Crónica desde Grecia: Isla de Samos, regugiados y ONGs

Por Florencia Ruiz, Miembro del Observatorio de Asuntos Humanitarios

Desde hace 5 años Grecia enfrenta un grave problema humanitario que no parece encontrar solución ni siquiera en un contexto de pandemia mundial. Al contrario, la situación actual hizo que las personas que viven en los campos de refugiados más grandes de Europa estén expuestos a un peligro mayor.

¿Comunidad europea?

Pasaron casi 5 meses desde que se conoció el primer caso de Covid-19 en China. Lejos estábamos de pensar que este virus se propagaría de tal manera por todo el mundo, y que nuestras vidas se verían condicionadas a tal punto de tener que hacer de la cuarentena nuestra nueva normalidad. Europa subestimó el impacto del Coronavirus, terminó tomando tarde las medidas de prevención y el virus terminó expandiéndose más rápido de lo que los gobiernos preveían. Hoy, Europa es uno de los continentes más afectados, y millones de personas se encuentran confinadas en sus hogares.

Para los que cuentan con la comodidad de un hogar, la cercanía de sus familias, la tranquilidad de estar en su ciudad, y con las condiciones materiales para afrontar una cuarentena, esta crisis es una situación excepcional y difícil, pero probablemente sea superada. Sin ánimo de deslegitimar todos los problemas que igualmente este virus podría acarrear en la mayoría de las vidas de las personas, es evidente que los gobiernos europeos están respondiendo. Ninguno de ellos está siendo indiferente. Sin embargo, la rapidez con la que los gobiernos europeos responden a sus “propios ciudadanos” frente a esta pandemia no es la misma si hablamos de los miles de refugiados y demandantes de asilo que se encuentra retenidos en las islas griegas y continente. Esta falta de respuesta no es nueva.

Desde el año 2015 miles de personas llegaron a Grecia en busca de lo que en sus propios países no estaban teniendo: paz y protección. Desde entonces, la mal llamada “crisis de refugiados” no es otra cosa que una “crisis de asilo”, que se ha instalado por una mal gobernanza de la Unión Europea y por la falta de solidaridad entre sus Estados Miembros. La pugna política que hay entre ellos, la búsqueda de reforzar su propia identidad europea en crisis, y la utilización de este discurso frente a sus cambiantes ciclos electorales, hicieron de esta situación un problema interminable. Sin olvidar la tragedia innecesaria a la que están sometidos quienes sólo piden la oportunidad de construir una nueva vida en este continente.

La forma que encontraron de lidiar con esta situación es a través de la externalización de sus fronteras, es decir, mediante la “subcontratación” de las responsabilidades fronterizas en terceros países, creando una zona de freno previa de las personas que intentan entrar en continente europeo. Esto implicó el desarrollo de un amplio dispositivo militar y policial que priorizó las políticas securitarias y la obsesión por el control de los flujos migratorios por sobre el respeto a los derechos humanos de las personas demandantes de asilo. Pero no sólo se trató de reforzar estas fronteras físicas sino también de marcar con mayor fuerza las “fronteras simbólicas” para separar a un “otro” diferente. Un “otro” que discursivamente es construido como “peligroso”, “abusivo”, “terrorista”.

Si ya de por sí esta crisis parece estar en manos de la poca voluntad de la Unión Europea, ahora se suma un nuevo componente, y es el contexto de pandemia actual. Grecia tiene los campos de refugiados más grandes de Europa. Tiene pocos recursos para hacer frente a esta situación debido al impacto de la última crisis económica, la dificultad de encontrar ayuda en otros Estados Miembros, y un gobierno conservador que reforzó su discurso securitario en torno a las refugiados y demandantes de asilo.

