Desarme humanitario desde el Sur Global: Argentina y los esfuerzos por prohibir los sistemas de arma
Por Damián Alejandro Gariglio, integrante del Observatorio Defensa y Seguridad
Históricamente América Latina ha demostrado un gran compromiso con las causas relacionadas al desarme humanitario y el apego al respeto por el Derecho Internacional Humanitario. Argentina no ha sido la excepción a la regla por lo que su posición sobre los sistemas de armas autónomas letales (S.A.A.L.) se basa principalmente en una postura de orden preventiva para evitar el desarrollo y uso de algunos de estos sistemas de armas. Dicha posición busca tomar las medidas necesarias del caso para que se mantenga un grado significativo de control humano sobre las funciones críticas y el uso de la fuerza de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, el presente artículo se centra en el creciente rol de la Argentina como parte del denominado Sur Global en los actuales debates a nivel multilateral sobre los S.A.A.L.
Introducción.
El marco actual de la Campaña para detener a los robots asesinos sigue teniendo por principal finalidad prohibir de manera preventiva el desarrollo, la producción y el uso de los Sistemas de Armas Completamente Autónomos. Con miras a lograr este propósito una asociación entre países afines conjuntamente con una coalición de organizaciones no gubernamentales y diferentes agencias de las Naciones Unidas buscan lograr un tratado de desarme humanitario que prohíba este tipo de armamento (Hunt, 2019).
Los países de Latinoamérica siempre han abogado por un firme compromiso con el Derecho Internacional Humanitario y han contribuido de manera exponencial en los procesos de desarme con fines humanitarios. De hecho, la región ha llegado a liderar la negociación y la adopción de la Convención sobre Municiones en Racimo y el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (Muñoz & Díaz, 2020).
Este accionar es una muestra de la dinámica y los esfuerzos llevados adelante por parte del denominado Sur Global en relación a los intentos por regular los S.A.A.L. También es una muestra de la capacidad de agencia desarrollada por estos países y su grado de competencia en la elaboración de normas a un nivel internacional.
Por consiguiente, estos ejemplos rompen con el sesgo de que solo los países de primer orden como Alemania son los que están en condiciones de influir en el debate y los procesos de desarme humanitario. Es más, son países latinoamericanos como Argentina quienes a través de plataformas institucionales como la Convención de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (CCW) y de los instrumentos pertinentes del Derecho Internacional Humanitario han forzado a las grandes potencias a adecuar su comportamiento en base a las normas internacionales (Bode, 2019).
1. Desafíos Jurídicos planteados en la Segunda Reunión Global de la Campaña
La elección de Buenos Aires como sede de la Segunda Reunión Global de la Campaña para Detener a los Robots Asesinos en Febrero de 2020 se tradujo en un interés cada vez más creciente por parte de diferentes miembros de la sociedad civil, la academia, la comunidad científica y la comunidad epistémica de derechos humanos en el país.
Asimismo, el evento en sí actuó como disparador de una agenda de actividades constante que se vio potenciado en el contexto de pandemia y terminó por convertir a la Argentina en un claro referente de la causa al momento de proveer una respuesta coordinada por parte de la sociedad civil a los desafíos planteados por los S.A.A.L.
Dentro de los argumentos expuestos en la Reunión Global como uno de los principales dilemas planteados por estas tecnologías es de orden jurídico y surge de la pregunta sobre quién es el responsable directo de las posibles fallas derivadas de la utilización de este tipo de armamento (Griffini & Pugliese, 2021).
Por otra parte, el accionar de estos sistemas se basa en procesos de programación carentes de las habilidades necesarias para comprender el valor de una vida humana. Esto se debe a que la decisión última de cuándo eliminar un blanco se decide en base a un algoritmo que escapa al control y verificación del elemento humano. En líneas generales, existe un consenso sobre la necesidad de evitar el uso dual de la Inteligencia Artificial aplicada a partir del concepto de “control humano significativo” como elemento central en la autonomía de todo sistema de armas (Hunt, 2019).
