Dinámicas actuales del tráfico ilegal de armas en Colombia
- UBA Centro de Estudios de Política Internacional
- 9 abr
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El número de armas ilegales que circulan en el país ha enfrentado un aumento sostenido durante los últimos 20 años Colombia. Alrededor de un 80 % de las armas que ingresan al territorio proceden de un mercado ilegal que abastece tanto a grupos armados ilegales como a bandas criminales, con armas cortas, drones y fusiles de alto calibre, provenientes de países como Estados Unidos o de Centroamérica.
Publicado por primera vez en Periódico UNAL el 17/03/2025 Por Damián Gariglio, Magíster en Estudios Internacionales, miembro del Observatorio de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), GI-TOC Global Initiative against Transnational Organized Crime
Al igual que muchas de las economías ilegales, el negocio del tráfico de armas está sujeto a una transformación constante que involucra no solo las dinámicas propias del crimen organizado transnacional, sino también las características de un mercado que demanda mayores grados de letalidad y mejoras tecnológicas.
Al mismo tiempo debemos considerar el hecho de que la violencia armada en Colombia suele ser un fenómeno urbano y no exclusivamente rural. De las 50 ciudades más violentas del mundo 6 son colombianas; en estas se registran las mayores tasas de homicidios cometidos a manos de la delincuencia común y de particulares, según un estudio liderado en 2024 por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) de México.
El listado lo encabeza Santa Marta —el estudio incluye la jurisdicción de la Policía Metropolitana junto a Ciénaga, Pueblo Viejo, Sitio Nuevo y Zona Bananera—, con una tasa de homicidios de 45,24 por cada 100.000 habitantes; sigue Cali con 42,31; Palmira con 40,94; Barranquilla con 37,75; Cúcuta con 36, y Cartagena con 35,02.
Esto nos lleva al tipo de armamento demandado en los grandes centros urbanos: mientras que los grupos insurgentes presentes en zonas rurales exigen armas de alto calibre, la delincuencia común prefiere las armas cortas y ligeras para atracos y asesinatos por encargo, de ahí que en ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla hayan proliferado las redes criminales dedicadas al alquiler de armas cortas para cometer delitos como homicidios y robos, lo que dificulta aún más la captura y judicialización de los responsables por parte de las autoridades.
Orígenes y destinos
Históricamente la procedencia del mercado de armas ilegales solía ser variada y comprendía a más de 40 naciones del mundo. Sin embargo, las estadísticas actuales muestran que la mayoría de las armas incautadas durante los últimos años fueron fabricadas legalmente por empresas norteamericanas, convirtiendo a los Estados Unidos en el primer proveedor de armas ilegales de Colombia. En efecto, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) estadounidense, el 70% de las armas incautadas en México entre 2014 y 2018 tuvieron origen en fabricantes y distribuidores norteamericanos. Según un informe de inteligencia militar filtrado a los medios, la mayoría de las armas incautadas por las autoridades colombianas entre 2021 y 2022 fueron fabricadas legalmente por empresas estadounidenses y europeas. Las armas son traficadas hacia Colombia vía Panamá por los centros de comercio ilegal de cocaína en el Caribe y las costas del Pacífico en la frontera sur de Ecuador.
Este fenómeno actual se debe a que los carteles de droga mexicanos han adoptado la cocaína como moneda de cambio en el negocio de tráfico de armas hacia Colombia. O sea, carteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación vienen utilizando las mismas rutas para llevar a cabo el intercambio de armas por cocaína con grupos armados como el Clan del Golfo, Los Pachenca en Santa Marta, y La Cordillera en Pereira.
Según las autoridades colombianas, pagarles a los proveedores de cocaína con armas en vez de dinero en efectivo resulta conveniente debido a que es más difícil rastrear el origen de un kilo de cocaína que de cualquier billete. A su vez, los carteles mexicanos pueden lavar sus activos más fácilmente y realizar el tráfico de drogas a través de pagos con armamento sofisticado de procedencia norteamericana.
Otro de los orígenes del tráfico de armas toma lugar por medio de la infiltración de elementos corruptos dentro de las fuerzas militares, quienes terminan proveyendo armamento a los grupos ilegales. Investigaciones recientes revelaron la existencia de una red delictiva conocida como Los Cosos, que se dedicaba a vender granadas, partes de fusiles y otras armas —adquiridas de manera irregular en la Industria Militar Colombiana (Indumil)— a bandas delincuencias en Bogotá y Socha, así como a grupos armados en todo el país.
Por otro lado, la cercanía al puerto de Buenaventura se ha convertido en un punto estratégico para el desembarco de armas ilegales provenientes tanto de Asia como de Europa, Centroamérica y Estados Unidos, lo que hace que ciudades como Cali sean lugares claves para el tráfico de armamento. En esta ciudad y en los municipios aledaños bandas criminales como Los Shottas, Los Espartanos, el ELN y disidencias de las FARC reciben y envían cualquier tipo de mercancía por el Pacífico, aprovechando que el personal aduanero no tiene la capacidad de revisar toda la carga, por lo que un 10% de las mercancías que ingresan al país lo hacen como contrabando principalmente de China, según la DIAN, de donde provendría una parte de las armas.