COVID-19 en Grecia

Con apenas 117 casos y una persona muerta, Grecia impuso el 12 de marzo una serie de medidas drásticas como el cierre por tiempo indeterminado de colegios, y centros educativos, bares, restaurantes, comercios y hoteles. Al mismo tiempo, se decretó la cuarentena de 14 días para las personas que lleguen del exterior y una multa de 5.000 euros para quien no la cumpla.

Teniendo en cuenta lo que sucedió en su país vecino, Italia, el gobierno griego decidió actuar rápido. Su sistema sanitario quedó debilitado tras la crisis económica del 2010-2018. Recortes en los gastos públicos y fuga al extranjero de miles de griegos, entre ellos numerosos médicxs, han impactado duramente al sector público de salud. De hecho, el país cuenta con la mitad de la media europea de número de camas en las unidades de cuidados intensivos. Frente a esta situación el gobierno anunció la contratación por un período de dos años de 2.000 médicxs y personal de hospital. En Grecia, al igual que en otros países de Europa, el Primer Ministro Mitsotakis, conocido por sus lazos con el sector privado, condenó las clínicas privadas por no estar haciendo su parte y las instó a asumir sus responsabilidades. De hecho, el gobierno autorizó la requisa de hospitales privados para obtener equipos médicos y camas.

Con el pasar de los días los casos siguieron aumentando. El gobierno anunció el 23 de marzo una cuarentena general. Se podía salir sólo si se necesitaba comprar comida, ir a la farmacia, pasear el perro, hacer actividad física, o asistir a una persona enferma. El sistema que se implementó es través de mensaje de texto. Antes de salir se necesitaba autorización previa, por lo tanto, se enviaba un SMS indicando el motivo (los mencionados anteriormente), la identidad, y la dirección, a un número establecido por el gobierno. La respuesta a ese mensaje era la autorización. La policía podía controlar el motivo, y si se estaba saliendo conforme al mismo. De esta forma se intentaba controlar cuanta gente salía a la calle.

En materia económica, se canalizaron diez mil millones de euros para mitigar las pérdidas que las empresas y los empleados sufrieron por los cierres. Las medidas de apoyo para las empresas vinieron con una cláusula que prohibía los despidos, después de que más de 40.000 empleados perdieron su trabajo desde que empezó la cuarentena. El sector del turismo es unos de los más importantes en Grecia y el más afectado. Según Hellenic Chamber of Hotels, más del 65% de los hoteles se enfrentan a la quiebra [1]

Hasta el momento en el país se contabilizan 2.626 casos de Covid-19 y 144 personas fallecidas. Hace unos días el Primer Ministro anunció el calendario de desconfinamiento. Indicó que el 4 de mayo se levantarán las restricciones de movimientos de los ciudadanos. Algunas tiendas y servicios podrán abrir, tales como librerías, o de artículos electrónicos. El resto de ventas minoristas se reanudarán el 11 de mayo, a excepción de los centros comerciales, que podrán abrir a partir del mes de junio. Sin embargo, en todos los negocios se establecerán medidas que limiten la densidad de clientes. En cuanto al sistema educativo, a partir del 18 de mayo la secundaria podrá volver a clases, aunque operarán con reglas específicas que limiten el número de alumnos. Primaria y educación infantil permanecerán cerrados por el momento ya que la apertura dependerá de cómo evolucione la pandemia. En caso de que los casos disminuyan, podrán reanudar las clases el 1 de junio. Más allá de estas primeras directivas, la reapertura progresiva será revisada cada 24 horas por una comisión de expertos.

Campos de refugiados y medidas del gobierno

En Grecia viven aproximadamente 118.000 refugiados y migrantes, de los cuales 76.000 viven en continente, y 42.000 viven en las Islas Griegas [2]. Según la Organización Internacional de Migraciones, en continente hay 30 campos de refugiados, en el que viven aproximadamente 23.248 refugiados y demandantes de asilo [3]. El resto de las personas viven en otro tipo de acomodaciones. Sin embargo, el principal problema en Grecia son los 7 campos de refugiados de las Islas Griegas, los cuales tienen capacidad para albergar solo a 6.500 personas en total, pero en los que hoy viven 42.000 personas.

