Por Lic. Banchik Kremer, Judith; Lic. Sanviti, Denise, Lic. Viola, Daniela, y Sandoval García, Macarena
Según un informe reciente de la World Meteorological Organization (WMO), “[l]os últimos seis años, incluido 2020, han sido los seis años más cálidos de que se tiene constancia” (p. 6, 2021). Estos aumentos en la temperatura del agua, la tierra y la atmósfera producen las olas de calor, inundaciones, sequías, huracanes, incendios y otros fenómenos que se observan en la actualidad y con creciente intensidad desde hace algunas décadas.
El último reporte de Gap Emissions que presentó la UNEP (2021) mostró una serie de actualizaciones con respecto al estado de las emisiones de los gases de efecto invernadero: los principales causantes del cambio climático. La más importante de ellas es que los compromisos de mitigación anunciados por los estados no serán suficientes para reducir las emisiones al nivel acordado en París, en otras palabras, aquellos que limiten el aumento de la temperatura global a 1,5°C. Más aún, de continuar con las tendencias actuales el aumento de temperatura para fin de siglo será de 2,7°C. Este valor implica que los efectos del cambio climático serán todavía más virulentos, además de que evidencia una baja o insuficiente aplicación y una falta de coordinación interestatal.
El confinamiento global durante 2020, producto de la pandemia del COVID-19, tuvo un impacto positivo porque redujo la emisión de gases de CO2 en un 5,4% (UNEP, op.cit). No obstante, los mismos análisis esperan un rebote en 2021 por el regreso de la actividad productiva, el transporte de bienes y la circulación poblacional a niveles pre-pandémicos. Por otro lado, la pandemia produjo un nuevo tipo de residuos en cantidades masivas: los elementos de seguridad e higiene para prevenir y tratar el virus (cubrebocas, ambos descartables, guantes, jeringas, etc.), que contaminan las aguas y perjudican sus ecosistemas.
Cuando se hace foco en América del Sur se observan varios de los fenómenos producto del cambio climático ya mencionados que están poniendo en peligro los recursos naturales, como ser la Amazonía, el Acuífero Guaraní o el Gran Chaco, fuentes de diversidad biológica incalculables, y las vidas de quienes habitan la región (WMO, op.cit). Ante la necesidad de tomar acciones para reducir el impacto humano, social, económico y medioambiental, los Estados deben tomar decisiones y ejecutar políticas que tienen un gran potencial de perjudicar económicamente a su población a corto plazo, en una región que ya cuenta con altos porcentajes de pobreza.
En suma, los efectos del cambio climático, así cómo también las medidas para prevenirlo impactarán con mayor fuerza en las poblaciones más vulneradas. En este sentido, las mujeres, niñas y adolescentes son y serán los grupos más afectados.
Desde una perspectiva de Derechos Humanos, Género e Interseccionalidad, el presente trabajo tiene como objetivo dar los primeros pasos hacia una evaluación inicial sobre los efectos del cambio climático y las políticas públicas en las mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, se analizarán de qué manera las desigualdades estructurales de género potencian los impactos y efectos del cambio climático y las políticas públicas y, en suma, cómo intervienen otras dimensiones que son fuentes de discriminación y que actúan cómo limitantes en el acceso a derechos y refuerzan formas de violencias contra esta población vulnerada.
Los efectos del cambio climático en mujeres, niñas y adolescentes
En las últimas décadas, la comunidad internacional comenzó a notar los vínculos existentes entre el ambiente y las cuestiones de género, con especial foco en los efectos desproporcionados que el cambio climático tiene sobre las mujeres, niñas y adolescentes alrededor del mundo.
Numerosos informes internacionales confirman que los grupos más pobres y marginados de las sociedades (las mujeres, los ancianos, los inmigrantes, los grupos indígenas/originarios, entre otros) son estructuralmente vulnerables, especialmente a los efectos del cambio climático. De todos ellos, suelen ser las mujeres quienes perciben de forma más clara los impactos negativos de esta crisis debido, en gran parte, a los roles, responsabilidades y posibilidades delimitados por las desigualdades de género tanto a nivel del hogar como de la comunidad (UNDP, 2016).
