Patria y vida

Por Joana Valdez, Santiago Delgado y Milagros Andurell, integrantes del Observatorio de Asistencia Humanitaria.

El 11 de julio de 2021 se lanzaron miles de manifestantes a las calles de Cuba, protestando por la situación humanitaria que enfrenta el país, con un alto nivel de contagios alarmantes y con el sistema sanitaria colapsado. Por otro lado, el país enfrenta una grave situación de escasez de alimentos que está dejando a la población en una situación de extrema pobreza, debido a la dificultad para encontrar alimentos básicos.


Agencia Anadolu

Varias causas fueron las que desembocaron en las protestas cubanas, una de ellas fue debido a la situación sanitaria que vive el país producto de la pandemia por coronavirus. El 2 de julio de 2021, Cuba marcaba su peor récord de casos en un día, así como de fallecidos, en el peor rebrote de la pandemia desde marzo de 2020. Al día 23 de julio, el virus del covid-19 continuaba en propagación, marcando 7.748 positivos en un día, más que duplicando el máximo alcanzado el día 2 de julio, siguiendo una tendencia en alza. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los servicios públicos sanitarios se encontraban saturados, debido a la suba de casos.

Cuba, un país con formación en el ámbito médico de gran prestigio, y que en las fases tempranas de la pandemia colaboró con Italia y España mandando médicos y material sanitario buscando frenar la propagación, ha sufrido un importante rebrote del virus en las últimas semanas.

Por otro lado, se ha convertido en el único país de Latinoamérica productor de una vacuna, con cinco fórmulas diferentes, de las que Abdala y Soberana 02 son las más punteras, con eficacia probada de más del 91%, y que ya está siendo usada con sus propios ciudadanos, aunque avanza más lentamente que otras vacunas.

No obstante, Cuba no ha comprado vacunas en el mercado internacional, ni es parte del mecanismo Covax de la OMS, creado para que países de ingresos medios y bajos puedan acceder a la vacuna. Cabe preguntarse, si la medida se debe a que es un país puntero en la industria médica, logrando producir sus propias vacunas, o si se trata de una medida proteccionista que busca una solución desde dentro de la propia Cuba, para realzar el papel del régimen en el gobierno del país.

Otras de las causas de las protestas se debe a la situación económica que el país cubano vive, que no solo es generada como consecuencia de los efectos de la pandemia por coronavirus, sino que también esta situación viene arrastrándose de años anteriores. Las circunstancias económicas de la pandemia, se dieron por un gran golpe al sector turístico internacional, que recibía muchos turistas de todo el mundo. También, se relaciona con el embargo que el gobierno estadounidense de Trump, continuado en el gobierno actual de Biden, le realizó a Cuba. Pero con la disminución de viajes al exterior por la pandemia, también disminuyeron las demandas de servicios médicos cubanos, y el ingreso de productos y alimentos esenciales que no se producen en la isla.

Otros de los factores que motivaron a los cubanos a salir a las calles es el descontento social causado por la falta de alimentos esenciales para sobrevivir, sin encontrar soluciones en el Estado.

Y, como consecuencia de las manifestaciones, la respuesta del dirigente del Partido Comunista Cubano y presidente de la República Cubana, Miguel Díaz-Canel, fue alentar a los partidarios de la revolución a defender las calles y a luchar por la defensa de la revolución y sus principios, actitud que sin duda es sorprendente y preocupante viniendo del jefe del Estado. El gobierno de Díaz Canel, decidió frenar las protestas utilizando sus fuerzas de seguridad acudiendo al enfrentamiento con los ciudadanos cubanos, en donde miles de ellos fueron encarcelados de forma ilegítima.

Si bien las protestas se manifestaron de manera pacífica, se pronunciaron otros mandatarios del gobierno, afirmando que los manifestantes eran “violentos” y “vándalos”, palabras del ministro de exteriores, Bruno Rodríguez. Esta situación generó, que los “revolucionarios cubanos” salgan al mismo tiempo a las calles generando caos civil, y dando pie a las fuerzas para comenzar a reprimir y encarcelar a ciudadanos, activistas y periodistas.