Frente a este contexto el portavoz del gobierno griego, Stelios Petsas, aseguró que los campos de refugiados eran una “bomba sanitaria” [4]. Es innegable que una enorme cantidad de personas viviendo hacinadas y en terribles condiciones aumentan el riesgo de propagación del virus. Numerosas organizaciones que trabajan en terreno han pedido a las autoridades griegas por una urgente evacuación de los campos. A pesar de esto, el gobierno optó por otras medidas como el cierre de los campos de 7pm a 7am, y el control de movimiento hacia los centros de las ciudades: sólo pueden salir del campo 100 personas por hora, y sólo un miembro de la familia a la vez. El control de todo este procedimiento quedó en manos de la policía.

A pesar de estas medidas, el coronavirus llegó a dos campos de refugiados ubicados en Grecia continental. El primero fue el campo de refugiados de Ritsona, que se encuentra a 80km de la capital del país. Una mujer de origen africano luego de dar a luz fue sometida a la prueba dando como resultado positivo. Inmediatamente le hicieron la prueba a todas las personas con las que había tenido contacto. Se confirmó que 23 personas más contrajeron el virus [5]. El campo, que alberga 3.000 refugiados y demandantes de asilo, fue cerrado y puesto en cuarentena luego de conocerse esta situación. Lo mismo ocurrió en el campo de Malakasa ubicado a 45 km del norte de Atenas después que se confirmó como positivo a un hombre afgano de 53 años. En este campo viven aproximadamente 1.800 personas y aún no hay noticias de si hay otras personas afectadas [6].

No solo encerrados en un campo de refugiados…

Las islas griegas se convirtieron en prisiones después del acuerdo de la Unión Europea con Turquía en 2016. Según este acuerdo, los solicitantes de asilo que llegan a las islas deben permanecer en el lugar hasta que sus peticiones sean aprobadas, un proceso que se prolonga por culpa de un sistema de justicia notablemente lento. Otro detalle, es que Turquía es considerado un país seguro por Grecia, por lo tanto, la espera forzosa se hace más dura por el temor a que, si la solicitud es rechazada, los solicitantes de asilo serán devueltos a Turquía por la fuerza.

Si bien nunca más se volvió a llegar al pico de llegadas que hubo en el año 2015, a partir del año pasado el número de personas que buscan asilo en Grecia volvió a aumentar considerablemente. Según la ACNUR en el año 2019 llegaron 74.600 personas, de las cuales 59.700 ingresaron por mar, y 14.900 por tierra [7].

De todas las islas griegas, Lesbos es la isla a la que más personas llegan, y en donde se encuentra el campo de refugiados más grande: Moria. Es ya conocida la situación en ésta campo, en el cual viven 23.000 personas en un espacio construido para acoger solo 3.500 y donde los derechos humanos son prácticamente inexistentes. Un grifo de agua cada 1.300 personas, un lavabo cada 167, una ducha cada 200 personas, son algunos de los números que ilustran las condiciones inhumanas bajo las cuales deben vivir miles de personas [8].

No sólo Lesbos, Samos como limbo de los derechos humanos.

Samos es un paraíso turístico de hermosas y escondidas playas. Ubicada a tan solo 1.8km de Turquía y separada por el estrecho de Mícala, Samos tiene una población de 32.000 habitantes. Vathy no es solo la ciudad más grande con sus casi 11.000 residentes sino también la capital de la isla. La ciudad está construida en forma de anfiteatro dejando apreciar una delicada combinación de pequeñas casas que van acompañando el relieve de las montañas hasta la costa. Vathy solía tener una vida sin sobresaltos, vivir de las temporadas altas del turismo, es decir en verano, y descansar en época invernal. Sin embargo, desde la primera llegada de refugiados a la isla en 2015, el ritmo de vida de la población ha cambiado.

