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La crisis de Ceuta: el conflicto hispano marroquí en su nuevo contexto geopolítico

Por Rubén Garrido Sanchis y Álvaro Martin Sanz, en colaboración con Observatorio de Política Internacional, Observatorio de Economía Política Internacional y Observatorio de Asuntos Humanitarios



Desde el martes 18 de mayo, una grave crisis política lleva agitando ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Ceuta, ciudad autónoma española en territorio marroquí, saltó una vez más a las planas internacionales, esta vez por la llegada de más de 8.000 migrantes ante la mirada de ambas autoridades fronterizas. Aunque muchos de ellos ya fueron retornados a territorio marroquí, la situación ha quedado evidenciada como una crisis migratoria sin precedentes en aguas españolas al estar involucrados miles de hombres, mujeres y menores de edad que trataron de rodear los dos espigones fronterizos de la ciudad.


Recordemos que los enclaves españoles, tanto de Ceuta como de Melilla, son los dos únicos puntos de frontera terrestre de la Unión Europea (UE) en África, por lo que no es de extrañar que esta crisis migratoria desencadenara una disputa diplomática a nivel regional. Margarita Robles, ministra de Defensa española, acusó de “chantaje” a la complicidad de Rabat ante el problema humanitario generado en Ceuta, a la vez que Nasser Bourita, ministro de Relaciones exteriores marroquí, no dudaba en recriminar a España que “la buena vecindad y la asociación no son eslóganes”. Sin embargo, en la cobertura mediática de este conflicto diplomático queda desdibujada una disputa política de mayor alcance territorial y de tiempos más extensos, que evidencia a la crisis de Ceuta más como un síntoma que una problemática aislada o particular. A continuación, se contextualiza y profundiza sobre estos conflictos, tanto en su dinámica internacional como regional.


El Sahara Occidental: Origen del conflicto entre Marruecos y España en el Sahara

El 18 de abril de 2021 ingresó en España, bajo una identidad falsa argelina, Brahim Gali, fundador de Frente Polisario y actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La asistencia de España se debe a motivos médicos, lo que es defendido por el gobierno español como razón humanitaria. No obstante, las dos querellas judiciales ante la justicia española que pesan sobre Gali, imputado por diversos delitos entre ellos de lesa humanidad, sumado a la desaprobación de Marruecos en un momento de retorno a las hostilidades militares en el Sahara Occidental, parecen revivir viejos conflictos del pasado.


Uno de los orígenes del conflicto hispano- marroquí se puede fijar en 1975, una época marcada por el inicio del proceso decolonial sobre el dominio de España en el Sahara Occidental. La vieja metrópolis se encontraba convulsionada políticamente, el dictador Francisco Franco estaba al borde de su fallecimiento, vislumbrando una transición desde una dictadura de corte militarista hacia una democracia occidental de corte europeo. Frente a esto, los reclamos de autodeterminación del pueblo Saharaui, organizados principalmente en el Polisario como un frente de liberación nacional, resonaban en el Sahara como un movimiento decolonial. En este crispado contexto se sumaron los intereses de anexión sobre el Sahara por parte del reino marroquí y Mauritania, los cuales reclamaban la soberanía de la antigua colonia española. Es durante este momento de fragilidad en el que Marruecos, con un arrebato nacionalista sobre el territorio soberano en disputa, llevó a cabo un proceso de ocupación denominado “la marcha verde”. Por la cual, 350.000 ciudadanos marroquíes invadieron el protectorado español como medida de presión a España y a la comunidad internacional, en parte con el beneplácito de la administración estadounidense de Gerald Ford y su secretario de estados, Henry Kissinger.


Para poder regular estos intereses enfrentados ese mismo año, el 14 de noviembre de 1975, se firmó el “Acuerdo Tripartito de Madrid” por el cual se buscaba una salida pactada entre las partes. No obstante, este nunca llegó a ser efectivo, ya que ni España transfirió su estatus de potencia administradora a ningún estado soberano, ni Marruecos rescindió su ocupación territorial sobre el territorio. Esto está asentado en un proyecto nacional marroquí. Tanto en el reinado de Hassan II como el actual rey su hijo, Mohamed VI, se ha mantenido la posición de crear un Gran Marruecos, una forma de posicionarse como el actor predominante en el Magreb. Por lo tanto, este proyecto nacional muestra la centralidad de la anexión del Sahara como parte fundamental de la política exterior.