Como bien se expresaron en las protestas, de manera colectiva y pacífica, los pedidos más destacados según el informe de la OEA, fueron, más libertades civiles, cambios en la estructura política del país, como así también, pedidos sobre la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, que se acentuaron con la llegada de la pandemia por la covid-19.

Los cubanos que salieron a las calles, utilizaron la protesta social y pacífica, herramienta fundamental para ser escuchados ante su gobierno, quién este último debería general instrumentos de derecho que se garanticen y se respeten desde el estado.

Destacando, que la CIDH repudió y condenó las decisiones del gobierno cubano de acudir a las fuerzas ante las protestas, haciendo un llamado de atención al Estado a reconocer, proteger y garantizar los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, sin discriminación por motivos políticos.

Durante la semana entrante a la protesta del 11 de julio, mientras miles de personas continuaban privadas de su libertad, algunas en situación de prisión domiciliaria incluyendo a activistas y periodistas independientes, el gobierno cubano seguía investigando quiénes habían sido los organizadores principales de las manifestaciones, dando a entender que existía un líder o un opositor en contra, desestimando la participación de muchas personas que se enteraron de la protestas por las redes sociales y salieron a las calles a manifestar su descontento de ineficacia estatal social, económico y de salubridad. Así, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), solicitó de inmediato que el gobierno cubano pusiera en libertad a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta.

Si bien la cifra oficial de detenidos no ha sido brindada por el gobierno cubano, distintos organismos han monitoreado la situación. La asociación Cubalex registró 837 personas detenidas en el contexto de las protestas. Dentro de ese número, estiman que 33 personas se encontraban entre las edades de 14 y 18 años y que al menos 4 menores de 16 años fueron detenidos. En relación a esto, resulta relevante remarcar que la legislación cubana fija la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años por lo que la justicia fue impartida de manera extrapenal y administrativa sin tener en cuenta las garantías del debido proceso. Asimismo, el 14 de julio, Prisoners Defenders denunció ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU la búsqueda de 187 personas presuntamente desaparecidas en las manifestaciones y en sus domicilios.

Posteriormente, a raíz de las protestas del 11 de julio, tuvieron lugar los primeros juicios y las respectivas condenas contra los manifestantes fundamentadas en diferentes tipos penales que van desde propagación de epidemia a terrorismo, pasando por desorden público, desacato e instigación a delinquir.

Según denunció Cuban Prisoners Defenders, los manifestantes estarían siendo procesados por medio del Atestado Directo. Este procedimiento implica un pasaje de la investigación policial a la vista oral sin acusación fiscal ni proceso, tratándose de "un proceso policial, no judicial". Así, el mismo consistiría en una versión expedita del juicio sumario y violaría la garantía del debido proceso establecido en los artículos 94 y 95 de la Constitución, la legislación internacional y el derecho a la defensa efectiva.

En relación a esto, la CIDH y sus Relatorías Especiales informaron la recepción de reportes que expresan que las sentencias se habrían dictado luego de un juicio sumario en el que la mayoría de los acusados no contó con defensa legal de conformidad con estándares interamericanos en la materia, y cuyas sentencias establecieron penas de 10 meses a 1 año de cárcel. Asimismo, los reportes denunciaron detenciones arbitrarias, incomunicación y falta de defensa de personas detenidas y el uso de figuras penales como forma de criminalizar la participación en las protestas.

Por su parte, autoridades judiciales de Cuba confirmaron 19 procesos judiciales ante los tribunales municipales con 59 personas involucradas y negaron la existencia de juicios “sumarísimos”. Asimismo, el canciller Cubano, Bruno Rodríguez, negó la existencia de menores de edad detenidos o desaparecidos en el país asegurando que se cumplen "todas las garantías" legales cubanas para quienes permanecen bajo arresto.

Más recientemente, el 17 de agosto de 2021, Cuba publicó en la Gaceta Oficial un nuevo marco legal en materia de telecomunicaciones. Entre los instrumentos, se destacan el Decreto-Ley N° 35 titulado “de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico” del Consejo de Estado y la Resolución 105/2021 bajo el nombre de “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad” del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM). En líneas generales, este reglamento tipifica 17 delitos de ciberseguridad que varían entre los niveles de peligrosidad de medio a muy alto. Con un muy alto nivel de peligrosidad y bajo la categoría de “Incidentes de agresión”, es posible encontrar a las subcategorías de ciberterrorismo, ciberguerra y subversión social. Además, se mencionan otros delitos como la divulgación de noticias falsas con “impacto para el prestigio del país” y el servicio de TIC ilegal.