Dicho concepto acuñado por Article 36 es una aproximación que pone el énfasis en la calidad del control de los sistemas de armas autónomos letales y supone la delegación de la responsabilidad a agentes humanos en toda decisión concerniente a la ejecución de ataques letales sobre los individuos (Article 36, 2021).
Como resultado de estas discusiones surge esta alianza de organizaciones no gubernamentales liderada por la Campaña para Detener a los Robots Asesinos. Actualmente la campaña tiene presencia en más de 60 países con más de 160 miembros entre los que se encuentran instituciones de la talla del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, Amnesty International y Human Rights Watch.
Dentro de esta gran coalición, la Argentina se ve representada por la Asociación para Políticas Públicas (APP) y el Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) quienes a través de su activa participación han sabido llevar los principios de la campaña a los medios masivos de comunicación, a los ámbitos de discusión parlamentaria y universitaria.
2. Argentina y los aportes de las nuevas corrientes de pensamiento en seguridad
Para entender el desarrollo y el creciente rol de los profesionales en derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, debemos hacer mención a la contribución hecha por las nuevas corrientes de pensamiento en seguridad que surgen luego del fin de la Guerra Fría.
Las mismas ampliaban la visión estado céntrica y soberanista propia del realismo para terminar incluyendo amenazas de carácter no militar como los asuntos ambientales, las migraciones o los derechos humanos. Se extendía la forma de entender y estudiar la seguridad internacional tomando en consideración la seguridad de los individuos y cómo los afecta el uso de la fuerza (Walt, 1991).
Por lo tanto, toma lugar una inversión de las ideas tradicionales en materia de seguridad resaltando la necesidad prioritaria de asegurar al individuo y no el Estado. Estos son los impactos que generan en la disciplina las nuevas escuelas de pensamiento que terminan por alterar las acciones de los Estados en el sistema internacional.
La Escuela de Copenhague
En este proceso de ampliación del debate en torno a la seguridad, las contribuciones más relevantes de la Escuela de Copenhague se centran en el concepto de la securitización de los problemas sociales. Desde esta concepción, el objeto referente pasa a ser la sociedad, estableciéndose una posición media entre la visión tradicionalista estado céntrica y la visión de los Estudios de Seguridad Critica centradas en el individuo (Buzan & Hansen, 2009).
El proceso de securitización se refiere a cómo determinados actores construyen una amenaza, asignándole un sentido de urgencia e importancia ante lo cual solo los decisores políticos o los militares tienen la capacidad de darle respuesta. Para contrarrestar este hecho, se debe desecuritizar esos asuntos, desplazándolos de la agenda de seguridad hacia la agenda política. De esta forma, se evitaría que el Estado otorgue privilegios a líderes que terminen por legitimar la suspensión de los derechos civiles (Buzan & Hansen, 2009).
Esta noción de securitización y desecuritización tuvo gran repercusión en América Latina. Al incorporar actores no estatales y grupos de individuos en la agenda de seguridad sirvió para legitimar la intervención de las comunidades epistémicas civiles en defensa de los derechos humanos en el campo de la seguridad nacional (Diamint, 2017).
Seguridad Humana
Otra visión de la seguridad ampliada centrada en incorporar cuestiones relacionadas al desarrollo fue la realizada por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) bajo el concepto de Seguridad Humana. Basado en una combinación de activismo político y agendas académicas, la lógica de seguridad debía expandirse a preocupaciones de orden universal como el respeto a los derechos humanos, la prevención de conflictos, la erradicación de la pobreza y el subdesarrollo (UNDP, 1994).
En efecto, eran ideas que se centraban en el desarrollo humano y el empoderamiento de las mujeres como principal responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones. De esta manera, se cambiaba el objeto referente desde los estado nación hacia los individuos centrándose las preocupaciones en cómo viven las personas en una sociedad, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales; y si viven bajo el conflicto o en un contexto pacifico (UNDP, 1994).