Antes que la crisis desatada por la pandemia del Covid-19 tome absoluto protagonismo, se vivieron unas semanas de tensión en Samos y en el resto de las islas griegas por dos factores. Por un lado, la apertura de las fronteras por parte de Turquía. Y, por otro lado, la resistencia de las comunidades locales a seguir recibiendo más personas en las islas.

Erdogan, presidente de Turquía, acusó a la Unión Europea de no haber cumplido con su parte financiera del acuerdo firmado por ambas partes en el año 2016. Según el acuerdo, Turquía recibiría 6.000 millones de euros en total para retener miles de refugiados en su país, evitar que lleguen a Europa y readmitir los expulsados. La tensión entre la UE y Turquía aumentó frente a declaraciones cruzadas por lo que Erdogan terminó abriendo las fronteras, e incitó a cientos de personas a que las crucen, incluso mediatizando el hecho para que todxs lo vean e imiten el ejemplo. Frente a esta situación el gobierno griego reforzó la presencia policial, cuya represión se cobraron la vida de una persona y causaron varios heridos [9].

Al mismo tiempo que ocurría esto, tanto en la isla de Lesbos, Chíos, y Samos los hechos de violencia causados por grupos de fascistas volvieron a resurgir. En Lesbos cortaron la ruta que lleva al campo de refugiados y bloquearon el paso por algunos días a organizaciones que prestaban asistencia en el lugar. Agredieron periodistas, destrozaron autos, e incluso es conocida la imagen de un grupo de fascistas intentando detener un bote mientras insultaban a los inmigrantes que iban en él. En Chíos otro grupo de extrema derecha incendió un almacén de ropa para refugiados de una organización, y golpearon a varios voluntarios.

En cuanto a Samos, si bien no hubo hechos violentos puntuales, si hubo amenazas y convocatorias a protestas que luego no prosperaron. Lo que quedó claro es que el racismo y la hostilidad por parte de las comunidades locales va en aumento. Incluso, hay un grupo de Facebook que publica diariamente desde fotografías de voluntarios que trabajan en ONG’s para señalar quienes son los que están prestando ayuda humanitaria, hasta fotos de personas refugiadas que caminan por el centro. Hablan de “invasión”, cuestionan que utilicen celulares o vistan determinada ropa, que se diviertan, o que compren en supermercados. Los tratan de criminales, ignorantes, de sucios, de no cuidar la ciudad, y hasta señalan despectivamente que la ciudad ahora es “musulmán 2.0”. Hablan de “salvar” Samos, que los pongan en un bote y los devuelvan a su país y que no son refugiados sino solo migrantes económicos. Les molesta básicamente su existencia. Incluso el propio alcalde de la ciudad, Georgio Stantzos, fue noticia al echar de la plaza principal a un grupo de refugiados el año pasado [10]. También, Giorgio Eleftheroglou, alcalde del pequeño pueblo Mytilinioi, de no más de 2.000 habitantes y que se encuentra a 10km del suroeste de Vathy, indició en una entrevista que cualquier intento de introducir refugiados en su pueblo encontraría resistencia. Su argumento: “¿Y si los inmigrantes causan desórdenes públicos?” [11].

En Samos (en Lesbos y Chíos también) la policía cumple un papel pasivo frente a estos incidentes. De hecho, la brutalidad la despliegan diariamente contra los inmigrantes. Por ejemplo, abundan los relatos de golpizas cuando hacen fila para consultar algo en la oficina de asilo que hay dentro del campo o el maltrato verbal al que se ven sometidos en las calles de la ciudad.