En la actualidad, 45 años después del Acuerdo Tripartito de Madrid, Marruecos y las RASD se encuentran en un retorno a un conflicto armado desde el 13 de noviembre de 2020, por lo cual el Frente Polisario vuelve a estar en guerra contra Rabat. Esta vuelta a las hostilidades en el Sahara suponen un tema sensible para el gobierno Marroquí, ya que son tomadas como una afrenta directa al interés nacional. Por lo tanto, no es de extrañar que cualquier toma de posición internacional respecto al territorio saharaui y que escape al control marroquí, como la asistencia médica a Ghali en el caso español, sea interpretado como un desafío al interés marroquí. Llegado a este punto, resulta consecuente pensar los cambios internacionales que hacen de Marruecos un actor estratégico, ofreciendo distintos mecanismo mediante los cuales poder incidir sobre la esfera internacional.


Externalización de fronteras y pactos abrahamicos: interdependencia regional.

Tal como fue presentando desde un inicio, la importancia de Ceuta como frontera física de la UE resulta central para entender el desarrollo de esta disputa, donde Marruecos tiene un papel estratégico. En los últimos años ha existido un fenómeno que ha pasado por desapercibido para muchos analistas pero que actualmente resulta una prioridad para la política comunitaria de la UE: “la externalización de las fronteras”. Esto hace referencia a distintas iniciativas promovidas desde la UE de cara a incentivar responsabilidades fronterizas a “terceros estados”. Estas políticas no sólo significan un renovado interés de alianza con los países limítrofes, sean “de paso” o de origen de los flujos migrantes, sino además representan un esfuerzo comunitario conjunto, expresando a través del refuerzo de mecanismos internos como la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX) o la concreción de nuevas agendas como el “Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015 - 2020)”. Si bien hay acuerdos bilaterales preexistentes sobre la cogestión migratoria e incluso programas regionales de financiamiento como European Neighbourhood Instrument (ENI), es en la última década donde encontramos una mayor definición comunitaria con respecto a la externalización del trabajo fronterizo.


En cuanto a la externalización de las fronteras en los países de África del Norte, resulta central abordarlo desde el “EU Emergency Trust Fund for Africa” (EUTF) creado en 2015. Este fondo fue pensado para afrontar las causas de la migración irregular y gestionar mejor la migración, además de promover objetivos económicos que puedan transferir cierta estabilidad a la región. En su actuación regional del Norte de Äfrica destacan principalmente los países que representan el último tramo respecto a la ruta migratoria hacia Europa: Libia para la ruta mediterráneo central y Marruecos para la ruta del mediterráneo occidental. Si bien Libia recibe más fondos del organismo que Marruecos, no deja de ser relevante el volumen de las ayudas y la importancia de los programas de contención y control migratorio en ambos países. En la actualidad, la segunda cartera de cooperación más importante de la UE en materia de migración es con Marruecos, con un total de 343 € millones, de los cuales alrededor de 235 millones de euros proceden del EUFT y el resto de otros instrumentos financieros de la UE.


Además, el EUTF tiene una naturaleza bastante flexible y política por la cual los estados miembros de la UE pueden orientar la financiación hacia países socios prioritarios para ello, en función de sus necesidades fronterizas concretas. Es por ello que resulta paradigmático en el caso España-Marruecos, donde el propio gobierno español ha presionado a las autoridades europeas para apoyar un mayor diálogo sobre migración con Rabat, además de pedir en repetidas ocasiones una mayor financiación de la UE para dicho país.


Esta relación interdependiente de la externalización de las fronteras resulta central a la hora de aproximarse a conflictos como la crisis migratoria en Ceuta, donde los fondos y la cooperación regional vinculada al control migratorio terminan generando un dilema particular. Por un lado, no es realista afrontar los dramas humanos y desafíos migratorios sin una política extraeuropea que trate de afrontar los problemas migratorios junto a los países de origen o de paso migrante. Pero, por otro lado, al desplazar la gestión de las políticas migratorias y de asilo a terceros, muchas veces se terminan vulnerando derechos de las personas migrantes al buscar evitar y contener a toda costa la llegada de refugiados e inmigrantes en situación irregular a suelo europeo.