Un estudio reciente de la World Meteorological Organization (WMO) confirmó que los impactos severos y, en muchos casos, irreversibles del cambio climático, así como sus riesgos asociados, afectan de forma desproporcionada a las mujeres, niñas y adolescentes. El hecho de que estos efectos perjudiciales no sean neutrales al género se debe a que la vulnerabilidad de género individual es una expresión de las desigualdades de género existentes y los diferentes roles y relaciones basadas en el género que se desarrollan en la sociedad (World Meteorological Organization, 2019).
A su vez, en términos materiales, aquellas poblaciones que se encuentran marginadas social y económicamente son más vulnerables a los efectos nocivos del cambio climático. Por lo tanto, las mujeres, al representar un porcentaje significativo de las personas que viven bajo la línea de la pobreza a nivel mundial son aún más vulnerables a las consecuencias climáticas.
La CEDAW sugiere que las desigualdades económicas basadas en el género tienen como consecuencia que las mujeres y, en particular, las jefas de hogar, tengan mayores riesgos de vivir en la pobreza y, por lo tanto, de habitar viviendas inadecuadas en áreas tanto urbanas como rurales de bajo valor, que suelen ser las más vulnerables a los efectos climáticos como las inundaciones, tormentas, avalanchas, terremotos y otros riesgos (CEDAW, 2018).
Asimismo, la crisis climática exacerba desigualdades de género preexistentes y también agrava aquellas formas de discriminación Inter seccional contra mujeres no solo viviendo en la pobreza, sino también aquellas que pertenecen a poblaciones indígenas, a minorías étnicas, raciales, religiosas y sexuales, a mujeres con discapacidades, a aquellas con estatus de refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas, sin estado y migrantes, a mujeres rurales, solteras, adolescentes y ancianas.
Estos múltiples contextos de desigualdad de género limitan el control que las mujeres y las niñas tienen sobre la toma de decisiones sobre sus propias vidas y al acceso a los recursos sociales y ambientales necesarios, tales como comida, agua, productos agropecuarios, acceso al crédito para la tierra, energía, tecnologías, educación, salud, protección social y trabajo. Estas desigualdades estructurales tienen como consecuencia que las mujeres y las niñas conformen aquellos grupos vulnerables con mayores posibilidades de estar expuestos a los riesgos inducidos por desastres naturales y a las pérdidas relacionadas con sus medios de vida, siendo a su vez menos capaces de adaptarse a los efectos del cambio climático.
El informe del Malala Fund, A greener, fairer future: Why leaders need to invest in climate and girls’ education (2021), refuerza la idea de que los sistemas sociales y económicos actuales, que son los que han agotado los recursos naturales de la tierra, también impactan negativamente en las mujeres y las niñas ya que dependen y a su vez refuerzan las normas patriarcales y aquellos valores que establecen roles de género desiguales.
De este modo, en un mundo donde las mujeres adoptan trabajos no remunerados y usualmente invisibilizados, pero donde también existe una falta de acceso a derechos como la educación, la dependencia de los recursos naturales para su sustento y el hecho de que los trabajos de las mujeres suelen ser peor remunerados que aquellos de los hombres, tiene como consecuencia que las mujeres y las niñas se vean mucho más expuestas a riesgos vinculados al cambio climático y, a su vez, impacta en su capacidad para adaptarse, prevenir y recuperarse de ellos.
La desigualdad en términos de oportunidades económicas y en el acceso a recursos productivos genera que las mujeres sean más vulnerables al cambio climático porque suelen ser más pobres, reciben menos educación y no están involucradas en procesos de toma de decisiones políticas, tanto en su comunidad como en su propio hogar, lo que afecta directamente a sus vidas y oportunidades. (UNDP, 2016). A ello se suma que las mujeres suelen tener menos bienes y dependen más de los recursos naturales para su subsistencia. En términos de acceso a derechos, las mujeres alrededor del mundo suelen tener más impedimentos en términos legales, por ejemplo, en el acceso a la tierra, un recurso crucial para la reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. De este modo, la pobreza y la marginalización socio-económica y política de las mujeres y las niñas las pone en una gran posición de desventaja para hacer frente a los impactos adversos del cambio climático. (UNDP, op.cit)
Las mujeres, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe es conocida por ser la región con mayor desigualdad del mundo, lo que exacerba los efectos que el cambio climático tiene sobre sus recursos ambientales y su población. Es en este contexto que las mujeres, niñas y adolescentes latinoamericanas sufren niveles muy altos de vulnerabilidad climática y ambiental. No obstante, al día de hoy no contamos aún con datos y números concretos que reflejen de forma precisa esta situación, pero sí se han redactado algunos documentos que intentan recopilar algunos hallazgos.
