Argentina bajo disputa: narrativas globales después del Mundial

Por Facundo Jurisich, Estudiante avanzado de Ciencia Política (UBA). Especialista en teoría política y geopolítica. Redactor en Diario El Gobierno.

Durante el Mundial de 2026, la discusión sobre la selección argentina desbordó la cancha. Sospechas de favores arbitrales, gestos racistas de algunos hinchas e incidentes posteriores a la final fueron presentados no como hechos particulares, sino como pruebas de un carácter nacional: la Argentina sería racista, tramposa, soberbia o incapaz de perder. Dentro del país, esas críticas comenzaron a ser interpretadas como una “campaña antiargentina”. Lo que estaba en juego ya no era sólo el fútbol, sino la identidad del país¹.

Para muchos estudiosos de las relaciones internacionales, específicamente de la escuela constructivista, las identidades de los Estados no son atributos fijos: también se forman en la interacción con otros. Las narrativas no sustituyen la realidad material, pero ayudan a darle significado. Describir a un país como aliado, amenaza o nación racista condiciona los intereses que se le atribuyen y las respuestas que parecen legítimas frente a él².

El movimiento central de la narrativa acusatoria consistió en trasladar conductas de jugadores o hinchas al conjunto de la sociedad. Que existieran hechos cuestionables no valida esa generalización: las conductas aisladas de individuos o grupos no demuestran un rasgo esencial de toda una sociedad. Señalar hechos permite exigir responsabilidades; fijar una identidad hace que cada episodio nuevo confirme una condena ya formulada.

La respuesta argentina tampoco fue monolítica. Al menos cuatro formas distintas de construir un “nosotros” aparecieron en la discusión. Una primera respuesta construyó un “nosotros” nacional: frente a las críticas externas, la pertenencia argentina se ubicó por encima de las diferencias políticas internas. Pedro Rosemblat llevó esta posición al extremo al afirmar que prefería a cualquier argentino, incluso libertario, antes que a un progresista español o un izquierdista chileno³. La reacción rechaza que desde el exterior se atribuyan características negativas al conjunto del país, reservando las críticas para el debate interno. Pero puede tener un costo: si toda crítica externa se interpreta como un ataque contra los argentinos, también pueden quedar desestimados hechos concretos que sí merecen ser discutidos, como algunos comportamientos violentos efectivamente registrados durante el torneo.

Una segunda respuesta también defendió una identidad argentina común, pero desde su diversidad. En lugar de negar las conductas cuestionadas, distinguió entre esos comportamientos y la sociedad en su conjunto. Martín Caparrós, por ejemplo, rechazó la caracterización de Argentina como un país esencialmente racista al mismo tiempo que reconoció formas de discriminación presentes en su historia y su sociedad⁴. En esta lectura, defender al país admite la existencia de los problemas señalados desde el exterior, pero cuestiona el salto que convierte acciones particulares en atributos permanentes de una comunidad nacional.

Una tercera respuesta trasladó la controversia hacia una identidad ideológica transnacional. Javier Milei respaldó el mensaje de Agustín Laje que atribuyó la campaña al kirchnerismo y al “wokismo”⁵. Las acusaciones contra la Argentina quedaron así integradas a una batalla cultural más amplia, en la que actores nacionales y extranjeros fueron agrupados según su pertenencia a campos políticos enfrentados. El conflicto ya no separaba simplemente a argentinos y extranjeros, sino a quienes el oficialismo identifica como defensores de Occidente de un conjunto de adversarios asociados con la izquierda y el progresismo internacional.

En una parte de la izquierda apareció una construcción igualmente transnacional, aunque de signo opuesto. Fernando Scolnik cuestionó la idea de priorizar la solidaridad con un libertario argentino sobre la afinidad con sectores de izquierda de España o Chile⁶, mientras Myriam Bregman rechazó que la denuncia de una campaña antiargentina implicara cerrar filas con Milei⁷. En estos casos, la nacionalidad deja de ser el principal criterio para definir aliados y adversarios: las afinidades ideológicas, políticas o de clase pueden pesar más que compartir ciudadanía. La disputa, entonces, no refiere solamente a qué imagen de la Argentina prevalece, sino también a quiénes incluye cada actor cuando habla en nombre de un “nosotros”.

Nada de esto prueba una operación coordinada. Conviene distinguir entre la circulación de contenidos hostiles, su amplificación por algoritmos, medios y figuras públicas, y la organización deliberada de una campaña. Los dos primeros fenómenos pueden producir una percepción de asedio sin conducción central. Además, llamar “campaña” al conjunto ya es una intervención política: identifica enemigos, ordena aliados y desalienta ciertas críticas internas.

Los efectos no son hipotéticos. Durante el Mundial, la Embajada de Francia declaró persona non grata en su sede a la vicegobernadora mendocina Hebe Casado y condicionó la participación de sus funcionarios en reuniones con Mendoza después de un mensaje suyo sobre la selección francesa⁸. La medida fue personal, pero trasladó una expresión en redes al terreno diplomático. Días después, sin mencionar el torneo, el DNU 681/2026 incorporó los mensajes de odio contra argentinos entre las causales de inadmisión o expulsión de extranjeros, invocando razones de seguridad nacional⁹. No puede demostrarse que la controversia mundialista haya causado el decreto, cuya orientación es consistente con la agenda política del Gobierno. Sin embargo, sí cabe preguntarse si acaso el clima generado por la polémica contribuyó a volver políticamente más plausible una medida de este tipo.

En una esfera pública atravesada por las redes sociales, gobiernos, medios y usuarios compiten por definir a los países en tiempo real. Esas representaciones pueden afectar negociaciones, cooperación diplomática, decisiones económicas o la legitimidad de lo que puede hacerse contra un Estado. Por eso, la dimensión narrativa debe formar parte de la seguridad nacional: requiere monitoreo, diplomacia pública, coordinación y respuestas oportunas. Pero su condición es la credibilidad. Negar hechos comprobables o calificar toda crítica como ataque puede consolidar la imagen que se intenta combatir. El desafío es disputar significados sin perder contacto con los hechos: en el mundo contemporáneo, también allí se ejerce poder. Notas:

[1] Infobae, 22/7/2026; Associated Press, 29/7/2026.

[2] A. Wendt, Social Theory of International Politics, 1999; E. Adler, “Seizing the Middle Ground”, 1997. Un ejemplo clásico de Wendt ilustra esta lógica: para Estados Unidos, cientos de armas nucleares británicas pueden resultar menos amenazantes que un número mucho menor de armas norcoreanas, porque las capacidades materiales adquieren significado a partir de relaciones socialmente construidas de amistad y enemistad. La misma perspectiva permite estudiar cómo determinadas categorías públicas —aliado, enemigo, Estado agresor o amenaza— condicionan las respuestas consideradas legítimas frente a otros actores.

[3] A. Ramírez, X, 24/7/2026.

[4] M. Caparrós, X, 22/7/2026.

[5] J. Milei, X, 22/7/2026.

[6] F. Scolnik, La Izquierda Diario, 24/7/2026; X, 24/7/2026.

[7] M. Bregman, X, 24/7/2026.

[8] D. Torres Cabreros, El País, 13/7/2026.

[9] Decreto 681/2026, Boletín Oficial, 30/7/2026.