Entre negocios y la guerra: cómo la seguridad privada redefine los conflictos del siglo XXI
- UBA Centro de Estudios de Política Internacional
- 20 jul
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Por Krysia Pirillo, Licenciada en Relaciones Internacionales. Consultora de Asuntos Públicos. Colaboradora del Observatorio de Defensa y Seguridad Internacional (CEPI - UBA).
En marzo de 2025, el recién reelecto presidente ecuatoriano Daniel Noboa sorprendió al anunciar una “alianza estratégica” con Erik Prince, ex SEAL de la Marina estadounidense y fundador de Blackwater, para reforzar la lucha contra el narcotráfico y custodiar las aguas ecuatorianas frente a la pesca ilegal. Lejos de ser un episodio aislado, el acuerdo puso sobre la mesa una paradoja que atraviesa a los Estados desde la pos-Guerra Fría: después de una década de recortes y desmovilizaciones, el avance de la globalización introdujo nuevas amenazas transnacionales y, con ellas, un ciclo de rearme que hoy empuja a muchos gobiernos a incrementar sus presupuestos de defensa —e incluso a barajar el regreso del servicio militar obligatorio—. En ese terreno movedizo, las compañías militares y de seguridad privadas (CMSP) proporcionan una alternativa interesante: permiten desplegar capacidades logísticas, de inteligencia o de combate con rapidez y cierta opacidad contractual, externalizando funciones que durante siglos fueron monopolio estatal y cubriendo vacíos normativos que la regulación internacional todavía no logra cerrar.
La privatización de la guerra hoy
El politólogo P. W. Singer acuñó una definición que sigue resultando precisa: las compañías militares y de seguridad privadas son “organizaciones impulsadas por el lucro que comercian servicios profesionales íntimamente ligados a la guerra”. Su avance, lejos de estancarse, se aceleró durante las últimas tres décadas. En la primera Guerra del Golfo había un contratista por cada cien soldados estadounidenses; en Bosnia la proporción cayó a uno cada cincuenta y, cuando comenzó la invasión a Irak en 2003, se llegó uno por cada diez. Esa curva ascendente responde a una ecuación delicada: los Estados necesitan sostener operaciones cada vez más dispersas en un escenario de amenazas mutantes —terrorismo, ciberataques, pesca ilegal, organizaciones criminales transnacionales— mientras el reclutamiento voluntario no alcanza para cubrir las bajas.
Ese déficit operativo abrió la puerta a una industria privada en plena expansión. Las CMSP ya no se limitan a custodiar oleoductos o a escoltar convoyes; hoy venden un “menú a la carta” que abarca planificación estratégica, recopilación de inteligencia, ciberdefensa, entrenamiento de fuerzas locales, mantenimiento de bases, suministro logístico e, incluso, despliegue de unidades de choque. La mayoría de sus plantillas está integrada por oficiales retirados y suboficiales veteranos de ejércitos de la OTAN, Rusia, Sudáfrica o Latinoamérica que llegan con experiencia probada y encuentran en la empresa privada salarios y seguros que superarían ampliamente a los de una carrera militar estatal prolongada. De Blackwater a DynCorp, de Wagner a Frontier Services Group, el modelo es similar: capitales transnacionales, estructura societaria opaca y capacidad de movilidad global casi instantánea.
Para los gobiernos, el atractivo se explica en dos frentes. El primero es económico: contratar un equipo específico suele costar menos que mantener una fuerza de planta con jubilaciones, servicios de salud, entrenamiento permanente, entre otras prestaciones. El segundo es político: las acciones de estas empresas ocurren en una opacidad que amortigua la responsabilidad estatal; si un operativo se mancha, el escándalo se procesa como “exceso individual” de un contratista y no como fallo sistémico de las Fuerzas Armadas. Basta recordar que, tras la divulgación de las torturas en Abu Ghraib, los pocos condenados fueron soldados rasos; los civiles implicados quedaron atrapados en juicios civiles interminables y sin penas equiparables. Este mismo patrón se repite cuando observamos a Dyck Advisory Group bombardeando posiciones insurgentes en Cabo Delgado mientras Frontier Services Group asegura rutas mineras chinas en África: la línea de mando formal se diluye y la sanción internacional se complica.