Como se ha mencionado previamente, desde una perspectiva de género es posible afirmar que el cambio climático tiene impactos asimétricos en las mujeres, que se encuentran fuertemente vinculados a las desigualdades socioeconómicas de la región. La vulnerabilidad en estos términos genera menor capacidad para amortiguar los riesgos climáticos, limitando la capacidad adaptativa de las mujeres, lo que a su vez refuerza la posibilidad de ser empujadas a mayores niveles de pobreza al impactar de forma directa en el acceso a los medios de subsistencia.
De acuerdo a un informe de la CEPAL, los impactos del cambio climático pueden profundizar la división sexual del trabajo y la organización social del cuidado en América Latina, una región donde se han confirmado las persistentes injusticias con respecto al tiempo que dedican las mujeres a las tareas de cuidado no remuneradas (Aguilar Revelo, 2021).
Asimismo, el cambio climático tiene efectos directos sobre los recursos naturales esenciales para la subsistencia como el agua, la fuente de energía y los recursos pesqueros. Suelen ser las mujeres rurales, indígenas y campesinas las responsables de la alimentación familiar y la provisión de estos recursos básicos para sus familias, por lo que la escasez de ellos suele implicar mayor tiempo y trabajo por parte de ellas para garantizar el bienestar de sus familias.
En relación a la capacidad de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos persisten en la región. En consecuencia, a pesar de que muchas mujeres, especialmente mujeres rurales y de pueblos originarios, dispongan de conocimientos específicos y valiosos para proporcionar soluciones sustentables a los impactos climáticos, sus posibilidades de participar en espacios de decisión relevantes son obstaculizados por la desigualdad de género existente tanto en el nivel del hogar como de la comunidad.
Por último, el informe destaca que la concentración de poder y las relaciones de jerarquía basadas en el género en el ámbito público y las estructuras institucionales sobre cuestiones vinculadas al ambiente y el cambio climático existentes en la región generan limitaciones en cuanto al acceso de las mujeres a espacios de toma de decisión y de ejercicio del poder.
En su informe La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (2019), la CEPAL destaca algunos sectores de impacto del cambio climático y los desastres naturales, considerando las consecuencias que tienen estos en la vida de las mujeres.
Uno de ellos es el sector agropecuario, donde el informe asegura que, si bien es un sector significativo en términos económicos para la región, presenta diferencias de género si se considera la calidad del empleo, el acceso diferenciado a insumos, tecnologías agrícolas, tenencia de la tierra y activos financieros. Las desigualdades percibidas por las mujeres dentro de este sector afectan directamente sus capacidades de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.
De acuerdo al informe, en la región las mujeres se encuentran en desventaja ya que tienen menor acceso a títulos de tierras y encabezan solamente entre un 8% y un 30% de las explotaciones agrícolas, con efectos no solo sobre la producción sino también sobre sus condiciones de sustento económico y alimentario. Asimismo, el informe asegura que, para afrontar los efectos del cambio climático en este sector, las mujeres suelen recurrir a diversas estrategias de supervivencia o adaptación como la reducción del consumo de alimentos o el consumo de alimentos de menor valor nutricional, que pueden verse a su vez afectadas por sus responsabilidades de cuidado y su limitada autonomía económica, lo que también puede implicar riesgos para su salud.
Otro de los sectores de impacto son los centros urbanos, en los cuales vive el 80% de la población de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en las ciudades persiste la segregación espacial y el acceso segmentado a los servicios de calidad de acuerdo a la situación económica de las personas. Las poblaciones más vulnerables suelen habitar áreas periféricas de las ciudades donde suelen existir mayores riesgos ambientales y al cambio climático.
El informe destaca que las desigualdades urbanas como las carencias habitaciones y el menor acceso a servicios públicos y transporte de calidad implican costos adicionales respecto al tiempo que lleva a los sectores más vulnerables acceder a los trabajos y el mayor tiempo que debe dedicarse al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados para compensar la falta de servicios, que recaen mayoritariamente en las mujeres. Esta situación incrementa los niveles de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático que podrían percibir las mujeres.