Es innegable que la “crisis de asilo” es vista en mayor medida como una cuestión relacionada con la “seguridad ciudadana” y no como un problema humanitario. De hecho, al poco tiempo de que el Primer Ministro de Grecia asumió su cargo, eliminó el Ministerio de Política Migratoria y Asilo, y transfirió la gestión de la crisis y los flujos migratorios a la cartera de Protección Ciudadana. Seis meses después el Ministerio fue restaurado nuevamente, ya que la estrategia de querer reforzar la sensación de seguridad y el orden público en el país reduciendo un grave problema humanitario a la cartera de seguridad no dio resultados.

El campo de refugiados de la isla de Samos se instaló a un poco más de 200mts del centro de Vathy, es decir, está literalmente en plena ciudad. Fue construido para albergar a 700 personas, pero hoy viven más de 8.000. El 37% de las personas que se encuentran hoy viviendo en el campo de refugiados provienen de Siria, un 22% de Afganistán, y un 12% de República Democrática del Congo. El resto se reparte entre personas de Irán, Irak, Palestina, Pakistán, y otros países de África. El 50% de la población son hombres, el 21% mujeres, y un 29% son niñxs. De este último dato se desprende que 7 de cada 10 niñxs es menor de 12 años, y un 18% del total son menores sin acompañantes [12].

Es evidente que el campo esta superpoblado. Solo una pequeña parte está formada por containers que funcionan como precarias casas. Alrededor de este sector y entre las montañas se levanta la “jungla”, un espacio formado por carpas o tiendas hechas con lonas de plástico. Allí duerme la mayoría de los refugiados, expuestos a las lluvias, el frio y el calor.

En Samos no se detectó ningún caso de Coronavirus. En caso de suceder no hace falta explicar la gravedad de lo que podría pasar, por eso mismo las organizaciones no gubernamentales que trabajan en terreno reclaman sin cesar la descongestión del campo de refugiados de la ciudad de Vathy.

Refugiados: más vulnerables que nunca

Las medidas que el gobierno griego implementó para combatir la pandemia fueron totalmente comprensibles y coherentes para la gran mayoría de la población griega que vive en una casa, y cuentan al menos con la posibilidad de cumplir condiciones básicas de higiene.

En un campo de refugiados sobrepoblado, donde en una tienda de pocos m2 puede dormir hasta una familia mínimo de 8 personas, cumplir el distanciamiento social es prácticamente imposible. Además, hay que tener en cuenta que la vida en el campo gira alrededor de hacer filas para todo.

Filas de mínimo 5 horas para recibir una bandeja de comida sin ningún tipo de valor nutricional y que nunca alcanza para todos. Extensas filas para ir a baños totalmente precarios, los cuales son pocos y en mal estado para la enorme cantidad de personas que los utilizan. En cuanto a las duchas, éstas se encuentran en el mismo espacio físico que las letrinas, por lo cual es la misma historia. Cabe aclarar que en el sector de la “jungla” no hay ninguna instalación sanitaria. También hay que hacer más y más filas para atenderse con los dos únicos médicos designados que hay en el campo. Sí, dos médicos para más de 8.000 personas. Filas para averiguar la situación de las solicitudes de asilo en la oficina que hay dentro del campo, la cual cuenta con una sola computadora, y en la que el maltrato es la regla y no la excepción. Algunos incluso deben acampar en las filas toda una noche si no quieren perder todo el día. Y con la medida establecida por el gobierno de dejar salir del campo a cierta cantidad de personas por hora para ir al centro, hay largas filas para conseguir ese permiso que los habilita a circular.

La electricidad y el agua son servicios escasos. Por lo tanto, lavarse las manos con agua y jabón es un lujo que casi nadie puede cumplir. Incluso cargar un celular en las estaciones de carga de batería podría convertirse en una pelea. En el sector de la “jungla” algunos han improvisado conexiones de electricidad y duchas precarias frente a la dificultad de acceder a estos servicios como corresponde. Además de esto, hay que sumar la acumulación de basura que hay en el campo. La recolección de residuos es escasa haciendo que las personas tengan que vivir con gran acumulación de bolsas, y como consecuencia el mal olor. No solo eso, la cotidianeidad de las personas en el campo esta atravesada por encontrarse con ratas y serpientes en todas partes.