Otra de las rutas importantes para el ingreso ilegal de armas pesadas o de guerra es la frontera colombo-venezolana, especialmente en ciudades como Cúcuta (Norte de Santander). Según información provista por la ONG Fundación Progresar, por allí ingresan armas y municiones en desuso del Ejército venezolano, que terminan en poder de una docena de bandas delincuenciales responsables del 70% de los homicidios que ocurren en el Área Metropolitana.
Armas ilegales: un desafío a las capacidades del Estado
Hasta la década de 1990 los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos solían utilizar las AK-47 rusas provenientes de los conflictos centroamericanos. Hoy existe una oferta variada en la que prima el mercado de armas estadounidense y europeo. Es así como la conexión con los carteles mexicanos provee rifles de asalto M16, M4, rifles semiautomáticos AR-15, y ametralladoras M60. Así, los grupos armados ilegales buscan igualar o exceder a las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, con un mayor poder de fuego y letalidad.
Un ejemplo de esto es la capacidad de las disidencias de las FARC para acceder al temido fusil Barrett calibre 50, una poderosa arma capaz de perforar blindajes ligeros, vidrios blindados y chalecos antibalas. El fusil Barrett pesa 4 kilos, posee una longitud de 1,5m y una velocidad de salida de 854 m/s; es un arma capaz de derribar los helicópteros que brindan apoyo a las tropas desplegadas en tierra.
Con la intención de atender las necesidades planteadas por estos desafíos, el Ministerio de Defensa busca fortalecer las capacidades para el Sistema Integral de Defensa Nacional adquiriendo equipamientos que reemplacen a los obsoletos. Las inversiones alcanzarían la suma de 1.136 millones de dólares destinadas a crear, renovar y fortalecer capacidades para cada una de las fuerzas en el término de 10 años.
Entre las compras a realizar figuran 55 vehículos 8x8 blindados, 3 equipos de artillería autopropulsada, un sistema de defensa antiaérea Barak y dos plataformas de defensa electrónica formados por dos aviones Boeing 737-700/800. Sumado a esto, la compra de armamento israelí en los últimos tiempos incluyó armas de fuego como pistolas Jericho, rifles X95, fusiles Galil, misiles antitanques Nimrod Spike y sistemas de artillería Atmos. Todas estas adquisiciones deben ser actualizadas y forman parte del presupuesto mencionado.
Otro desafío para las Fuerzas Armadas Colombianas es el empleo de drones con explosivos por parte del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. Este es un tipo de tecnología artesanal y de bajo costo que libera un tubo de plástico lleno de explosivos sujeto a un aparato que no supera los 1.000 dólares. Como consecuencia de esto, los ataques de estos grupos disidentes con drones comerciales se han vuelto usuales en departamentos como Cauca y Nariño. Según el Ministerio de Defensa en 2024 se registraron 115 ataques de este tipo, que afectaron a uniformados, instalaciones estratégicas e incluso hospitales.
En respuesta a esta nueva capacidad desarrollada por los grupos guerrilleros, las fuerzas de seguridad procedieron a comprar los denominados “Dronebuster 3”, un dispositivo que desconecta la señal de cualquier dron en un radio de 1 km. Por otro lado, el Ministerio de Defensa adelantó una iniciativa centrada en el fortalecimiento tecnológico por medio de la cooperación entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el sector privado, las universidades y la industria tecnológica. Así se busca fortalecer capacidades que incluyan modernos sistemas de drones y antidrones para enfrentar este tipo de amenazas.
Adaptabilidad: una virtud criminal
El crimen organizado posee la capacidad de transformarse y adaptarse a contextos adversos. Por lo tanto su virtud también se encuentra en ver las oportunidades que ofrece un negocio multimillonario como el tráfico de armas, el cual representa grandes intereses y poderes varios, al mismo tiempo que es la actividad criminal que causa más muertes. Es decir, las políticas de seguridad se han centrado en un solo segmento de la cadena del mercado de armas de fuego, esto es el consumidor final, dejando de lado la oferta a cargo de la comercialización local, internacional y los distintos tipos de consumidores existentes.
Ante este escenario, las fuerzas de seguridad del Estado deben desarrollar las mismas capacidades y virtudes. Si nos encontramos ante un proceso de fragmentación y proliferación de las organizaciones criminales que actúan de manera concertada en el orden transnacional, los Estados también deberían poder hacerlo con la mayor capacidad de adaptabilidad posible. Así mismo, los Estados deben trabajar conjuntamente en superar los vacíos regulatorios y las falencias existentes en los mecanismos de control sobre el mercado legal de armas de fuego, que se traducen en oportunidades reales para el lucrativo negocio del mercado ilegal de armas.
De manera que las dinámicas actuales del tráfico ilícito de armas demandan un entendimiento adecuado no solo de dimensiones geográficas y transfronterizas, sino también de una pluralidad de actores capaces de adaptarse a las demandas de un mercado en constante transformación. Esto se logra reforzando las capacidades de los Estados, pero también dando respuesta a los orígenes de la conflictividad social que dan lugar al desarrollo de estas economías ilícitas.
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