Otras consideraciones: el género cómo categoría analítica
Como se ha desarrollado en el presente artículo, los esfuerzos llevados a cabo en el marco de la comunidad internacional se focalizan en la categoría de género, uno de los elementos distintivos de la economía de género (Pérez Orozco, 2014, p. 44). Por lo tanto, la cuestión central en relación al desarrollo de políticas públicas está sujeta a la definición de ‘mujer’ como sujeto político. Estos esfuerzos implican una superación del enfoque androcentrista y también de la corriente del Feminismo de la Diferencia, dejando de lado las diferencias biológicas binarias y el análisis exclusivo de datos cuantitativos.
Según indica Annie Leclerc (1977), quien fue una de las principales exponentes del Feminismo de la Diferencia, la ‘superación’ de la lógica patriarcal capitalista tomaría la forma de un matriarcado no capitalista, es decir, invirtiendo’ la dialéctica amo-esclavo dentro del dualismo cartesiano hombre-mujer y hombre-naturaleza. A diferencia de dicha corriente, el feminismo posmoderno se ubica por fuera de los dualismos cartesianos de la modernidad. Estos dualismos suponen un cuerpo cerrado al exterior y un esquema de dominación amo-esclavo en el que los primeros dominan a los segundos: Objetividad-Subjetividad, Dios-Hombre, Hombre-Naturaleza/ Cultura-Naturaleza, Hombre-Mujer. Donna Haraway indica que el desarrollo del capitalismo según la modernidad ha sido patriarcal, dado que el conocimiento “objetivo” se ha desarrollado por parte de los hombres: la ciencia “objetiva” apuntó al conocimiento y dominación de la naturaleza, y así también ha conocido y dominado a la mujer. Al igual que desarrolla Orozco (2014) “(...) el conocimiento es siempre un proceso social que sirve a fines políticos (...)” (p. 44), es decir, a la legitimación de la desigualdad.
Por lo tanto, en la posmodernidad se puede verificar que la ruptura del binarismo es transversal tanto a la ciencia biológica como a la política y, por lo tanto, evidencia que no son cuestiones separadas, ni esenciales o universales. La categoría ‘mujer’ es una categoría política, no biológica, que asimismo tampoco es equiparable a la definición moderna/cartesiana de la ‘naturaleza’ acorde a la cual la ‘mujer’ es una categoría asociada al cuidado y generación de la vida (esto se puede verificar en el hecho de que las tareas de cuidado son las más precarizadas y suelen no ser reconocidas en tanto actividades mercantiles, la penalización del aborto, etc.).
Cómo desarrolla Agenjo Calderón (2016), es necesario trascender las dicotomías del discurso económico androcéntrico (p. 98), para así abordar el cuidado de la vida (Pérez Orozco, 2006) desde otra perspectiva [1] , ya que “Bajo la preeminencia de la acumulación de capital, la vida está siempre bajo amenaza, porque no es más que un medio para el fin del beneficio. Siempre hay dimensiones de la vida y vidas enteras sobrantes, que no son rentabilizables; o que son más rentables destruidas que sostenidas” (Pérez Orozco, 2014, p.52). Agenjo Calderón refiere a que se debe incluir una dimensión ética en el análisis de la economía, en donde la discusión trasciende los debates en torno a la inclusión en los mercados capitalistas y a la continuación de la vida per se, sino en condiciones dignas (p. 98).
Por lo tanto, en la lucha contra el cambio climático y sus impactos sobre las poblaciones vulnerables es preciso, como se indicó anteriormente, deconstruir las relaciones cartesianas binarias de dominación, en la cual la naturaleza está separada de lo humano y la categoría ‘mujer’ está asociada a la naturaleza, lo dominable. La superación de estos dualismos da lugar a nuevos textos respecto a los cuales el feminismo puede codificar nuevos significados. “El capitalismo avanzado es inadecuado para transportar la estructura de este momento histórico. En ese sentido, el fin del hombre está en juego” (Haraway, 1995, p. 274). Un ejemplo de esta definición no-única ni natural es lo propuesto por Judith Butler (2001), que plantea la construcción de una no-identidad política no-binaria.