Bajo estas condiciones se les pide a refugiados que cumplan con el confinamiento. Se parte del supuesto de que estas personas están en iguales condiciones que el resto cuando la realidad es que sus vidas corren peligro diariamente.

Otra cuestión está relacionada con la “Cash Card” a través de la cual demandantes de asilo reciben cierta cantidad de dinero (entre 90 y 550 euros, según si se trata de alguien solterx, o con familia numerosa) por medio de ACNUR. La misma fue cancelada a principio de abril. Un problema más que se sumó a la vida de todos en el campo, ya que si no contaban con ningún tipo de ahorro debían conformarse con la comida que les dan en el campo.

¿Cuál fue la intención de cancelar la tarjeta? Evitar que las personas tengan dinero y se dirijan al centro de la ciudad a comprar en un momento donde se debían extremar cuidados con respecto al virus. Básicamente la idea fue preservar solo a la población local. Hace unas semanas la “Cash Card” fue nuevamente reactivada, y sumado al hecho de que las personas que viven en el campo puedan salir sólo una hora durante el día, causó lo contrario a lo que se quería evitar en el centro de la ciudad: el amontonamiento de gente en supermercados, en cajeros, y el enojo de la comunidad local. Para entrar a supermercados, o tiendas mas pequeñas todxs deben hacer fila, aunque algunos negocios dan prioridad en la fila a griegos. El que no lo es debe esperar.

El trabajo de ONG’s y ACNUR en la isla.

Desde finales de febrero las organizaciones estuvieron en contacto por el posible confinamiento que se iba a implementar. En Samos se encuentra trabajando la agencia de Naciones Unidas ACNUR, dos organizaciones grandes tales como Médicos sin Fronteras, e International Rescue Committee (USA), y otras diez organizaciones no gubernamentales medianas y pequeñas.

Una de ellas, la cual presta asistencia médica además de MSF, es Med’EqualiTeam (Francia). Hay también dos organizaciones legales: Avocats Sans Frontières (Bélgica) y Refugee Law Clinic (Alemania), dos organizaciones educativas: Action For Education (UK) y Still I Arise Mazí (Italy) y tres organizaciones que trabajan en distribuciones: Refugees4refugees (Grecia), Projet Armonia (Suiza), y Samos Volunteers. Hay, además, un centro dedicado a mujeres: Glocal Roots (Suiza) y una organización que trabaja en temas medioambientales, Precious plastics (Suiza). Por último, la organización Movement on the Ground (Holanda) es la única, además de ACNUR que tiene acceso a trabajar en el campo de refugiados. Trabaja en general en cuestiones de higiene.

Una vez que se decretó el confinamiento, las organizaciones que trabajan por fuera del campo tuvieron que cerrar sus locales, dejar de prestar asistencia y reorganizarse. Esto generó un gran problema ya que muchas trabajaban activamente y no pudieron adaptarse a un nuevo esquema. Se interrumpió la llegada de nuevos voluntarios y muchos de los que ya estaban en Samos tuvieron que volver a sus ciudades. Al mismo tiempo, algunas de ellas siguen manteniendo algunxs de sus voluntarios en la ciudad, aguardando a que el confinamiento se termine y puedan reabrir sus puertas, tales como Action For Education o el centro educativo Alpha dirigido por Samos Volunteers.

El caso de las ONG’s médicas es otra cuestión. En Samos, Med’EqualiTeam atiende en general pacientes con problemas leves, pero su asistencia es importante ya que otorga gratuitamente los medicamentos a cada paciente que acude. Atiende seis días a la semana en un local ubicado en el centro de Vathy. Esta organización tuvo que reorganizarse varias veces ya que la policía les clausuró el lugar en una ocasión y para reabrirlo tuvieron que hacer un intenso papeleo y adaptarse en la forma de atender a sus pacientes.

