino para alcanzar la legalización del matrimonio igualitario en el marco de la reforma del Código de Familia cubano, que comenzaría a debatirse este año en la Asamblea Nacional.

Si analizamos este fenómeno político-social desde una perspectiva regional, Cuba está inserta en un continente que se encuentra en segundo lugar (luego de Europa Occidental) en relación a la cantidad de países en los que el matrimonio igualitario fue legalizado .Teniendo esto en cuenta, es pertinente preguntarse ¿Cómo es que ha llegado Cuba a este momento de su historia?

Una historia de opresión

La discriminación hacia las disidencias sexuales, sobre todo a travestis, mujeres trans y varones homosexuales tiene ya una larga historia en Cuba. Desde el punto de vista sociocultural, esto puede asociarse a la concepción de “masculinidad” que se ha ido forjando durante los últimos siglos, en la que se constituye un “ideal” de hombre cubano que tiene como características innatas: la virilidad, agresividad, potencia, autoritarismo, violencia, entre otras (Robledo Díaz, 1998, pág. 1). Esta construcción en el ideario cubano deviene en una estigmatización de las diversidades que no se atañen a las características antes mencionadas.

Sin lugar a dudas, una de las sombras más oscuras en cuanto a las violaciones de Derechos Humanos en el marco de la Revolución Cubana tiene como protagonistas a las diversidades sexuales. Desde 1959 se registró en Cuba la persecución de miembros de la comunidad LGBTQ+, política que continuó a partir de 1965 con la instauración de Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). Estos establecimientos funcionaban como campos de trabajo forzado que buscaban transformar en miembros productivos de la sociedad a individuos considerados como “rebeldes” o “peligrosos”, entre los cuales se incluía a las disidencias sexuales. (Negrón-Muntaner, 2008, pág. 165).

Si bien los UMAP fueron eliminados en 1967, debido a las fuertes críticas por parte de la comunidad internacional, la discriminación impartida desde el Estado cubano hacia las diversidades sexuales continuó. Un claro ejemplo fue el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, en el marco del cual se estableció a la homosexualidad como una patología, vicio contagioso e incluso se expresó la necesidad de impedir que las personas homosexuales fueran contratadas para trabajar en ámbitos educativos para niños/as, adolescentes y jóvenes (Robledo Díaz, 1998, pág. 5).

En las últimas décadas, algunas de estas formas de discriminación fueron desapareciendo y, progresivamente, se alcanzó el reconocimiento de ciertos derechos de la comunidad LGBTQ+.

¿El camino hacia una Cuba moderna?

Fuente: New York Times

La llegada del nuevo milenio marca el inicio de una intensificación de la lucha por la reivindicación de los derechos de las disidencias sexuales. El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que había sido creado en 1989, pasa a tener un lugar central en la conquista de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Este organismo, dependiente del Ministerio de Salud Pública cubano, se ha encargado de implementar iniciativas que buscan erradicar la homofobia y reivindicar los derechos de las disidencias sexuales, promoviendo la tolerancia.

Estas iniciativas, antes mencionadas, contribuyeron con la cristalización de ciertas conquistas como por ejemplo: la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, el establecimiento de la gratuidad de las cirugías de reasignación de sexo, y la realización de campañas nacionales de tolerancia y concientización a través de los medios de comunicación, escuelas, ámbitos culturales, entre otros.

En este sentido, el Estado cubano pasó a tener una actitud mucho más tolerante hacia la comunidad LGBTQ+. Incluso en el año 2010, Fidel Castro asumió públicamente su responsabilidad por la persecución de homosexuales durante la década de los 60 ́ (BBC, 2010).

Es en este contexto de mayor inclusión, entra en juego la posibilidad de legalizar el matrimonio igualitario, debate que tiene como principal impulsora a Mariela Castro Espín, directora del CENESEX e hija de Raúl Castro.

El debate en torno a este tema ha suscitado fuertes críticas por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, muchos de los cuales iniciaron una intensa campaña de propagación de mensajes de odio. Las Iglesias evangélicas han tenido un rol clave dentro de los sectores más reticentes, y la cúpula de la Iglesia católica cubana también se pronunció en contra (Águila Sánchez, 2020, pág. 358).

De todas formas, si bien la inclusión del matrimonio igualitario en la Constitución fue pospuesta hasta que se trate la reforma del Código de Familia durante este año, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información relevó que el 77% de la población cubana está a favor de que las disidencias sexuales tengan iguales derechos que las heterosexuales (BBC, 2019), por lo que existe una gran probabilidad de que el matrimonio igualitario en Cuba sea efectivamente legalizado.

Sin embargo, no todo es color de rosas en el camino hacia una Cuba moderna e inclusiva. Una significativa diferencia con el resto de los países de la región es la débil organización política de la comunidad LGBTQ+, en su lugar, es el Estado quien institucionalizó su lucha y se colocó como líder en la reivindicación de los derechos de las disidencias sexuales. En el caso de Argentina (el primer Estado latinoamericano en legalizar el matrimonio igualitario), fue la lucha histórica de la comunidad LGBTQ+ y diversas organizaciones sociales las que conquistaron, institucionalizaron y presionaron para que el Estado de lugar a los procesos de legalización e incorporación de derechos en los últimos años.

La debilidad de la organización colectiva de la comunidad LGBTQ+ cubana no es casual, sino que se debe a las limitaciones existentes en el territorio de ese país a la hora de poder conformar y articular organizaciones sociales, e incluso en la concepción negativa que existe a nivel cultural en torno a estas formas de agrupación. Este prisma, puede verse incluso en una entrevista realizada a Mariela Castro Espín en la que establece que es necesario evitar que los homosexuales se organicen puesto que esto “podría conducir a un episodio de autosegregación, de aislamiento, y no de mayor vinculación social y naturalización de su condición sexual al interior de la sociedad” (Negrón-Muntaner, 2008, pág. 175).

Es siguiendo esta lógica que podemos preguntarnos cuáles son las motivaciones del Estado cubano a la hora de implementar este tipo de medidas inclusivas. Teniendo en cuenta que la política cubana se encuentra en una nueva etapa de apertura hacia la comunidad internacional, y sin olvidar el fuerte carácter homofóbico que ha manchado a la historia de la Revolución Cubana, ¿podría entenderse a esta nueva política de inclusión, en general, y a la legalización del matrimonio igualitario, en particular, como un intento de integrarse al orden mundial?

Si bien bajo ningún concepto se pone en duda la importancia de los pasos que se fueron dando para que se garanticen y protejan los derechos de las disidencias sexuales, es pertinente preguntarse, como lo hace Frances Negrón Muntaner (2008), ¿Son estos esfuerzos por la inclusión un acto de democratización o un intento de legitimar el régimen vigente hasta el momento, buscando remediar las violaciones ocurridas medio siglo atrás?


Referencias bibliográficas