No obstante, es preciso dar cuenta de que las formas ecofeministas de pensar la lucha contra el cambio climático en términos de diversidad identitaria no binaria, participación y acción colectiva, son cooptadas y recodificadas: “Establecer redes es tanto una práctica feminista como una estrategia de multinacional corporativa, entretejer es para los cyborgs opositores” (Haraway, 1995, p. 291).
Esto se evidencia en lo que se conoce como ‘greenwashing’ y ‘pinkwashing’, prácticas corporativas que se focalizan en combatir el cambio climático y la desigualdad de género, respectivamente. El término alude a que desvían la atención de la necesidad de cambios estructurales a nivel social, económico y político que implicarían intrínsecamente un cambio en el modelo de producción y de consumo del cual esas corporaciones se benefician. Como ejemplo se puede mencionar el caso del fast fashion, cuyas consecuencias principales son el empobrecimiento y contaminación de países subdesarrollados [2] siendo que, además, las mujeres representan el 80% de la fuerza laboral en la confección textil (Clean Clothes Campaign).
Dado que el enfoque de género, a diferencia de la categoría biológica de sexo, puntualiza en cuestiones socioeconómicas y culturales cambiantes, también es preciso mencionar que la ruptura de los dualismos cartesianos implica de por sí una perspectiva decolonial. Al poner en cuestión la modernidad cartesiana, también se pone en cuestión la construcción del conocimiento y del poder que se utilizó no sólo para dominar a las ‘mujeres’ (en el sentido cartesiano del término), sino también en función del poder colonial occidental. De hecho, la diferencia del impacto del cambio climático entre países es síntoma de la desigualdad y la explotación económica, y es funcional al mantenimiento de esa relación de poder. Como indica Cravero (2010), la materialidad del discurso de la modernidad se sostuvo a lo largo de los siglos por el saqueo de las geografías y el trabajo de los sujetos colonizados/subalternizados (p. 13).
Esto se denomina como imperialismo ecológico, concepto conectado estrechamente con el racismo ambiental (Machado Aráoz, 2010). El imperialismo ecológico (...) refiere a los mecanismos históricamente variables de apropiación forzada y transferencia sistemáticamente asimétrica de bienes y servicios ambientales desde los territorios subalternizados hacia los centros de poder y consumo, al ‘financiamiento’ del poderío económico de las economías dominantes en base a la degradación ecológica de las periferias (...) (Machado Aráoz, 2010, p. 1902).
Según indica Amnistía Internacional (2021) y como se ha desarrollado en la primera parte del presente artículo, el cambio climático está agravando las desigualdades entre las naciones desarrolladas y en desarrollo, entre distintas etnias y clases, entre generaciones y entre comunidades (siendo las comunidades indígenas las más afectadas), y entre géneros; es decir que las mujeres que más sufren el cambio climático son las mujeres racializadas, pobres, indígenas, rurales y de los países en desarrollo, y son las niñas las que en particular sufrirán el agravamiento de los efectos del cambio climático. No es posible definir a la ‘mujer’ en una categoría esencial, única o universal, ni tampoco desterritorializada, como resalta el concepto de la interseccionalidad.
Reflexiones finales
Por lo expuesto en el presente trabajo, que forma parte de una investigación en curso por este equipo académico, analizar las variables ‘cambio climático’ y ‘género’ no resulta sencillo ya que la información es limitada o casi inaccesible por falta de datos específicos al tema. Si bien es cierto que en los últimos años los estudios de género han incrementado en su volumen y potencialidad analítica para entender en mayor medida de qué manera las estructuras de género impactan sobre la realidad, aún son pocas las investigaciones que trabajan esta combinación de variables.
Aunque es notoria la consternación de la comunidad internacional, organizaciones sociales y la población civil respecto al impacto y el avance de los efectos del cambio climático, existe un gran vacío en la actuación estatal para generar políticas públicas sensibles al medio ambiente. En consecuencia, son menores los incentivos e intenciones de vincular el medio ambiente y las cuestiones de género en políticas estatales.