Debido a que los asuntos de seguridad se trasladaban hacia las relaciones sociales, se dio el debido reconocimiento a nuevos actores no estatales que poseían la capacidad de influenciar los asuntos internacionales como es el caso de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Al incorporar al individuo en los asuntos internacionales estas organizaciones logran superar los déficits democráticos existentes en los países en vías de desarrollo (Diamint, 2017).
Es por esto que en el caso puntual de la Argentina, las redes de organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales y las comunidades epistémicas han adquirido la capacidad de impulsar una agenda en común acorde a sus intereses. A través de la construcción de niveles importantes de sociedad internacional, estas agrupaciones han logrado difundir sus principios y causas de índole humanitaria fortaleciendo aún más el grado de gobernanza mundial (Karns & Mingst, 2004).
Los estudios críticos de seguridad
Otro desafío a los principios de la teoría realista partió de las miradas críticas sobre la seguridad. Para esta Escuela el sistema internacional se encuentra socialmente construido y dista mucho de ser anárquico en su esencia. Por consiguiente, este principio permitía la posibilidad de transformar las relaciones de poder imperantes.
Al poner a los individuos como el principal referente de seguridad, la misma se alcanzaría por medio de la emancipación y la resistencia. De esta manera, si las personas son emancipadas elegirán vivir pacíficamente de manera libre, lo que permitirá construir un nivel de seguridad colectiva a un nivel global (Buzan & Hansen, 2009).
Es por esto que los estudios críticos no aceptan a las relaciones de poder como algo dado debido a que ponen énfasis en el nivel discursivo más que en las capacidades militares. Un buen ejemplo de cómo este pensamiento se vio plasmado en las definiciones de seguridad en América Latina son los acuerdos surgidos del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) donde se dictaminó que los países miembros forman parte de una denominada ¨zona de paz¨. Por medio de una declaración se aduce la pertenencia a una comunidad de valores e historia compartida donde se debe dar una respuesta adecuada y en forma conjunta a los desafíos de la región (Diamint, 2017).
Por lo tanto, al verse ampliada la agenda de seguridad poniendo en el centro de los argumentos a la seguridad de los ciudadanos, los medios militares pierden utilidad y de esta forma tomaría lugar el imperio de la justicia.
3. La posición argentina con respecto a los SAAL
Los aportes teóricos y académicos mencionados han contribuido e influenciado en decisiones de peso en la región y en nuestro país. Dichas acciones se vieron traducidas en un empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil que intervenían en defensa de los derechos humanos y llevaban a cabo acciones destinadas a la prevención del conflicto.
En el caso puntual de las SAAL, la actual posición de la Argentina se centra en el ART. 36 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra y el análisis de las nuevas armas. La misma quedó asentada en la Segunda Reunión Global de la Campaña en Buenos Aires y fue expuesta por el Ministro Ricardo S. Larriera, Director de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales:
La Argentina acuerda en la adopción de medidas preventivas contra el desarrollo y uso de algunos de estos sistemas de armas. Dichas medidas deben centrarse en:
Mantener el control humano sobre las funciones críticas;
La necesidad de poder asignar la responsabilidad sobre agentes humanos;
Que su uso no resulte violatorio del Derecho Humanitario Internacional y de los Derechos Humanos;
Sin perjuicio de lo anterior, las medidas no deberían acotar el derecho de los Estados al desarrollo de tecnologías similares con fines pacíficos.
De esta manera, nuestro país enmarca los análisis de los SAAL en el marco del mencionado artículo 36 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 en relación a los siguientes puntos:
El reconocimiento de que el derecho de los combatientes a elegir sus medios y métodos de guerra no es ilimitado y debe realizarse un examen pertinente sobre la licitud de los nuevos tipos de armamentos o métodos de guerra empleados;
La adopción, desarrollo o adquisición de una nueva arma por parte de una Alta Parte Contratante deberá cumplir con el presente Protocolo y las normas de Derecho Internacional.
