Hackear máquinas, moldear mentes: ciberataques, desinformación y seguridad ontológica en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
Por Joaquín Asensio, Colaborador del Observatorio de Defensa y Seguridad Internacional (CEPI - UBA).
El 17 de septiembre de 2026, el Poder Ejecutivo argentino envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Presentado bajo el paraguas de la Causa Malvinas, el texto crea un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional, incorpora la dimensión cibernética y la protección de infraestructuras críticas, y tipifica la interferencia extranjera ejecutada mediante operaciones coordinadas de desinformación. Su tratamiento en el recinto de Diputados está previsto para el 21 de octubre. Surgen entonces múltiples interrogantes: ¿son el ciberataque y la desinformación amenazas del mismo tipo? ¿Qué es, exactamente, lo que la ley busca proteger?
En su conferencia de prensa del 22 de septiembre, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que el proyecto busca dotar al Estado de herramientas frente a "las amenazas de nuestro tiempo" y redefinió la defensa nacional para abarcar riesgos "cinéticos o no cinéticos". Sobre el artículo 111, aclaró que la figura no castiga noticias falsas ni opiniones individuales, sino operaciones de interferencia ejecutadas por cuenta, orden o financiamiento de un actor extranjero para manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas y masivas (Casa Rosada, 2026). Ante Diputados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, fue más explícita e incluyó los ciberataques entre las nuevas amenazas que justifican la reforma (A24, 2026).
El discurso oficial agrupa ambas amenazas bajo una misma lógica de defensa, pero la teoría sugiere que operan sobre objetos distintos. Brantly y Smeets (2020) definen las operaciones cibernéticas ofensivas como acciones realizadas a través de redes informáticas para interrumpir, negar, degradar o destruir información o los propios sistemas. Se trata de un proceso técnico, que requiere reconocimiento, intrusión y persistencia dentro de la red atacada. Lindsay (2025) ubica estas operaciones dentro de lo que denomina secret statecraft, el uso de engaño organizado para obtener ventajas estratégicas, y distingue dos formas de acción encubierta: el sabotaje, que degrada capacidades, y la subversión, que moldea ideas. En su formulación, el primero hackea máquinas; la segunda, mentes.
La desinformación pertenece a este segundo tipo. Rodríguez Andrés (2018) la define como un fenómeno intencional, basado en la difusión de información falsa, que utiliza a los medios como vehículo, funciona como arma contra un adversario y se ejecuta de manera organizada, por lo general sin atribución o atribuida a fuentes falsas. Estos dos últimos rasgos son precisamente los que recoge el artículo 111: lo que se castiga no es la mentira en sí, sino la operación coordinada y encubierta.
Si el ciberataque compromete la ciberseguridad, es decir, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, la desinformación compromete otra cosa: la seguridad ontológica. Giddens (1991) definió este concepto como la confianza en la continuidad de la propia identidad y del entorno, sostenida por rutinas y por una narrativa biográfica coherente. Steele (2008) lo trasladó a las Relaciones Internacionales para mostrar que los Estados actúan para sostener su identidad incluso a costa de su seguridad física. Lauzon Chiasson (2021) da un paso más al identificar la seguridad ontológica como el blanco de la guerra de información: estas operaciones destruyen el sentido de una comunidad y ofrecen uno nuevo, ilusorio, que dota a sus adherentes de un origen, una misión y capacidad de agencia. Así, transforman una ansiedad difusa en un miedo con un enemigo concreto.
La distinción no siempre es nítida en la práctica. El robo de correos de John Podesta en 2016, que alimentó la campaña conspirativa conocida como Pizzagate, muestra cómo un ciberataque puede aportar el "núcleo de verdad" que vuelve creíble una operación de desinformación (Lauzon Chiasson, 2021). Lindsay (2025) advierte, en el mismo sentido, que sabotaje y subversión suelen mezclarse en las operaciones reales.
Leído desde este marco, el proyecto adquiere una dimensión adicional. La elección de Malvinas como eje no es solo retórica: se trata de quizá el relato más estable de la identidad nacional argentina, con un origen, una misión y una comunidad claramente definidos. Según Lauzon Chiasson (2021), un relato nacional con sentido fuerte es la mejor defensa frente a la guerra de información. Al inscribir la ciberseguridad y la desinformación en la Causa Malvinas, el Gobierno no solo crea instrumentos de sanción, sino que refuerza el relato que busca proteger.