Como bien se mencionaba anteriormente, las mujeres, niñas y adolescentes se encuentran en una situación de vulnerabilidad desproporcionada frente a los impactos del cambio climático. Por tanto, dichos efectos no son neutrales al género y se encuentran directamente vinculados y potenciados por las desigualdades preexistentes que afectan a las poblaciones históricamente marginalizadas (World Meteorological Organization, 2019). En este escenario, las limitaciones para generar mayor amortiguación frente a los riesgos climáticos adquieren características estructurales que frenan la capacidad adaptativa de las mujeres, niñas y adolescentes. En consecuencia, se genera una cadena de efectos negativos al ser empujadas a mayores niveles de pobreza debido a: limitaciones a los medios de subsistencia (pérdidas de tierras por catástrofes naturales, usurpación y/o expulsión ilegítima, avance de los cordones agrícolas-ganaderos), pérdida de escolaridad, dificultades en el ingreso al mercado de trabajo, precarización laboral, entre otros.
Estos contextos donde se identifican distintas dimensiones de desigualdad de género limitan el control que las mujeres, niñas y adolescentes poseen sobre la toma de decisiones sobre sus propias vidas y el acceso a los recursos sociales y ambientales necesarios, tales como comida, agua, productos agropecuarios, acceso al crédito para la tierra, energía, tecnologías, educación, salud, protección social y trabajo.
Como bien explica Castañeda Camey et al. (2020), existen normas de género que enmarcan distintos tipos de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, incluso a otras identidades; y se constituyen como “medio[s] de control, subyugación y explotación que alimenta aún más la desigualdad de género” (p. 4). Sumado a los efectos del cambio climático, hay claros signos de violencia de género que se utiliza con estos objetos de dominación sobre los recursos naturales que, como bien sucede en América del Sur, mayoritariamente son administrados a través de comunidades y familias, y son las mujeres quienes adquieren un rol protagónico en el uso de la tierra y la producción agrícola. La inacción, pasividad e indiferencia del Estado para contrarrestar estas desigualdad frente a un mundo donde el cambio climático está haciendo estragos deja en evidencia su alta responsabilidad en la manutención y promoción de “dinámicas de poder de género y desiguales en todos los sectores y contextos, incluido en relación con la propiedad, el acceso, el uso y los beneficios de los recursos naturales” (ibid., p. 4).
Frente a este desafío, consideramos fundamental emprender la tarea de iniciar una investigación que logre superar (en la medida de lo posible) la escasa información sobre la temática y, de esta manera, lograr entender de qué manera las mujeres, niñas y adolescentes son afectadas discrecional e incrementalmente por los efectos e impactos del cambio climático. Esto es aún más necesario para América Latina, donde al vínculo entre ambiente y género se suman de forma clara variables vinculadas a las desigualdades socioeconómicas persistentes en la región, que incrementan los efectos negativos del cambio climático y la capacidad de adaptación de las mujeres y las niñas, como parte de las poblaciones vulnerables que se ven primera y mayormente afectadas por este fenómeno.
Este equipo académico cree que, desde una perspectiva de Derechos Humanos, de Género e Interseccionalidad, se podrá construir un bagaje de información confiable, suficiente y satisfactoria que aportará a la comprensión de la problemática.
Bibliografía:
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[1] Pérez Orozco (2014) indica: “Posteriormente hemos cuestionado esta idealización del asunto. Si bien es cierto que los cuidados tienen un impacto directo en el bienestar, no es menos cierto que las motivaciones y sentimientos tras ellos no son tan idílicos. En ese sentido, hemos pasado a hablar de la ética reaccionaria del cuidado, que impone la responsabilidad de sacar adelante la vida en un sistema que la ataca como definitoria del ser mujer y como algo a resolver en los ámbitos invisibilizados de la economía, allí donde no se mira y desde donde no se genera conflicto político. Desde esta óptica, hablamos de cuidados para referirnos al conjunto de actividades que, en última instancia, aseguran la vida (humana) y que adquieren sentido en el marco de relaciones interpersonales (es decir, los sujetos involucrados en una relación económica interactúan, establecen vínculos entre sí; gestionan una realidad de interdependencia)” (p.90).
[2] “El problema estriba en que las multinacionales que externalizan su producción consiguen vender tan barato, entre otras cosas, porque en países como Camboya, Bangladesh o Vietnam los salarios son precarios y los derechos de los trabajadores no están garantizados. "El sueldo de los trabajadores textiles en estos países no supera los 200 dólares mensuales, lo cual no puede calificarse de ‘justo’ ya que no cubre las necesidades básicas de una persona", recuerdan desde la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona,. Y no será por falta de recursos, porque los ingresos de Inditex en el 2015 eran superiores al PIB de Camboya” (Sardà, 2018).
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