Med’EqualiTeam recibe mucha gente y el control para que no haya amontonamiento de pacientes se convirtió en un desafío diario. Lxs médicxs atienden en la vereda con designación de personas específicas que tienen la tarea de hacer respetar el distanciamiento entre las personas. Además, se controla que dentro de la clínica no haya más de 5 personas, y se turnan entre médicxs, enfermerxs, y traductorxs a la hora de atender para evitar que haya muchas personas en la puerta del lugar. Incluso las filas no pueden ocupar todo el largo de la vereda ya que uno de los vecinos del lugar pidió que la fila no llegue hasta su puerta, ya que sus clientes se quejan de la situación cuando se dirigen a comprar a su negocio.

Por su parte, MSF trabaja principalmente con mujeres embarazadas, niñxs, y cuestiones de salud mental. Con el confinamiento tuvo que cerrar su local, y dejó de prestar atención médica. MSF no está autorizado a trabajar en el campo de refugiados por lo que intentó brindar asistencia por fuera del campo advirtiendo sobre medidas de prevención con respecto al coronavirus. Como muchxs de su propio staff se fueron de la isla empezaron a buscar personas del propio campo que sean médicxs o enfermerxs. El fin era que ayuden en esta situación advirtiendo a la comunidad de refugiados dentro del campo sobre las medidas de precaución necesarias frente a la pandemia.

ACNUR trabaja desde el campo de refugiados. Con la llegada del confinamiento, se reunió con todas las ONG’s para indicar cuales iban a ser las medidas que tomaría: anunciar diariamente por los altavoces del campo cuales eran las precauciones que refugiados debían adoptar en este contexto, colocar dos containers que serían utilizados como lugares de asilamiento en caso de haber casos de coronavirus, y traer tres doctorxs más. También indicó que intentaría colocar catorce baños más, y en caso de haber nuevas llegadas al campo, indicaron que cumplirían la cuarentena en la policía de la ciudad. Además, aseguró que brindaría más comida: un desayuno y dos comidas por día.

Grandes organizaciones con poca capacidad de respuesta

ACNUR es la organización más criticada por las personas que viven en el campo de refugiados, ya sea por su falta de acción frente a los diferentes atropellos que viven diariamente, desde el maltrato por parte de las autoridades del campo hasta por no brindar más asistencia cuando lo necesitan. La neutralidad de su posición hace que las personas no se sientan protegidas en un contexto de frecuente violencia institucional.

Éste último tiempo hubo reiteradas quejas con respecto a que la comida es cada vez peor, que han reducido las porciones, las cuales muchas veces están en mal estado, y que la comida no alcanza para todos los que hacen las filas por largas horas. Las personas del campo de refugiados coinciden en que si tienen dinero prefieren comprar lo que necesitan, cocinar (aunque sea en precarias condiciones) y no comer la comida que le otorgan allí.

Cuando las ONG’s tuvieron la reunión con ACNUR, le plantearon ésta reiterada queja que escuchaban de parte de las personas del campo. ACNUR respondió que ellos no estaban notificados de la situación ya que nadie se había quejado con ellos directamente. En esa misma reunión, ONG’s consultaron acerca de cómo iban a garantizar el distanciamiento social en las largas filas para recibir comidas, por lo que respondieron que estaban estudiando la mejor forma de hacerlo, aunque estaban seguros de que esa era una responsabilidad individual de cada unx.

Según la página web de ACNUR, su rol en Grecia se focaliza en trabajar en conjunto con el gobierno, con las ONG’s, y con las comunidades para asegurar la protección de refugiados y demandantes de asilo que llegan a este país. Además, indica que provee de apoyo cuando la población del campo necesita de carpas, agua, sanidad, comida, salud, educación y provisión de información.