La obligación de prevenir el empleo de nuevas armas que violen el derecho internacional mediante un procedimiento de ¨evaluación jurídica¨ en las etapas de estudio, desarrollo, adquisición y adopción de una nueva arma.
Avanzar hacia la estandarización de un mecanismo de revisión universal basado en el intercambio de información que lleve a la elaboración de buenas prácticas e implementación de los mecanismos de revisión al momento en el que los estados adquieran nuevos tipos de armamento.
Por consiguiente, la Argentina afirma su posición preventiva incentivando medidas de índole regulatorias en cuanto al desarrollo y utilización de los Sistemas de Armas Autónomos Letales (SAAL). Dichas medidas toman en consideración el hecho que las mismas no deben limitar los desarrollos tecnológicos con fines pacíficos. Al mismo tiempo, la Argentina propone el intercambio de información para contribuir a la identificación de buenas prácticas útiles que enriquezcan el debate y que den por resultado una futura declaración o instrumento.
Conclusión.
La creciente participación por parte de los países pertenecientes al Sur Global en los debates sobre los S.A.A.L. en el marco de la Convención de Armas Convencionales de las Naciones Unidas (UN-CCW), es una clara tendencia que derriba cualquier sesgo existente en relación a los países del tercer mundo como meros observadores de los procesos de elaboración de normas y tratados internacionales.
A través de la utilización de plataformas institucionales como la UN-CCW y la construcción de coaliciones con miembros de la sociedad civil como es la Campaña para Detener a los Robots Asesinos, los países del denominado Sur Global han logrado un liderazgo que terminó por superar el rol preponderante que tenían países desarrollados como Noruega o Canadá (Bode, 2019).
Es más, los esfuerzos llevados adelante por países como la Argentina en los intentos por regular los S.A.A.L. son una muestra de las capacidades agenciales adquiridas al momento de participar activamente en la elaboración de normativas internacionales. Asimismo, se debe hacer mención a las repercusiones que han tenido en América Latina las contribuciones teóricas hechas por las nuevas corrientes de pensamiento en seguridad; las cuales han contribuido a empoderar a las asociaciones civiles y miembros del tercer sector.
Por consiguiente, las comunidades epistémicas han estado en condiciones de ejercer una importante influencia en sus respectivas agendas de seguridad al centrar a los individuos como objeto referente dentro de los asuntos internacionales. Los esfuerzos de la Argentina por prohibir los sistemas de armas autónomos letales son un claro ejemplo de las políticas de desarme humanitario desde el Sur Global.
Referencias
Campaign to Stop Killer Robots. https://www.stopkillerrobots.org/
Article 36 es una Organización No Gubernamental con base en el Reino Unido enfocada en reducir el daño causado por armamento existente o en vías de desarrollo.
Bibliografía
Article 36. (2021). Systems that cannot be effectively controlled.
Bode, I. (Septiembre de 2019). Norm-making and the Global South: Attempts to Regulate Lethal Autonomous Weapons Systems. Global Policy, 10.
Buzan, B., & Hansen, L. (2009). The evolution of International Security Studies. Nueva York: Cambridge University Press.
Diamint, R. (2017). América Latina en torno a los paradigmas de seguridad. Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX., 8, 105-122.
Griffini, B., & Pugliese, P. (2021). Implicaciones del uso de los Sistemas de Armas Autónomas Letales (LAWS) en los conflictos armados modernos. Buenos Aires.
Hunt, E. (Marzho de 2019). Campaign to stop killer Robots. Obtenido de https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2020/02/2020_Campaigners-Kit_FINAL.pdf
Karns, M., & Mingst, K. A. (2004). International Organizations. The Politics and Processes of Global Governance. . Boulder y Londres: Lynne Rienner.
Muñoz, W., & Díaz, M. (2020). SEHLAC. Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe. Obtenido de https://sehlac.org/armas-letales-aut%C3%B3nomas
UNDP. (1994). Human Development Report. Oxford: Oxford University Press.
Walt, S. (1991). The Renaissance of security Studies. International Studies Quarterly, 35(2), 211-239.