El mismo autor advierte, sin embargo, que el relato de una nación siempre está en evolución y que el desacuerdo interno es normal. Solo se convierte en un problema de seguridad cuando un actor extranjero o subversivo intenta manipularlo de forma clandestina mediante el engaño. Esa es exactamente la frontera que pretende trazar el artículo 111, y por eso el problema decisivo es la atribución. El proyecto alcanza a quien actúe por cuenta, orden, bajo control, con financiamiento o en beneficio de un actor extranjero, una fórmula que recuerda al espectro de responsabilidad estatal de Healey retomado por Brantly y Smeets (2020), que va desde el Estado que ignora un ataque hasta el que lo ejecuta directamente. La pregunta es en qué punto de esa escala se ubica el umbral y quién lo determina: según el texto, el Consejo de Seguridad Nacional, con facultades para adoptar medidas urgentes antes de iniciar un procedimiento.
Ahí se concentran las críticas. Legisladores opositores, constitucionalistas y organismos de derechos humanos advierten sobre la posibilidad de sanciones sin juicio previo y sobre un eventual efecto inhibitorio en la prensa (elDiarioAR, 2026), una preocupación que Rodríguez Andrés (2018) permite comprender: si los periodistas son el vehículo habitual de la desinformación, cualquier norma que la persiga inevitablemente los roza. Lindsay (2025) agrega dos advertencias. Por un lado, cuestiona la inflación de amenazas en el debate sobre ciberseguridad, ya que los datos muestran mucho espionaje y desinformación, pero poca disrupción catastrófica. Por otro, señala que los controles de contenido, incluso en democracias, pueden parecerse a los sistemas de control autoritarios. El Gobierno, por su parte, sostiene que la norma no impide publicaciones, no exige autorización previa y solo alcanza operaciones con respaldo extranjero (Casa Rosada, 2026).
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional marca un cambio significativo en la manera de concebir la seguridad en Argentina: del territorio a la información, y de la supervivencia física del Estado a la continuidad de su identidad. Si bien responde a amenazas reales, reúne bajo un mismo sistema dos fenómenos que operan sobre objetos distintos y que exigen respuestas distintas. Lauzon Chiasson (2021) sugiere que frente a la desinformación no basta con desmentir o sancionar, sino que es necesario generar sentido.
En última instancia, quedan abiertas preguntas fundamentales: ¿Puede una misma ley responder a amenazas que atacan sistemas y amenazas que atacan sentidos? ¿Quién determinará, y con qué pruebas, que una campaña responde a un actor extranjero? ¿Puede la protección del relato nacional convivir con el desacuerdo que lo hace democrático?
Referencias:
A24. (2026). María Ibarzábal Murphy defendió en Diputados el proyecto de Defensa de Soberanía Nacional. https://www.a24.com/politica/maria-ibarzabal-murphy-defendio-diputados-el-proyecto-defensa-soberania-nacional-n1604143
Brantly, A., & Smeets, M. (2020). Military operations in cyberspace. En A. Sookermany (Ed.), Handbook of military sciences. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02866-4_19-1
Casa Rosada. (2026, septiembre 22). Conferencia de prensa del Vocero Presidencial, Adrián Ravier, desde Casa Rosada 22-09-2026.
elDiarioAR. (2026). El Gobierno defendió el proyecto que habilita sanciones sin juicio previo y persigue "campañas de desinformación". https://www.eldiarioar.com/politica/gobierno-defendio-proyecto-habilita-sanciones-juicio-previo-persigue-campanas-desinformacion_1_13570819.html
Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford University Press.
Lauzon Chiasson, J. (2021). Meaningfulness and meaninglessness in ontological security: Understanding information warfare's fundamental principles. Études canadiennes / Canadian Studies, 91, 141–163. https://doi.org/10.4000/eccs.5250
Lindsay, J. R. (2025). Defining secret statecraft. En Age of deception: Cybersecurity as secret statecraft (pp. 23–46).
Rodríguez Andrés, R. (2018). Fundamentos del concepto de desinformación como práctica manipuladora en la comunicación política y las relaciones internacionales. Historia y Comunicación Social, 23(1), 231–244. https://doi.org/10.5209/HICS.59843
Steele, B. J. (2008). Ontological security in international relations: Self-identity and the IR state. Routledge.
Comentarios