En efecto, resulta sencillo relacionar esta nueva normativa con lo acontecido en julio, cuando los servicios de internet fueron temporalmente bloqueados y se realizó un apagón total. Por ello, las reacciones al nuevo reglamento no tardaron en manifestarse, reproduciéndose en Twitter el hashtag #NoAlDecretoLey35 y presentándose reclamos ante la medida. Desde Human Rights Watch, señalaron que las medidas “restringen gravemente la libertad de expresión online y constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios”. Asimismo, se pidió que las autoridades de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea condenen las nuevas restricciones. Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch señaló que “el gobierno cubano dice que esta legislación es una medida para fortalecer su respuesta ante incidentes de ciberseguridad, pero esencialmente lo que busca es protegerse a sí mismo de la crítica y el disenso”.

A modo de conclusión, resulta posible afirmar que las protestas de la ciudadanía cubana tuvieron un carácter multicausal. La movilización de la población fue la consecuencia de la combinación entre el deterioro de la situación sanitaria, el agravamiento de la economía y el reclamo por mayores libertades civiles y políticas ante un régimen que se niega a otorgarlas.

Además, surge la siguiente pregunta: -Si las protestas sociales en Cuba son el inicio de un pedido de parte de los cubanos por obtener derechos democráticos o, mejor aún, reconocer que existe un quiebre entre las necesidades de los cubanos y lo que el Estado les está brindando-, podemos hablar de un futuro estado democrático? La decisión de salir a las calles concluye también en este deseo?

Será el momento, al decir de la canción, en el que el pueblo cubano pida libertad, no más doctrinas, y ya no grite “patria o muerte”, sino patria y vida”.


Bibliografía

Artículo 19 y otros medios cubanos. (2021). Organizaciones internacionales reiteran preocupación por la respuesta represiva de parte del Estado cubano, al cumplirse un mes de las protestas del 11 de julio. Sitio web: https://articulo19.org/organizaciones-internacionales-reiteran-preocupacion-por-la-respuesta-represiva-de-parte-del-estado-cubano-al-cumplirse-un-mes-de-las-protestas-del-11-de-julio//

Así son juzgados los manifestantes pacíficos en Cuba: Proceso por Atestado Directo, la versión expedita del juicio sumario por el que están siendo juzgados estos días los afectados. https://www.prisonersdefenders.org/2021/07/17/asi-son-juzgados-los-manifestantes-pacificos-en-cuba-el-proceso-por-atestado-directo/

Human Rights Watch (2021). Cuba: Decreto de telecomunicaciones cercena la libertad de expresión. Sitio Web. https://www.hrw.org/es/news/2021/08/25/cuba-decreto-de-telecomunicaciones-cercena-la-libertad-de-expresion

Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Gaceta oficial N° 92 Ordinaria de 17 de agosto de 2021. Decreto-Ley 35/2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico” (GOC-2021-759-O92). Sitio web. https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2021-o92.pdf.

OEA. (2021). La CIDH y sus Relatorías Especiales manifiestan su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, incomunicación, falta de defensa y otras violaciones al debido proceso, en el marco de las protestas del 11 de julio en Cuba. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/211.asp

OEA. (2021). The IACHR and Its Special Rapporteurships Condemn State Repression and the Use of Force during Peaceful Social Protests in Cuba, and Call for Dialogue on Citizen Demands. julio 15, 2021, de Organización de Estados Americanos. Sitio web: https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2021/177.asp

Prisoners Defenders. (2021). La ONU exige a Cuba la búsqueda de 187 personas objeto de desaparición forzosa. Sitio web: https://www.prisonersdefenders.org/2021/07/15/la-onu-exige-a-cuba-la-busqueda-de-187-personas-objeto-de-desaparicion-forzosa/




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