Junto a este esquema de interdependencia también resultan esenciales los cambios acontecidos a nivel regional, especialmente siguiendo el eje EEUU-Israel. Si bien Marruecos es un miembro de los países no alineados, históricamente mantuvo simpatías “pro occidentales” debido a las tensiones regionales intrabloque con Argelia y el conflicto de autodeterminación del Sahara Occidental. Este acercamiento tuvo como punto de consolidación el reconocimiento de Marruecos como “aliado importante extra-OTAN” (Major non-NATO ally o MNNA) por parte de la administración de George W. Bush en 2004. Este reconocimiento estratégico y diplomático quedó recientemente reflejado en la firma de un acuerdo de normalización diplomática entre Israel y Marruecos en 2020, dentro de la iniciativa estadounidense de los Acuerdos Abrahamicos para la estabilidad de Medio Oriente de la administración Trump. Uno de los puntos centrales de este acuerdo el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara, significando una ruptura de la posición tradicional mantenida por EEUU, al igual que muchos socios europeos: consistía en el respeto de la postura ONU para el Sáhara Occidental, basado en el pacto entre las partes y el respeto a la libre determinación del pueblo saharaui. Este cambio en la coyuntura internacional ofreció una ventana de oportunidad a Marruecos para proceder con el interés nacional por fuera de los marcos estrictamente europeos.


Estos dos marcos regionales, uno europeo que delega autoridad y fondos en las autoridades migratorias marroquíes y otro que reconoce los intereses geopolíticos de Rabat como actor estratégico, muestran una expansión en los márgenes de maniobra y de negociación del gobierno marroquí frente a sus pares europeos. Es ante esta nueva legitimidad internacional, donde podemos contextualizar distintas tensiones diplomáticas como la de Ceuta, explicando el avance Marroquí a favor de su interés nacional. Por ejemplo, una de estas tensiones que anteceden a la de Ceuta, la encontramos en la “suspensión” desde mayo de todo contacto con la embajada Alemana, alegando Marruecos una intromisión germana en los asuntos del Sahara y ciertas labores de espionaje que hicieron saltar las alarmas en Rabat.


Conclusión: ¿Una nueva etapa en las relaciones Hispano-marroquíes?

A través de la cuestión de Ceuta se puede apreciar un avance en la posición marroquí, capaz de incidir en las decisiones internacionales a través de su rol estratégico. Rabat, consciente de su posición clave, tanto como aliado regional de los intereses estadounidenses como gendarme de las fronteras exteriores de la UE, ha conseguido reforzar sus pretensiones soberanas sobre el Sahara Occidental.


Esta nueva etapa del conflicto hispano -marroquí , podría suponer la finalización de las relaciones amistosas entre ambos países, abriendo un nuevo tablero político tendiendo a reforzar las alianzas existentes con otros actores dentro del eje del Magreb como Argelia, actor candidato al de liderazgo en el territorio norteafricano. Por ello tampoco se debe olvidar la pugna por el liderazgo político en la zona del Magreb entre los países como actor preferencial para mayor apertura hacia la UE. Con la crisis de Ceuta se evidencia el papel estratégico marroquí, fruto de la expansión de la legitimidad de este sobre el Sahara, llegando a confrontar con los gobiernos europeos. La estrategia es clara: España trata de mostrarse fuerte, indicando que la actuación marroquí desafía a la UE como bloque, mientras Marruecos trata de mostrarlo como un conflicto bilateral, fruto de la falta de cooperación en un asunto central para el gobierno marroquí. En todo caso, una posible ruptura de relaciones podría suceder si no se detiene a Brahim Gali, como amenazó el ministro de Exteriores marroquí Nasser Burrita. El problema es que llegados a este punto, la desconfianza entre las partes trasciende a un simple conflicto legal, pudiendo llegar a un punto de inflexión entre ambas partes con amplias repercusiones socioeconómicas e incluso territoriales.


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