El problema, claro, es que la regulación avanza a “paso de tortuga”. El artículo 47 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra clasifica al mercenario y le niega la protección de combatiente, pero la definición es tan estrecha que la mayoría de los empleados de CMSP queda fuera; la Convención de la ONU de 1989, orientada a individuos y no a sociedades, solo fue ratificada por 38 Estados; y el Documento de Montreux de 2008, si bien detalla buenas prácticas, no genera obligaciones jurídicas. El resultado es una “zona gris” donde un contratista es considerado civil… salvo que dispare; en ese instante pierde la inmunidad, pero nadie tiene claro qué tribunal debería juzgarlo ni bajo qué fuero.
Todo esto lleva a la pregunta incómoda: ¿hasta qué punto estas firmas —con su flota de drones y francotiradores subcontratados— podrán reemplazar a los soldados regulares en los próximos conflictos? Y, más aún, ¿quién asumirá la rendición de cuentas cuando el negocio de la guerra tercerizada choque con los límites del Derecho Internacional Humanitario?
¿Erosión del monopolio estatal de la fuerza?
Max Weber describía al Estado moderno como quien ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Hoy, la expansión de las CMSP parece desdibujar progresivamente ese principio: los gobiernos ya no contratan solo escoltas o analistas, sino paquetes completos de fuerza letal que abarcan desde drones armados hasta artillería de precisión y equipos de asalto. Al delegar esas misiones, las democracias amortiguan el impacto político de las bajas propias, mientras que los regímenes autoritarios aprovechan la opacidad contractual para proyectar fuerza más allá de sus fronteras sin asumir abiertamente la responsabilidad. Paradójicamente, esa “seguridad a la carta” puede abaratar intervenciones, pero también prolongar conflictos, pues las empresas, como toda corporación, dependen de que la guerra —o la amenaza de guerra— continúe para sostener su modelo de negocios.
Mirando hacia adelante, la pregunta ya no es si los Estados seguirán contratando firmas privadas, sino cómo mutarán estas compañías en un campo de batalla cada vez más automatizado y despoblado de soldados humanos. A medida que los ejércitos adoptan sistemas autónomos — como drones kamikaze—, las CMSP deberán reconvertir sus plantillas en ingenieros de datos, pilotos remotos y especialistas en guerra cibernética. Frente a esa posibilidad, legisladores y organismos multilaterales enfrentan el desafío de diseñar marcos de transparencia, trazabilidad y responsabilidad penal antes de que el negocio —más que la estrategia— dicte las reglas del combate.
En un mundo donde los soldados escasean y la tecnología avanza, la seguridad privatizada promete llenar el vacío, pero también obliga a repensar el contrato social que vincula ciudadanía, Estado y uso legítimo de la fuerza. ¿Podrá la comunidad internacional establecer límites claros antes de que la lógica comercial termine de desdibujar aquella frontera que, según Weber, constituía la esencia misma del Estado?
Referencias:
Arango, María Julia (2018). La privatización de la guerra: nuevas perspectivas para el siglo XXI. Revista Ágora. https://www.anu-ar.org/notas/agora/2018/privatizacion-de-la-guerra.html
Brayton, S. (2002). Outsourcing War: Mercenaries and the Privatization of Peacekeeping. Journal of International Affairs, 55(2), 303–329. http://www.jstor.org/stable/24358173
Cato Institute. (2009). Contractors and Cost Effectiveness.
Center for Constitutional Rights. (2017). Accountability for Torture by Private Military Contractors. https://ccrjustice.org/home/get-involved/tools-resources/fact-sheets-and-faqs/accountability-torture-private-military
Centre Delàs. (s. f.). Multinacionales de defensa: la privatización de la guerra. https://centredelas.org/actualitat/multinacionales-de-defensa-la-privatizacion-de-la-guerra/?lang=es
Comité Internacional de la Cruz Roja. Retos contemporáneos del DIH: privatización de la guerra - Panorama. https://www.icrc.org/es/document/retos-contemporaneos-del-dih-privatizacion-de-la-guerra-panorama
Martha Minow, Outsourcing Power: How Privatizing Military Efforts Challenges Accountability, Professionalism, and Democracy, 46 B.C. L. Rev. 989 (2005).
Macías, Andres. Compañías Militares y de Seguridad Privadas: ¿Privatización de la Seguridad y Defensa de los Estados? http://bit.ly/4jFNjWO
Singer, P. W. (2001). Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramifications for International Security. International Security, 26(3), 186–220. http://www.jstor.org/stable/3092094
The Guardian. Ecuador enlists founder of Blackwater as ally in “war” on crime. https://www.theguardian.com/world/2025/mar/12/ecuador-president-blackwater-alliance
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