Se entiende que por el gran número de personas que hay viviendo hacinadas en el campo, la ayuda que brinde puede nunca a llegar a ser suficiente. Sin embargo, la brecha que hay entre lo que idealmente indica que hace en terreno y lo que sucede en la realidad es bastante grande. Las quejas de los propios demandantes de asilo que viven en el campo y cuya opinión es fundamental, dan muestra de las deficiencias de esta Agencia. Sumado a eso, ACNUR no trabaja en conjunto con las ONG’s del lugar, sino que de vez en cuando informa determinado plan de acción ya decidido. Por lo tanto, el modo de comunicación y coordinación es el que presenta importantes fallas al momento de gestionar su ayuda.

En cuanto a MSF y su tarea de prevención, causó que se pusiera en discusión el hecho de cómo recién en una situación de emergencia una organización decide trabajar en conjunto con la comunidad de refugiados de igual a igual. Es decir, se parte siempre del supuesto que las personas que viven en el campo no tienen ninguna profesión, que su vida empieza desde cero, y que toda su situación biográfica anterior no existe. La realidad es que todxs en el campo tuvieron una vida que se vio interrumpida, no anulada. Se entiende que MSF tiene cierta estructura de funcionamiento y que muchas veces los cambios no ocurren de un momento a otro. Quizás ésta sea la oportunidad para repreguntarse si el empoderamiento de la comunidad de refugiados dejando atrás la visión de que deben ocupar una posición únicamente pasiva, podría convertirse en una nueva forma de trabajo.

Las ONG’s medianas y pequeñas a su vez son las que más se vieron afectadas por la pandemia. Y a pesar de que tienen el mayor contacto con las personas del campo de refugiados y conocen las dificultades de su día a día, su trabajo se ve imposibilitado. No hay forma de organizar su estructura para que en sus espacios no se amontone gente. Incluso organizaciones de índole educativa han pensado maneras de continuar con las clases de manera online. Sin embargo, es imposible ya que en el campo no cuenta con conexión WI-FI, y sería una falta de consideración hacer que los estudiantes gasten sus escasos datos móviles en esto, cuando esos mismos datos móviles son los que los pueden mantener conectados con sus familias que aún viven en sus respectivos países.

Ninguna ONG quiere correr el riesgo de tener problemas con la policía. Si en condiciones normales, la relación entre ONG’s y autoridades es hostil, ya sea por ponerles trabas en cuestiones administrativas, o no cooperar con ellas en caso de necesitar ayuda, en condiciones excepcionales como ésta nadie quiere correr el riesgo de ver clausurado su lugar. Las ONG’s no pueden hacer mucho más que estar atentos a como sigue la situación de confinamiento, seguir denunciando las pésimas condiciones de vida en el campo, y estar presentes ante cualquier emergencia que surja.

Algunas vidas importan más.

La situación en la que viven miles de refugiados en este país no parece importarle realmente a nadie, a excepción de algunas personas que aún intentan de alguna manera denunciar sin cesar lo que ocurre en las islas. Sin embargo, las respuestas y soluciones a este problema deben ser políticas. Las ONG’s pueden ayudar a contener, asistir, y ser una parte más de un plan de acción que debe ser integral y en conjunto con múltiples actores, donde los actores políticos deben ocupar el papel central.

En esta crisis de asilo, los gobiernos europeos vienen quedando expuestos desde hace 5 años. En Europa, los Derechos Humanos están garantizados para las personas que por simple azar nacieron en este continente, y que también por simple azar nacieron dentro de un grupo social de clase media, o clase media alta. Los pobres de este continente al menos no tienen que huir de ninguna guerra y pueden tener un pasaporte. Pero alguien que necesita protección internacional y desea simplemente reconstruir su vida en este continente bajo un estatus de “refugiado” tiene un destino más complicado.

Ni siquiera un contexto de pandemia nos puede igualar. La idea de que se puede dejar morir y sufrir a otrxs se ha normalizado en Europa desde hace 5 años, y parece que no cambiará por el momento.